La apertura de las fosas de Tetelcingo, una localidad rural satélite de Cuautla, en el estado de Morelos, provocó una avalancha que, como dijeron los familiares de las víctimas, ya no podrá detenerse.
Esta semana, la fiscalía de ese estado comunicó la existencia de un segundo lugar de enterramiento clandestino, ubicado dentro del predio del Panteón Municipal de la Colonia Pedro Amaro, en el municipio morelense de Jojutla. Esa fosa común fue creada por la Fiscalía Sur Poniente (hay 3 en el estado, en Tetelcingo fueron hechas por las fiscalías Oriente y Metropolitana), en dónde depositó cuerpos que estaban a su cargo. La gravedad de esta situación debe señalarse, aunque sea obvia, es que son fosas comunes creadas por el propio estado en un país de millares de personas desaparecidas.
“Teníamos conocimiento de la existencia de esta fosa y lo anunciamos en febrero, cuando también empezamos a exigir la participación de la Universidad en las de Tetelcingo” explica Roberto Villanueva, director del Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
La universidad de Morelos, con la voluntad política de su rector Alejandro Vera, – quien estuvo presente durante las primeras excavaciones – como del poeta Javier Sicilia, quien desde que ocupa la dirección de la Unidad de Extensión de esa casa de estudios, volcó los esfuerzos de la “relación con el medio” de la UAEM a la atención a las infinitas víctimas que pelean por verdad y justicia en este país. Entre ellas, los familiares de desaparecidos.
“Inicialmente, la Fiscalía de Morelos informó que en Jojutla fueron inhumados 68 cuerpos, pero ahora están anunciando menos”.
En su comunicado, la institución de justicia sostuvo que allí mal descansan los restos de 35 personas, que fueron enterradas en julio del año 2014 y que están vinculadas a 25 carpetas de investigación.
Sin embargo, la experiencia en Tetelcingo demuestra que la Fiscalía de Morelos no tenía una noción cabal del manejo de esos enterramientos irregulares: no sabía exactamente la ubicación exacta de las fosas en el predio, tampoco supo dar un número exacto de los cadáveres enterrados, que terminaron siendo 117, entre los que se encontraron tres cuerpos de niños y bolsas con fragmentos humanos, que las pericias indicarán si corresponden o no a los cuerpos allí hallados.
“La única forma de saber exactamente cuántos cuerpos hay es exhumándolos como lo hicimos en Tetelcingo, y volver a tomarles muestras genéticas para obtener el perfil de cada uno de los que allí estén” explicó Villanueva.
“De nuevo, acudiremos la UAEM junto a los familiares de las víctimas a participar de ese proceso”. Villanueva explicó que la relación con la Fiscalía de Morelos ha mejorado desde que se realizó la ardua tarea de dos semanas en Tetelcingo. “Ha habido una apertura de su parte para replicar la labor conjunta en Jojutla y también para que abran las cámaras frigoríficas en dónde mantienen más de 100 cuerpos a su resguardo, para que sean identificados”
La Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos emitió hace meses una recomendación a la Fiscalía para que realice un censo de las fosas que creó con los cuerpos a su resguardo, sin embargo, indica Villanueva que a pesar de que el plazo para entregar esa información venció hace cuatro meses, en febrero de este año, aún no han no la han recibido.
“La apertura de la fosa de Jojutla permitirá seguir transparentando la herencia que dejó la anterior administración de la Procuraduría de Morelos. Seguramente habrá otras fosas de las que nos irán informando, pero también queremos acceder a la información anterior al 2010, acerca de dónde están los cuerpos que estuvieron a su cargo antes de esa fecha, ya que hay familias que llevan más de 10 años buscando a los suyos.”
AUTOR: ELIANA GILET.