El diario detalló que propiedades de ex funcionarios de Coahuila en Texas y cuentas bancarias estarían ligadas a sobornos dirigidos al ex Gobernador Humberto Moreira a cambio de libertad para asesinar, traficar drogas, e incluso usar vehículos oficiales como helicópteros para escapar de la Marina.
“Una vez que lavaban el dinero a través de operaciones financieras que aparentaban ser legítimas, los líderes Zetas evadían el pago de impuestos”, señaló el texto del periódico estadounidense.
“Los Zetas evadieron arrestos sobornando a la Policía Municipal.
Evadieron impuestos sobornando oficiales de Hacienda. Obtuvieron contratos del Gobierno para sus empresas constructoras y el permiso de usar el penal de Piedras Negras como otra casa de seguridad, incluso usaron helicópteros estatales para escapar de las persecuciones de los Marinos, todo esto sobornando a altos funcionarios en Coahuila”, dijeron con base al testimonio de Rodrigo Humberto Uribe Tapia, presunto operador financiero del grupo criminal que declaró en el juicio.
De acuerdo con la publicación, por primera vez un testigo federal conectó públicamente a Los Zetas con el ex Gobernador de Coahuila, cuyo nombre está en una investigación vigente por presunto lavado de dinero en Estados Unidos.
El pasado martes, Marciano Millán Vázquez fue declarado culpable de los 10 cargos que se le imputaban en Estados Unidos, entre ellos diferentes homicidios y tráfico de drogas. Si bien los delitos fueron cometidos en Coahuila, se pueden castigar en Estados Unidos si están relacionados con el tráfico de droga hacia aquel país.
El diario mencionó que Los Zetas poseían uno de los mayores desarrollos comerciales en Piedras Negras.
El juicio en Estados Unidos reveló el funcionamiento interno de Los Zetas y arrojó dudas sobre una versión de los hechos ofrecida por los fiscales del Estado de Coahuila de lo que ocurrió durante el régimen del cártel en Piedras Negras.
Jacobo Dayán, un consultor profesor y los derechos humanos, miembro de la organización Violencia y Paz , dijo a San Antonio Express, que el Gobierno mexicano ha puesto trabas a los activistas de derechos humanos tratando de averiguar acerca de matanzas de cártel y los obliga a depender de la información que se escurre en medios de comunicación y en los tribunales de Estados Unidos.
“Creo que no podemos entender la violencia en la parte norte de México sin la información que proviene de los estados, ya que en México, el Gobierno no está haciendo nada”, dijo Dayán.”Todo es culpa de la impunidad en México”.
En el caso de la Masacre de Allende, dijo que luego de que periodistas entrevistaron a las víctimas las autoridades comenzaron a pintar un cuadro de lo sucedido.
“En fecha tan reciente como la semana pasada, el estado de Coahuila,dijo en un comunicado de prensa que sólo 27 personas murieron, pero los testigos certificaron que estaba en los cientos en todo el estado”, dijo.
El diario mencionó que un reportero y un fotógrafo de San Antonio Express visitaron Allende en 2015. En esa ocasión, mencionó, las viviendas dañadas en la matanza todavía permanecían abandonadas. La fachada de un edificio y una pared de una escuela primaria habían sido destruidas.
Ariana García, un activista de los derechos humanos y abogada que trabaja con las familias en Piedras Negras, confirmó que la investigación llevada a cabo por las autoridades del estado de Coahuila no fue objetiva.
“Es decir que omiten parte de la verdadera historia de lo que ocurrió no sólo en Allende, en Piedras Negras y toda la región”, dijo al diario.
“Causa dolor, y muchos de ellos quieren saber la verdad, porque dicen que preferirían saber lo que pasó, y donde los restos de sus miembros de la familia que continuar creyendo las autoridades de México va a hacer algo por ellos”, añadió.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/25-07-2016/3071519