En una carta dirigida a las presidentas de las comisiones de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos, Gabriela Cuevas Barrón y Angélica de la Peña, respectivamente, decenas de organizaciones, 80 de ellas agrupadas en la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), expresan su preocupación por las declaraciones que hizo el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Alfonso de Alba, quien cuestionó la labor de la CIDH.
“El Estado mexicano corre el riesgo de quedar evidenciado ante la comunidad internacional” como “un país que ataca a órganos y a expertos/as internacionales en represalia por la legítima labor que realizan”, apuntan.
En su misiva, las organizaciones urgen a Cuevas (PAN) y De la Peña (PRD) a citar a comparecer a la canciller Claudia Ruiz Massieu “con la finalidad de que explique ante el Senado de la República la postura de México ante la CIDH e informe sobre las acciones que llevará a cabo frente al contexto de crisis financiera que ésta atraviesa, así como el reciente cambio de postura del Estado en relación a propuestas de reforma al Sistema Interamericano, incluido el traslado de la sede de la CIDH”.
La preocupación de las organizaciones se funda en declaraciones publicadas hace una semana, en las que el embajador De Alba propuso crear un “sistema de cuotas que sería obligatorio para los firmantes del Pacto de San José, que no ha sido ratificado por Estados Unidos, siendo este el mayor contribuyente de la CIDH”.
Y sugirió que el organismo dependiente de la OEA se traslade a Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
La sugerencia de mudar de Washington a Costa Rica la sede de la CIDH ha sido recurrente por parte de países como Venezuela y Ecuador, y es una “medida que perjudicaría el funcionamiento del Sistema”. En 2013 el entonces embajador de México ante la OEA, Joel Hernández, se opuso a esa propuesta, recuerdan las organizaciones.
Además de este cambio de posición en tres años, las organizaciones firmantes hacen notar que a pesar de que De Alba ha declarado a México “amigo del Sistema Interamericano”, también ha dicho que la CIDH “ha perdido ‘legitimidad’, y se pregunta si la Comisión ‘se ha alejado de los Estados’, aseverando que no se debe comportar como ‘una ONG’, lo que se podría interpretar como una postura de rechazo frente a un órgano que ha emitido recomendaciones puntuales al Estado mexicano en los últimos años, como parte de su mandato”.
Más aún, apuntan, esta percepción se refuerza con las afirmaciones del mismo funcionario de que “documentar y señalar violaciones a derechos humanos no debe ser la ‘principal’ actividad de un órgano internacional de protección de los derechos humanos”.
Luego de destacar que De Alba es impreciso al decir que la CIDH “no ha emitido una sola recomendación en los últimos 15 años sobre la legislación en Colombia”, las organizaciones civiles sostienen que si bien México dio un paso importante al solicitar (junto con las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos) la asistencia técnica para la búsqueda a través de la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), resulta preocupante que las expresiones de la Cancillería reflejen “una actitud de rechazo en las últimas actividades del GIEI y de la CIDH en nuestro país, incluidas la visita in loco de la CIDH y la publicación del Informe de País correspondiente”.
Los firmantes abundan que el cambio de política frente a la CIDH es más que evidente si se recuerda que en agosto de 2014 el entonces subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, consideró la labor de la CIDH “en favor de la defensa y protección de los derechos humanos y en la expansión de la democracia en nuestro continente”, destacando por “su independencia e integridad”, amén de que –apuntó entonces– su presencia en México ha favorecido el conocimiento de los derechos inalienables y ha contribuido en el diseño de políticas públicas en apego a los tratados internacionales de derechos humanos firmados.
Al indicar que las contradicciones se advierten de finales de 2014 al primer semestre de 2016, tiempo en que se han ventilado en la CIDH casos graves como el de Ayotzinapa, las organizaciones advierten que el Estado mexicano “corre el riesgo de quedar evidenciado ante la comunidad internacional como un país que en vez de buscar salir de una situación de crisis y construir una realidad de respeto y garantías de los derechos humanos, sea un país que ataca a órganos y expertos/as internacionales en represalia por la legítima labor que realizan”.
La puntualización de la posición frente a la CIDH, añaden, “resulta fundamental para la consolidación de una política exterior del Estado mexicano que mantenga como eje central a los derechos humanos, lo cual debe traducirse en una postura de apoyo y compromiso con el Sistema Interamericano, que ha tenido un papel indispensable en la búsqueda de consolidar el respeto y garantía de los derechos humanos de la región”.
Entre las organizaciones firmantes destacan Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos; Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Derechos Humanos en México; Casa del Migrante de Saltillo; Católicas por el Derecho a Decidir; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Indignación: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y JASS (Asociadas por lo Justo), entre otras.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447714/piden-ong-ruiz-massieu-explique-postura-mexico-ante-crisis-en-la-cidh
