“El juez señaló que no se presentan indicios de prueba para haberme inculpado y vinculado a proceso”, expuso el además presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C.
No obstante, el activista aún no podrá abandonar el Centro de Readaptación Social, debido a que fue acusado por el mismo delito en tres carpetas de investigación distintas; en dos de ellas ya resultó absuelto, mientras por la 63/2016 enfrenta el proceso bajo prisión preventiva y se mantiene a la espera de los resultados de un tercer amparo.
En esta última, a pesar de que la Fiscalía solicitó ampliar el plazo de presentación de pruebas dos meses, nunca entregó el arma de fuego con la que presuntamente Humbertus habría cometido el delito que se le imputa.
El juez Mario Iván Chávez Picazo le negó la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad bajo caución, con el único argumento de que no existen elementos suficientes para modificar la medida cautelar.
El artículo quinto transitorio del nuevo Código Penal Federal vigente desde el pasado 18 de junio en todo el país, establece que el delito de robo en que no se haya empleado arma de fuego será procesado bajo medida cautelar.
Es decir, detalló Pérez Espinoza, cuando para cometer el robo se haya utilizado violencia con cuchillos, desarmador o violencia moral, que no forman parte de la cadena de custodia, y en este caso que no fue localizada el arma, no procederá la prisión preventiva, sino el proceso se enfrentará en libertad bajo caución.
Advirtió que esta determinación sólo ratifica que su reclusión responde a intereses políticos, tras recordar que ya quedó demostrado que las carpetas en su contra fueron fabricadas, pues en dos de ellas se demostraron contradicciones de la parte acusadora.
Pérez Espinoza confió en que este nuevo triunfo jurídico –el juez determinó que las pruebas testimoniales aportadas por la Procuraduría mexiquense no son idóneas ni determinantes para demostrar la responsabilidad penal-facilitará su libertad.
Con la determinación, señaló, “se derrota a la infamia, la mentira, la calumnia, la perversidad, la maldad, la crueldad y, sobre todo, la enfermedad mental de encarcelarme, así como perseguir a mi familia y a los dirigentes de nuestro movimiento”.
El activista se autodenomina preso de conciencia porque ha señalado la colusión en diversos fraudes inmobiliarios concretados por constructoras como Urbi, Vinte, Geo y Sadasi –a quienes ha ganado diversas demandas- de autoridades priistas, como el alcalde de Tecámac, Aarón Urbina; Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano, ex secretario de Desarrollo Económico e hijo de Manuel Cadena, secretario general de gobierno del exgobernador Arturo Montiel.
Además, ha señalado deficiencias del sistema de justicia estatal, y acusado al gobernador Eruviel Ávila, al procurador Alejandro Gómez, y al presidente del Poder Judicial, Sergio Medina, de proteger a los responsables de los fraudes inmobiliarios.
Fuente: Proceso
Autora: Veneranda Mendoza
http://www.proceso.com.mx/447532/juez-ordena-libertad-activista-en-edomex-pendiente-tercera-acusacion-en-contra