En el documento, signado por el Ejecutivo federal se indica de entrada que en la reforma constitucional que creó el sistema nacional anticorrupción no se establece que los empresarios tengan esa obligación.
La norma constitucional sólo considera sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses a los servidores públicos, se advierte en el documento y se hace notar que el legislador debe “apegarse al parámetro que la norma constitucional expresamente le confiere”.
Asimismo, el presidente Peña Nieto advierte que la obligación establecida en ese artículo 32 para que los particulares presenten declaraciones de situación patrimonial y de intereses, “constituye una intromisión indebida en la esfera jurídica de las personas físicas y morales” además de que impone una carga desmedida a todos los particulares que reciben recursos públicos tanto directa como indirectamente.
En ese documento remitido al Senado, por ser la Cámara de origen de la reforma y las leyes secundarias anticorrupción, el presidente de la República advierte asimismo que “la ley no debe introducir de forma arbitraria” normas que equiparen a los particulares con los servidores públicos ni lesionen los derechos humanos de aquellos. En todo caso “dicha homologación debe tener por objeto la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales o expresamente incluidos en ellas”.
Además de eliminar del artículo 32 la obligación de los empresarios de entregar sus declaraciones patrimoniales y de interés, el Ejecutivo federal modifica otros 15 artículos en los que se hace referencia a esa disposición, entre ellos el 33, 37, 46, 73, y 81.
Al final, el Ejecutivo recalca que “se considera oportuno la revisión, exclusivamente de los artículos referidos” en ese documento remitido al Senado.
FUENTE: LA JRONADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/24/recibe-el-senado-cambios-de-pena-a-ley-3-de-3