En su momento, todos ellos fueron exhibidos ante la prensa como integrantes de un grupo delictivo que supuestamente cometió el multihomicidio e hirió a otras cuatro personas en una fiesta celebrada en la colonia Felipe Ángeles de Ciudad Juárez.
Jorge Luis Barraza Muñiz, padre de Luis Manuel, presentó diversas denuncias y quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) porque su hijo –sostuvo– fue torturado para declararse culpable. Además la Fiscalía nunca tuvo pruebas, sólo su declaración, porque ni siquiera fue reconocido por los otros supuestos cómplices.
De acuerdo con la causa penal 3257/2015, el agente del Ministerio Público Ángel González Cancino presentó un escrito dirigido a la presidenta del Tribunal de Juicio Oral, Emma Terán Murillo, para pedirle el sobreseimiento del caso por falta de pruebas. Finalmente el caso se cerró y se ordenó la libertad inmediata de los cuatro imputados.
A todos se les absolvió porque no hubo pruebas científicas, y el protocolo de Estambul aplicado demostró que los muchachos fueron torturados.
En entrevista con Apro, el año pasado, el padre de Luis Manuel Barraza dio a conocer que su hijo fue torturado, pese a que no participó en la masacre del 7 de febrero de 2015, pero ante la presión social la Fiscalía estaba obligada a dar resultados.
En aquella ocasión cinco hombres fueron asesinados y otras tres personas resultaron lesionadas. Las autoridades se apresuraron a informar que las víctimas eran de El Valle de Juárez, y aseguraron que habían acudido a una fiesta en la vivienda donde ocurrieron los hechos. Sobre los presuntos agresores, afirmaron que eran del Barrio Azteca y cometieron el multihomicidio porque vieron invadido su territorio.
Entonces el fiscal general Jorge Enrique González Nicolás aseveró que tenían evidencias científicas, entre ellas un video captado por las cámaras viales en las que se observan varios vehículos llegando al estacionamiento de una tienda ubicada en el bulevar Bernardo Norzagaray y a una estación de servicio donde los conductores compraron gasolina.
A Luis Manuel Barraza Torres lo señaló como sicario y vendedor de droga porque el día del crimen, dijo, fungió como “halcón” y prendió fuego a los vehículos y a dos cadáveres.
Sin embargo, el padre de aquel aseguró que su hijo viajaba cada semana a El Paso, Texas, y el día de su detención (22 de febrero de 2015), de regreso a Ciudad Juárez, circulaba tranquilo por la calle después de visitar a su novia.
Ese día fue aprehendido y presentado junto con otros tres hombres como presunto responsable del crimen. Un juez de Garantía los vinculó a proceso por los delitos de homicidio en contra de las cinco víctimas, lesiones en contra de otras tres y un incendio intencional de dos vehículos de reciente modelo.
El 2 de marzo del año pasado, Luis Manuel presentó una queja por tortura ante la CEDH, en la que denunció que cuando fue detenido lo esposaron sin motivo, le tomaron fotografías con celular y lo llevaron a un lugar desconocido, donde le avisaron que lo trasladarían a la Fiscalía para investigarlo.
“Me dijeron que yo era el del video y me empezaron a golpear, me pusieron la chicharra en las palmas de las manos y en la espalda, me golpeaban la cabeza con la mano abierta, muy fuerte, querían que les dijera que yo era el del video (…) Yo estaba con los otros y escuchaba a uno de los ministeriales decir que el jefe ya los traía muy presionados con ese trabajo (…) Me llevaron para que me reconociera alguien de los que venían golpeado y dijo que sí. Estuve escuchando cómo gritaban otras personas, cómo lloraban y los torturaban peor de lo que a mí me hicieron. No lograron sacarme ninguna declaración a mí porque les dije que yo no diría nada que no fuera cierto”, destacó en su queja.
El imputado presentó inflamación, escoriaciones y dolor fuerte en varias partes del cuerpo. El juez ordenó un examen médico, pero nunca se lo practicaron.
Su familia contrató los servicios de David Rodríguez Torres, secretario general del Centro de Desarrollo de Investigaciones en Ciencias Forenses en Ciudad Juárez, para comprobar con evidencias científicas que las Fiscalía no podía demostrar la culpabilidad de Barraza Torres.
En el expediente 3257/2015, Rodríguez evidenció que el Ministerio Público solicitó únicamente la huella genética de puertas, palanca de cambios y volante del vehículo Dodge línea Neón modelo 1993 utilizado en el crimen, que ese mismo día fue robado, pero no aplicó reactivos químicos para realizar el revelado, fijación y levantamiento de impresiones dactilares en el interior y exterior del automóvil.
La Fiscalía pidió al director estatal de Servicios Periciales y Ciencias Forenses la realización de un retrato hablado del sujeto que llegó a la estación de servicio para comprar en galones de agua la gasolina utilizada para incendiar los autos y a las personas. Finalmente ese retrato no se hizo y Barraza Torres fue acusado de comprar la gasolina.
En un oficio del jefe de Bomberos, Alfredo Salas, al director de Protección Civil municipal, Fernando Mota Allen, le informó que el personal de la Fiscalía General del estado (FGE) “no permitió el acceso al lugar a personal de Protección Civil y Bomberos, bajo el argumento de ser ellos los encargados de la escena tomando posesión de la misma, de tal manera que no se llevó a cabo la total extinción del fuego, ni se realizó la serie fotográfica y verificación de evidencias para determinar las causas que originaron el siniestro”.
El mismo 22 de febrero el agente del Ministerio Público solicitó al médico legista, a través del oficio UIDV-1548/2015, que practicara la toma de saliva a Luis Manuel Barraza, pero hasta ahora no se tienen los resultados para cotejarlos con el material de los hisopados realizados en el vehículo Dodge 1995.
Luego de la absolución de los cuatro afectados, las familias analizan presentar una demanda contra el Estado por daño moral, económico, emocional y psicológico al que fueron sometidas las víctimas.
En lo que va de 2016, la CEDH ha emitido 11 recomendaciones por tortura y/o detención arbitraria en la entidad: cinco en Ciudad Juárez, cinco en esta capital y una en San Francisco del Oro.
En total, la FGE ha recibido diez recomendaciones, ocho por tortura y las otras dos por omisión en investigaciones de casos. En tanto, la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez ha recibido dos por tortura.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443903/pasan-15-meses-en-prision-los-liberan-falta-pruebas