Su abogado, Ignacio Mendoza Jiménez, señaló que el miércoles, el Magistrado del Séptimo Tribunal, Isidro Avelar Gutiérrez, tendrá que emitir un pronunciamiento sobre la apelación hecha por la defensa en la que pide la libertad de Mireles Valderde, toda vez que no se han podido acreditar plenamente los delitos por los cuales permanece en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11 de Hermosillo, Sonora.
“En 48 horas habrá una audiencia para modificar la medida cautelar y lograr la libertad física del doctor más no la conclusión del proceso”, aclaró.
“Desde 2013 el Gobierno de la República sabía que se conformaban grupos de autodefensa y no hubo ningún tipo de interposición o acción para frenarlos, a sabiendas que no sólo hacían activismo en los pueblos para alertar de la presencia de criminales, sino que los combatían por medio de las armas, es más, las institucionalizó”, enfatizó el abogado.
Agregó que, en favor de Mireles y de las demás autodefensas, existen tres causas de exclusión del delito, por lo que no son responsables de esos hechos y deberían estar libres.
Señaló que en el expediente dentro del proceso ya está acreditado fehacientemente que el Estado mexicano le otorgó a Mireles Valverde y a todos los autodefensas de Michoacán, la autorización de facto para poseer y portar armas, e incluso hicieron operativos conjuntos con el Ejército y la Policía Federal.
“El Estado mexicano le otorgó a él y a todas las autodefensas de Michoacán la autorización de facto para portar armas. Previo a la llegada la Comisión [para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán] surge un movimiento en La Ruana, en el cual, civiles se arman y enfrentan al crimen organizado, durante ese tiempo el Ejército acompaña a las autodefensas a los operativos, y eso está documentado, nunca los detuvieron y nunca les dijeron que no lo hicieran”, expresó Mendoza Jiménez en conferencia de prensa.“El error del Gobierno federal fue no haber utilizado el mecanismo del artículo 29 Constitucional que llamamos ‘Estado excepcional’, lo cual los hubiera dotado de leyes especiales y la Corte hubiera analizado qué se iba a hacer, como no lo hicieron, se ventaron a la ranchera e hicieron todo por fuera del marco legal”, expresó.
A LAS PUERTAS DE LA DECISIÓN
Además de las acciones que se siguen en el Poder Judicial de Jalisco, añadió, en Uruapan, Michoacán, se está solicitando que bajo la nueva Miscelánea Penal se pueda revisar la prisión preventiva a Mireles y se pueda cambiar por otra.
“Confiamos que después de esta platica con el Magistrado del Séptimo Tribunal, Isidro Avelar Gutiérrez, entienda la trascendencia de la apelación que tiene que resolver sobre la libertad o no de Mireles, y que éste llegue a una buena decisión”, manifestó.
El 27 de junio del 2014, José Manuel Mireles fue detenido en la comunidad de Acalpican de Morelos, de la tenencia de La Mira, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, acusado de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El martes pasado, la defensa de Mireles, integrada por los abogados Ignacio Mendoza Jiménez y Carlos Iván Martínez Rosas, solicitó al Juez Quinto de Distrito, a través de un documento, la revisión de la medida cautelar consistente en prisión preventiva por el delito de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego, pues con los principios del Nuevo Sistema de Justicia Penal se buscaría la excarcelación.
El fin de semana, grupos de activistas en México y Estados Unidos realizaron una serie de acciones para pedir la libertad del líder comunitarios, mismas que finalizaron este lunes.
Sobre el tema, el Diputado en Michoacán, Daniel Moncada Sánchez, dijo que Mireles Valverde ha sido uno de los luchadores sociales más importantes del país y que a dos años del encarcelamiento de él, y los más de 380 autodefensas, los diputados ciudadanos exigen su liberación. “Hoy defender al doctor Mireles es un acto de libertad, de valentía, de congruencia y de respeto a los ciudadanos que deciden romper con la forma tradicional, pero sobre todo, con este autoritarismo y con estas perversiones que hay en todo el Estado Mexicano”, afirmó.
Moncada Sánchez hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación, para que asuma su rol de imparcialidad, a que esté a la altura de las circunstancias y no sólo resuelva con la ley en la mano sino con todo el contexto social que vive Michoacán y en el que vive el país en general de una profunda degradación de la vida pública. “Han sido dos años de tener a un preso político en un campo de concentración en el penal número once de Hermosillo, Sonora, no hay argumentos válidos suficientes para que el doctor siga preso, pues ya hemos acreditado jurídicamente que no hay elementos para mantenerlo cautivo”, concluyó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-06-2016/3059729