El titular del juzgado, Octavio Mejía, resolvió que es improcedente el juicio de garantías, debido a que los abogados de Serrano litigaban al mismo tiempo un recurso de apelación ante un tribunal unitario contra la misma formal prisión, lo que está prohibido por la Ley de Amparo.
Explicó que el artículo 61 de la Ley de Amparo impide a los jueces de amparo entrar al conocimiento de demandas de garantías cuando en paralelo se desahogan recursos de apelación.
El pasado 17 de febrero, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aprehendieron a Serrano Limón por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 25 millones 764 mil 539.71 pesos.
La detención se dio después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y faltas graves en el ejercicio de los recursos que el gobierno federal asignó a Provida para el equipamiento de centros de ayuda para la mujer.
La Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa correspondiente por el delito de peculado previsto en el artículo 223 fracción I del Código Penal Federal vigente al momento de los hechos.
En aquella ocasión, la dependencia indicó en un comunicado que la indagatoria contra Serrano Limón fue integrada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, que el 21 de octubre anterior obtuvo la orden de aprehensión por parte del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
Eso ocurrió después de que en febrero de 2015 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a un litigio de 10 años que promovió el exdirector de Provida, quien durante ese tiempo evitó el pago de una multa por 13 millones 200 mil pesos.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso esa sanción a Serrano por haber utilizado recursos públicos que le entregaba el gobierno de Vicente Fox a Provida y que usó para pagar servicios o comprar objetos suntuarios como tangas.
La SFP ordenó a Serrano devolver el dinero, pero no lo hizo y tampoco pudo justificar su uso, motivo por el cual fue multado.
En respuesta, el ahora exdirector de Provida promovió diversos recursos legales, sin embargo, la Segunda Sala de la Corte resolvió en definitiva negarle el amparo y le ordenó pagar el monto señalado o de lo contrario le embargarían sus bienes.
Mucho antes, en abril de 2012, un juez federal condenó a Serrano Limón a cuatro años de prisión al hallarlo culpable de un desvío de 2 millones 496 mil pesos que le fueron entregados en donación para que equipara nueve Centros de Atención a la Mujer administrados por Pro-Vida.
Esa sentencia fue emitida por Gerardo Eduardo García Anzures, juez decimosegundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal, quien además le impuso una multa de 14 mil 535 pesos, así como la reparación del daño equivalente a casi 2.5 millones de pesos.
De acuerdo con el fallo, Serrano Limón no adquirió los aparatos de ultrasonido y ecosonido acordados, sino que usó el dinero para pagar una impresora térmica, un modular portátil, cables, galones de gel, rollos de papel, transporte, viáticos, teléfonos y luz.
En ese entonces el juez suspendió los derechos políticos y civiles del sentenciado y lo amonestó para que no reincidiera, y también le concedió sustituir la pena de prisión y la condena condicional.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/444351/niegan-amparo-a-exdirector-provida