La demanda radicada ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México señala que Palma Salazar podría ser víctima de una detención ilegal, malos tratos, tortura e incomunicación por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, por lo que se solicitó al impartidor de justicia una suspensión de esas conductas que son contrarias a los artículos 16, 19 y 22 de la Constitución Mexicana.
Por una obligación prevista en la ley, el juez de amparo había ordenado que cesara cualquier conducta que pusiera en riesgo la vida o la salud del “Güero” Palma, pero al enterarse que el fundador del Cártel de Sinaloa jamás estuvo detenido en las instalaciones de la citada Subprocuraduría, el impartidor de justicia solicitó a la defensa del capo corregir la autoridad señalada como responsable de detener al narcotraficante.
El impartidor de justicia consideró que el error en el juicio de amparo promovido por los defensores de Palma Salazar debe ser subsanado en un plazo máximo de 24 horas posteriores a la comunicación, ya que de lo contrario el juicio de amparo sería desechado y el abogado se haría acreedor a una multa.
La razón por la que Jesús Héctor Palma Salazar no fue puesto a disposición de la PGR es que no existían en su contra procesos penales abiertos por delitos del fuero federal. En contraste, se encontraron en su contra dos imputaciones vigentes por el delito de homicidio en los juzgados del fuero común del estado de Nayarit, razón por la que fue aprehendido por la Fiscalía General de dicha entidad.
La PGR sostuvo mediante un comunicado que su intervención en el proceso de deportación de Palma Salazar de Estados Unidos a México, así como su traslado de Matamoros a la Ciudad de México y posteriormente al penal federal de El Altiplano en el Estado de México, fue en cumplimiento de los convenios de colaboración que tiene con autoridades estatales.
“Visto el contenido de la razón actuarial de esta propia data, se desprende la imposibilidad que tuvo la fedataria para notificar al quejoso, en atención a que no se encontró registro alguno de que haya estado o este detenido en las instalaciones de la SEIDO de la PGR. En consecuencia, requiérase a la promovente del amparo para que en el término de veinticuatro horas contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, señale si tiene conocimiento de diverso lugar en donde pueda ser localizado el directo quejoso, apercibido que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad legal que tenga para ello, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo”, señala el acuerdo publicado hoy.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
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