Señaló Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes y añadió que esta situación ha provocado más de 300 conflictos mineros en el país según la Red de Afectados por la Minería (REMA) y en un año, según Cartocrítica, la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua, cantidad suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit
Explicó que la destrucción masiva de los recursos naturales provocada por la actividad minera son múltiples como la contaminación del aire, el agua y el suelo a gran escala; alteración del entorno y los ecosistemas; cambio de uso de suelo, incluso en áreas naturales protegidas; despojos con violencia, represión y crimen contra las formas de defensa del territorio y organización comunitaria; deterioro de la salud de los habitantes cercanos a las minas; además del impacto que sufren los trabajadores mineros por laborar en condiciones de alto riesgo y por el uso intensivo de materiales peligrosos y sustancias químicas, por ello dijo, resulta indispensable fortalecer en México el trabajo de defensa social y ambiental frente a esta actividad industrial depredadora.
En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que se conmemora este 22 julio, las organizaciones Colectivas, Colectivo de Abogados y defensores del Interés Público, Fronteras Comunes y Greenpeace México presentaron el manual “Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de pueblos y comunidades frente a los megaproyectos mineros en México” como una herramienta para hacer frente a los abusos de los proyectos mineros en todo el país.
Esta publicación pretende socializar instrumentos jurídicos de defensa de las comunidades y del medio ambiente en el tema de minería, ya que muchos pueblos enfrentan el embate de una gran cantidad de concesiones otorgadas por el Estado mexicano para megaproyectos mineros, así como por la actividad minera ya existente, en la que hasta 2014 el 68 por ciento del capital invertido era de origen canadiense, aseguraron.
“El Estado mexicano privilegia el beneficio de intereses privados y extranjeros sobre los sociales, quebrantando así los derechos colectivos” por lo que el manual presentado también propone la utilización de herramientas jurídicas y no jurídicas para las comunidades a fin de, explicaron, fortalecer sus luchas por la defensa de su territorio, patrimonio y su salud frente al auge minero depredador en México.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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