La lista de gobernadores corruptos es muy larga y todos tienen algo en común son impunes. Todos, menos uno, aunque todavía no está muy claro si así será.
Me refiero, al reciente proceso anticorrupción abierto contra el ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, acusado de malversar con sus ex colaboradores, amigos y familia, más de 3 mil 600 millones de pesos, aunque podría ser más.
Lo más trascendental de esta acción judicial es el significado más allá de la cultura de la legalidad. Por primera vez, se rompe el cerco de impunidad que protege a los mandatarios corruptos de todos los partidos.
Hasta ahora, la ley de la omertá ha envuelto a todos. A gobernadores que salen y entran. Bajo el código de silencio mafioso, unos y otros se cubren sin importar el partido político al que pertenecen. El objetivo es robar a manos llenas, sabiendo que nada les pasará. Y la meta, robar más que el anterior. Se trata de una carrera de relevos de la corrupción gubernamental. La máxima de los gobernadores es “ponme donde hay, yo me encargo de lo demás”. La competencia, consiste en ver cuál gobernador se hace millonario más rápido, en menos años.
En los primeros lugares de mandatarios corruptos está el señor Rodrigo Medina de la Cruz, cuyo padre Rodrigo Medina Ainslie, manejó durante seis años, los hilos del andamiaje del saqueo de caudales públicos y tráfico de influencias con la ayuda del abogado Álvaro Briceño como representante legal de varias empresas ubicadas en paraísos fiscales como las Islas Caimán. Ambos crearon un entramado de familiares y amigos para ir expandiendo la telaraña de la podredumbre que carcome todo el sistema político y parte del sistema empresarial de este país.
El señor Medina Ainslie, primero era conocido como el “Señor Quince Por ciento”, luego terminó siendo el “Señor Treinta Por Ciento”, porcentaje que cobraba para la adjudicación de contratos públicos. Para un funcionario corruptor se necesita un empresario corrupto dispuesto a tener esos contratos a cambio de la “mordida”. Para este tipo de empresarios, hacer negocios con funcionarios de esta manera, no es inmoral, mucho menos, ilegal. “Así funciona el sistema”, dicen. Y finalmente se justifican señalando que se trata de “crear riqueza”. Lo que no dicen es que esa riqueza no es para el pueblo, sino para un selecto grupo de políticos, funcionarios, compadres y amigüetes.
El ex gobernador Rodrigo Medina se convirtió en el símbolo de la corrupción. Así funcionó durante seis años. Fue acumulando “negocios” propios a través de ese delito tan practicado en México y tan poco castigado: el tráfico de influencias. Utilizó su poder en el gobierno para ir adquiriendo, él y sus amigos y familiares, compadres, empresarios inmobiliarios, constructores y lavadores de dinero, millonarias ganancias que van más allá de los 3 mil 600 millones de pesos anunciados.
Como Gobernador independiente, Jaime Rodríguez creó la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción para cumplir una de sus más importantes promesas de campaña: investigar y sancionar las corruptelas de su antecesor.
A través del juez de Control, se decretó el aseguramiento de bienes de 11 ex funcionarios del gobierno medinista, incluyendo al ex Gobernador. El embargo precautorio incluye 22 propiedades de los funcionarios corruptos, entre las que se encuentra una propiedad de Medina de 36 hectáreas en el municipio de General Terán de la próspera región citrícola.
En los últimos meses, Medina sentía pasos en la azotea y fue vendiendo y cediendo a familiares y amigos algunas de sus propiedades malhabidas, algo que puede estar considerado como un delito de “alzamiento de bienes” para ir ocultando su gran fortuna.
La investigación denominada “Operación Tornado”, en honor al caballo de “El Bronco”, fue dada a conocer dos días antes de las elecciones del 5 de junio, algo que resulta sospechoso porque todo esto podría tratarse de una estrategia electoral, aunque serán los resultados finales del proceso judicial los que hablen.
También es raro, que el anuncio del inicio del proceso no venga con órdenes de aprehensión, aunque supongo que tiene que ver con el sistema penal acusatorio y será el juez de Control el que vincule a proceso e imponga en definitiva las medidas cautelares.
Además del ex gobernador Medina, también se le embargaron propiedades a Fernando Gutiérrez Moreno ex Secretario de Desarrollo Sustentable, Celina Villarreal Cárdenas, ex subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional, así como a los entonces directores del Instituto de Innovación y Tecnología, Jaime Parada Ávila; de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado, Patricia Aguirre González, y de Fomerrey, Sergio Alanís Marroquín.
En el proceso, la Contraloría General del Estado inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos a quienes fueron secretarios de Finanzas y Tesorero General del estado, de Obras Públicas y de Desarrollo Económico, Rodolfo Gómez Acosta, Luis Marroquín Salazar y Rolando Zubirán Robert, respectivamente. Y al hermano del abogado y editorialista Javier Livas Cantú, Juan Livas Cantú, ex director general del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado. La inhabilitación debería ser de por vida, además que los cargos que se les imputan a estos funcionarios también deberían ser perseguidos y sancionados con cárcel.
El cinismo de los gobernadores corruptos como Medina no tiene límites. Utilizó sin costo, en 32 ocasiones, el avión de un contratista del gobierno para viajar a Estados Unidos. El gran beneficiado de su gobierno es el Grupo Profrezac, propiedad de José Aguirre, que según consta en la investigación, cobró trabajos que finalmente no realizó, infló el volumen de trabajos, subcontrató a las empresas Terracerías y Pavimentos de Fresnillo, Constructora Coss Bu, Impulsora Coronas del Mar y Constructora Jaken, para seguir saqueando el dinero del erario público.
Medina se dice ahora un “perseguido político” y aclara que tiene la “conciencia tranquila”. Seguramente la tendrá tranquila porque luego de ver lo que supuestamente se robó está claro que lo que no tiene es conciencia, al igual, que los demás compañeros gobernadores corruptos como Humberto Moreira, Tomás Yarrington, Fidel Herrera y un largo, largo etcétera.
Esperemos que está sea la primera vez que realmente se haga justicia, que los culpables del saqueo sean encarcelados y que sus bienes malhabidos regresen a las arcas públicas porque le pertenecen al pueblo. Esperemos que todo este proceso no sea solamente una llamarada de petate con fines electorales. Necesitamos gobernadores que dejen de pensar en sí mismos para hacerse ricos y que trabajen por México.
Esta será la gran prueba de fuego para “El Bronco” rumbo al 2018. ¿La pasará?
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-06-2016/3050828