En dicho periodo se revisarán las observaciones que el Jefe del Ejecutivo hizo a la Ley de Responsabilidades Administrativas en el artículo 32 incisos b) y c) y otros 15 relacionados con la misma legislación.
El presidente de la Jucopo, Emilio Gamboa Patrón, destacó la voluntad de la Cámara alta para corregir la llamada “Ley 3 de 3” ya que en la misma se obligaba, además de personas físicas y morales, a becarios y beneficiarios de programas sociales, a presentar declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.
El consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, refirió que el veto a dicha ley anticorrupción se dio tras escuchar las “preocupaciones de la sociedad civil y de los empresarios”.
“¿Qué decían estos artículos (que pidió modificar el Presidente)? Que cualquier persona, cualquier empresa que recibiera recursos públicos o que contratara con el gobierno tenía que presentar su declaración patrimonial y su declaración de intereses. ¿En qué se traduciría esto? Que todos los beneficiarios del programa Prospera, que reciben apoyos para tratar de superar la pobreza, tenían que presentar su declaración patrimonial. Que los estudiantes del Conacyt que se van al extranjero, que reciben un apoyo para estudiar en el extranjero tenían que presentar su declaración patrimonial, esto es el conjunto de su patrimonio.
“Que todos los trabajadores de una empresa que contrata con el gobierno tenía que presentar esta declaración patrimonial, te pongo el ejemplo de un consorcio mexicano que tiene 80 mil trabajadores y contrata con el gobierno, lo que decía esta norma es que esos 80 mil trabajadores tenían que presentar su declaración patrimonial y de intereses… esto se determinó que hacía inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, y que también implicaba una posible violación constitucional a los derechos a la vida privada y a los datos personales”, expuso el funcionario en entrevista para Enfoque Noticias.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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