Así lo afirmó el abogado del capo, José Refugio Rodríguez, quien también dijo que el aislamiento de su cliente constituye un tipo de tortura que es sancionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que no descartó presentar una denuncia penal en contra de las autoridades penitenciarias, además de que –sostuvo– sigue en trámite un recurso de queja para poner fin a la segregación de Guzmán Loera.
De acuerdo con Rodríguez, las demandas de amparo argumentan violaciones al debido proceso y la aplicación de normas que son contrarias a los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que su resolución podría tardar de uno a tres años.
Señaló que el planteamiento de los amparos pretende que el caso llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se pronuncie sobre el control de convencionalidad en la aplicación de la Ley de Extradición Internacional y del Tratado en la materia que está vigente entre México y Estados Unidos.
El abogado del líder del Cártel de Sinaloa explicó que en la causa penal que se le sigue a El Chapo en una Corte Federal para el Distrito Sur de California, el amparo alega que el delito de asociación delictuosa para importar y poseer cocaína que se le imputa ya prescribió, puesto que la pena promedio rebasa los 17 años de cárcel que prevé la ley vigente para dicho ilícito.
Explicó que la Cancillería rechaza que el delito haya prescrito, argumentando que la pena aplicable en 1994, cuando ocurrieron los hechos que se le imputan, marcaba una pena de 20 a 40 años de prisión, por lo que el promedio de la misma sería de 30 años, con lo que continuaría vigente la posibilidad de castigarla.
Esa interpretación de la ley es incorrecta, dijo, por lo que el alegato es que el gobierno de México incumplió con los requisitos legales que marca la Ley de Extradición.
Otra razón que se esgrime en el proceso de extradición, agregó, es que la solicitud no está firmada por el embajador de Estados Unidos en nuestro país, sino por el encargado interino, lo que representa una irregularidad adicional.
Sobre el proceso de extradición que enfrenta El Chapo ante la Corte Federal de Distrito del Distrito Oeste de Texas, la defensa argumentó que se le intenta juzgar por un delito acontecido en México, por lo que la sanción es competencia de las autoridades nacionales y no de un tribunal extranjero, planteamiento que es contrario a algunas tesis aisladas emitidas por la Suprema Corte.
“Si vamos en contra de un criterio aislado de la Corte, pero no es jurisprudencia y es una tesis que no es de aplicación obligatoria, creemos que la primera interpretación que hicieron los ministros de la Corte modificó la aplicación del Tratado de Extradición y por eso estamos solicitando que se revise la convencionalidad o inconvencionalidad de esa norma”, puntualizó Rodríguez.
Otro de los alegatos es que en la causa penal que se le sigue al capo en El Paso, Texas, hay cuatro testigos de las autoridades que dicen no conocerlo y que niegan ser partícipes de alguna actividad ilícita.
Guzmán Loera se encuentra detenido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9 localizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde el pasado 7 de mayo. Fue trasladado a ese penal después de permanecer cuatro meses en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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