Ciudad de México. La Procuraduría General de la República (PGR) busca al menos a otros 24 líderes e integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca, quienes enfrentan órdenes de aprehensión por los mismos hechos que se imputan a Rubén Núñez, secretario general de esa sección, detenido por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero.
Gilberto Higuera, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR informó este lunes en una entrevista radiofónica que aún están pendientes de cumplimiento unas 24 órdenes de captura.
El funcionario precisó que ya fueron detenidos siete dirigentes de la CNTE, incluido el secretario de finanzas y el tesorero.
Higuera negó que se trata de presos políticos, y añadió la imputación “tiene que ver con el manejo, la distribución y transferencia de recursos con el propósito de ocultar su origen".
Ayer, durante la lectura de un comunicado de prensa, el mismo funcionario explicó que la CNTE lograba convenios para la adquisición y prestación de diversos servicios para sus agremiados a cambio de un porcentaje, a modo de comisión; luego se hacían transferencias a las cuentas de la organización sindical que administran tanto el líder como el secretario de finanzas, con la participación de otras personas".
Higuera precisó que hasta ahora se sabe de tres empresas que realizaban las transferencias a la organización sindical magisterial.
“En la indagatoria realizada se acreditó que los recursos económicos fueron adquiridos por el aprehendido como derivación de la celebración de convenios ilícitos”, refiere el comunicado leído por Higuera.
“La investigación permitió comprobar que, al amparo de diversos convenios suscritos por la Sección XXII del Sindicato con algunas empresas, éstas entregaron al imputado, de manera directa, indirecta o por interpósitas personas, una comisión quincenal del 3.5 por ciento, calculado sobre la cobranza de la quincena respectiva, por las ventas y/o servicios que proporcionaban a sus agremiados, a sus representados, a los cuáles, a su vez, se les descontaba el pago de los bienes, productos o servicios adquiridos a través de la nómina que se administraba cuando la Sección XXII aún controlaba el Instituto de Educación Pública de Oaxaca”, añadió.
El monto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita que hasta ahora se ha acreditado que fueron adquiridos y administrados por el inculpado, asciende a más de 24 millones de pesos, como resultado de los depósitos que las empresas involucradas hicieron en el período comprendido de 2013 a 2015, en cumplimiento a los citados convenios.
“En este esquema, de acuerdo con los resultados de la investigación, las empresas transferían al líder sindical y otros integrantes de la organización gremial, los montos de la comisión ilegalmente pactada con la Sección XXII (3.5 por ciento) y éstos a su vez distraían esos recursos, mediante cheques o transferencias, para beneficio propio y para financiar las movilizaciones magisteriales”, refirió.
Se trata de una estrategia de estratificación y concentración de recursos, tanto por parte de las empresas involucradas, como de la organización sindical, para evadir los controles de blanqueo de activos que establece la ley de la materia, con el claro fin de impedir el conocimiento de tales cuentas y recursos así como el origen, propietarios y destino final de las mismas.
“En suma, el aprehendido, con conocimiento de su procedencia ilícita, adquirió, administró y aprovechó recursos económicos provenientes de adquisiciones y servicios erogados por sus propios agremiados, al amparo de convenios ilícitos, en beneficio propio y para el uso de sus actividades de movilización, utilizando las cuentas de la Sección 22 del SNTE.
“Es conveniente mencionar que la ley prohíbe que la Sección XXII suscriba ese tipo de convenios, dado el carácter eminentemente lucrativo de dichos acuerdos, de conformidad con los artículos 378 de la Ley Federal del Trabajo y 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que prohíben a los sindicatos ejercer la función o profesión de comerciantes, con ánimo o fines de lucro.
“Al respecto cabe destacar que los sindicatos gozan de un régimen tributario de excepción, precisamente por el impedimento legal para realizar actividades lucrativas. Por tanto, solo pueden recibir recursos que provengan de una fuente lícita, lo que en el caso se transgredió.
“Esa pertinente destacar que, respecto a los mismos hechos, hace algunas semanas fue aprehendido el Secretario de Finanzas de la misma organización sindical, a quien el 22 de abril de este año fue dictado el auto de formal prisión respectivo por la autoridad Judicial competente. Ambos, internados en centros federales de readaptación social, a disposición del juez que instruye la causa penal.
“Asimismo, la Procuraduría General de la República informa que continúa investigando la posible obtención ilícita de más recursos por los hasta ahora aprehendidos, que asciende a más de 132 millones de pesos; así como la probable participación de otras personas en los hechos referidos, además de la probable comisión de otros ilícitos”, dijo ayer Higuera.
Fuente: La Jornada
Autor: Alfredo Méndez
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