Recientemente Peña Nieto afirmó que el Estado no dará ni un paso atrás en el objetivo de dar seguridad a los mexicanos y que el Ejército tendrá una mayor capacidad de despliegue. Hizo un llamado a la sociedad civil para que se solidarice con los elementos de Ejército y de este modo combatir a la delincuencia organizada. Al parecer la nueva estrategia es pedir solidaridad a la sociedad mexicana.
Diagnósticos y recomendaciones en el sentido opuesto sobran:
Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein con motivo de su visita a México: “Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza. Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública”.
Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en México: “Durante su visita, la Comisión pudo constatar con extrema preocupación que esta presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana persiste, y no tiene plazo aproximado para concluir… La CIDH considera indispensable que el Gobierno federal presente un plan concreto y por escrito sobre el retiro gradual de estas tareas, que por su naturaleza corresponderían a la policía”.
Informe del Relator especial sobre la Tortura, Juan E. Méndez: “Retirar definitivamente a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública y restringir su participación a operaciones de apoyo con supervisión de órganos judiciales civiles”.
Informe del Relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns: “Según la información proporcionada al Relator especial, el Sr. Peña Nieto ha declarado que las fuerzas armadas seguirán realizando una labor de seguridad pública hasta la aplicación de la nueva estrategia en materia de seguridad y justicia, la cual permitirá su retorno progresivo a los cuarteles…Deberían adoptarse todas las medidas necesarias, con efecto inmediato, para que la defensa de la seguridad pública esté en manos de civiles y no de las fuerzas de seguridad militares”.
¿Cuántas recomendaciones requiere el Ejecutivo?
En artículo publicado en El País por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío, pone en claro que la Constitución mexicana establece que las fuerzas armadas en tiempos de paz solo pueden realizar funciones relativas a la disciplina militar dentro de sus cuarteles. Las únicas dos excepciones se dan al declararse un estado de excepción o cuando se encuentre comprometida la seguridad interior. Por el bien del país, de la ciudadanía y de las fuerzas armadas es importante saber, como lo escribe el Ministro Cossío, bajo qué supuesto y con qué mandato están operando las fuerzas armadas. Agregaría yo que es imprescindible saber cuál es el plan de sustitución por fuerzas policiales y legislar el uso de la fuerza de conformidad con estándares internacionales.
Todo hace indicar que este sexenio no habrá cambios en materia de seguridad. El costo será abonar a la grave crisis de derechos humanos y al desgaste de las fuerzas armadas. Si el tema de la corrupción ya está posicionado como ineludible para las campañas electorales de 2018; la estrategia de seguridad, que junto con otros como la impunidad, la marginación y las víctimas, no podrían quedar fuera. Allí están las recomendaciones.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: JACOBO DAYÁN
LINK: http://aristeguinoticias.com/1807/mexico/cuantas-recomendaciones-requiere-el-ejecutivo/