En la sesión de este miércoles, los senadores aprobaron la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y reformaron la legislación de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal, que pasarán a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
Por primera vez en el país habrá un Fiscal especial de combate a la corrupción que será elegido por dos terceras partes del Senado, pero podrá ser removido por el titular de la Procuraduría General de la República, lo que significa que estará “supeditado” a la PGR, acusó la senadora perredista, Dolores Padierna.
Además, en la reforma a la Ley orgánica de la PGR se excluyó darle mayores atribuciones a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) para combatir la corrupción, pues “literalmente desapareció del proyecto”, acusó la senadora del PRD, Angélica de la Peña.
“Es una institución fundamental para la democracia del país, por lo que es lamentable que no se le dé el mismo trato que la Fiscalía Anticorrupción”, dijo la perredista en tribuna durante su posicionamiento.
También se eliminó la propuesta de asignar 4% del presupuesto de la PGR a la nueva Fiscalía.
Estos son los puntos más relevantes de las legislaciones aprobadas y reformadas.
Reforma la Ley orgánica de la PGR:
– Se crea la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, como un órgano con independencia técnica y operativa para investigar, prevenir los delitos en materia de corrupción.
– El titular de la Fiscalía será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los senadores. Podrá ser removido por el procurador general de la República, pero podrá ser objetada por el voto de la mayoría del Senado.
– Tendrá personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar para cumplir con sus funciones y unidades administrativas en todo el país.
Reforma al Código Penal Federal:
– El uso ilícito de atribuciones y facultades se castiga con seis meses a doce años de prisión y de cien a trescientos días multa. Esto es incluye a los funcionarios públicos que, de manera ilícita, contrate deuda u otorgue permisos, licencias, adjudicaciones, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, o sobre los ingresos fiscales, precios y tarifas de bienes y servicios producidos o prestados en la Administración Pública Federal.
– Al contratista, permisionario o titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación que genere y utilice información falsa sobre los rendimientos o beneficios que obtenga o cuando no entregue u oculte información sobre sus rendimientos, se le impondrá de seis meses a 12 años de prisión y de 100 a 300 días de multa.
– Quienes cometan actos de corrupción quedarán inhabilitados para desempeñar cargos públicos, para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio por un plazo de uno a veinte años.
– El legislador federal que, durante el proceso de aprobación del presupuesto de egresos gestione o solicite una comisión (moches) o el otorgamiento de contratos de obra pública a favor de determinadas empresas o personas, podría ir a la cárcel hasta 14 años.
– El enriquecimiento ilícito se castigará con tres meses y hasta 14 años de prisión.
– Se castiga el delito de “coalición de servidores públicos”, es decir, que varios funcionarios públicos hagan alianza para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o impedir su ejecución.
– Las modificaciones también prevén sanciones para el servidor público que tenga a su cargo fondos públicos y les dé una aplicación distinta a la que estén destinados o haga un pago ilegal; al igual que a cualquier persona que sepa de esta ilegalidad y participe en dichos actos. Estas sanciones van de los seis meses a doce años de prisión y de cien a trescientos días de multa.
– Se castiga a funcionarios públicos que no reporten o nieguen que una persona esté detenida o arraigada en reclusorios o centros de detención. A quienes, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que denuncie. Y para aquellos que reciban sobornos.
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa:
– Se trata de un órgano que formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y tendrá autonomía para emitir sus fallos y jurisdicción plena.
– El Tribunal conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación.
– Podrá sancionar a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, nombramientos o encargos públicos.
– Tendrá salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas en las entidades.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/estas-son-las-nuevas-sanciones-para-combatir-a-funcionarios-y-contratistas-corruptos/