El anuncio, formulado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, era más bien una denuncia: por investigaciones propias, el GIEI tenía confirmada la existencia del video, pero éste, se informó, había sido “perdido” por las autoridades encargadas de su custodia.
Tal como reveló el GIEI en agosto y septiembre de 2015, sus integrantes tuvieron “conocimiento primero a través de una magistrada de Iguala, y posteriormente por parte de la magistrada presidenta (del Tribunal), de la existencia de dichos videos, (los cuales fueron) visualizados por ellas”.
Esos videos, captados por las cámaras de seguridad instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, abundó el GIEI, mostraban “la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas, en el escenario de la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia”.
Para el 17 de agosto de 2015, sin embargo, la versión oficial de los hechos, conocida como la “verdad histórica”, ni siquiera reconocía que en del Palacio de Justicia hubiera ocurrido algún ataque contra los normalistas, y por lo mismo, hasta ese momento las autoridades federales no habían realizado ninguna pesquisa en ese punto de Iguala.
No fue sino hasta el 25 de agosto de 2015 –es decir, una semana después de que el GIEI denunciara esta anomalía– que la Procuraduría General de la República comenzó formalmente a rastrear el paradero del video.
Para ese momento, habían pasado diez meses desde que el video había sido grabado.
La mano (negra) de la Justicia
El ataque perpetrado contra los normalistas frente al Palacio de Justicia de Iguala (que se suma a los ataques sufridos en el Zócalo y en las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte) fue denunciado formalmente ante el Ministerio Público al día siguiente de las agresiones, el 27 de septiembre de 2014, por los mismos estudiantes que sobrevivieron a dichas agresiones.
Aún así, el 25 de enero de 2015, al presentar la versión oficial de los hechos, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, descartó tajantemente el ataque en el Palacio de Justicia y, por el contrario, aseguró que los 43 normalistas habían sido atacados y desaparecidos sólo en Juan N. Álvarez y Periférico Norte.
Según esta versión oficial, bautizada por la misma PGR como la “verdad histórica” de los hechos acontecidos en Iguala, estos ataques fueron perpetrados exclusivamente por policías municipales de Iguala, en contubernio con integrantes del crimen organizado.
Sin embargo, tal como se desprende de las declaraciones ministeriales tanto de víctimas sobrevivientes, como de policías que participaron en las agresiones contra los normalistas, en el ataque perpetrado frente al Palacio de Justicia participaron no sólo policías municipales de Iguala, sino también policías municipales de Huitzuco, elementos de la Policía Estatal de Guerrero, así como elementos de la Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad federal.
A pesar de estos testimonios, la PGR nunca ha reconocido la participación de fuerzas de seguridad estatales o federales en los ataques contra los normalistas, lo que implicaría reconocer que estos niveles de gobierno también están coludidos con el crimen organizado.
La participación de elementos de la Policía Federal en estas agresiones contra población civil indefensa, además, fue confirmada por las investigaciones que realiza al respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indagaciones que son independientes de las del GIEI y las de la PGR.
Es en este contexto que los videos del Palacio de Justicia cobraron una relevancia especial, ya que permitirían confirmar si en estas agresiones participaron otras fuerzas de seguridad pública federales y estatales, tal como aseguran víctimas y perpetradores.
Sin embargo, aún cuando el Ministerio Público tenía conocimiento de los hechos del Palacio de Justicia desde el mismo 27 de septiembre de 2014, las autoridades no acudieron a esta zona para buscar evidencias sino hasta un año después, en agosto de 2015.
Aunque la existencia de estas cámaras de seguridad en el Palacio de Justicia era conocida por las autoridades –ya que fueron colocadas como una medida de seguridad institucional–, ni la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, ni la Procuraduría General de la República acudieron luego de los ataques a estas instalaciones, para verificar si estas videocámaras habían captado alguna imagen de los hechos.
Peor aún: quien sí tuvo conocimiento pleno de la existencia de estos videos, en los días inmediatos al ataque contra los normalistas, fue la entonces titular del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (órgano al cual está adscrito el Palacio de Justicia de Iguala), la magistrada Lambertina Galeana, que en agosto de 2015 reveló al GIEI que, efectivamente, ella había visto esos videos, gracias a que el personal a su cargo se los había hecho llegar.
Extrañamente, la magistrada Lambertina Galeana no hizo nada para garantizar la correcta preservación de estas evidencias.
De hecho, la entonces titular del Poder Judicial del estado de Guerrero no ordenó preservar esta evidencia, ni siquiera por ser éste uno de los procedimientos habituales en los procesos judiciales que ella misma dirigía, en su calidad de presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
Peor aún: un año y siete meses después de los hechos, el 5 de abril de 2016, la magistrada Lambertina Galeana –quien dejó la presidencia del TSJ en diciembre de 2015– reconoció ante la PGR que luego del ataque contra los normalistas, “tuvo conocimiento (de) que los discos que respaldaban la información y grabaciones de imágenes, que pudieron ser captadas por las cámaras instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, tenían capacidad de almacenamiento por 15 días“, a pesar de lo cual, en ese momento no dio ninguna instrucción para garantizar la preservación de ese material, y evitar que se borrara de forma automática.
Esta omisión en la preservación de una prueba, relacionada con un delito que es de conocimiento de un servidor público, es descrita por el Código Penal del Estado de Guerrero bajo la tipificación de “encubrimiento por favorecimiento”.
Según este ordenamiento legal, comete el delito de “encubrimiento por favorecimiento” aquel servidor público que “después de la ejecución de un delito, y sin haber participado en éste, auxilie en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad competente o a sustraerse de la acción de ésta, o bien oculte, altere, destruya o haga desaparecer los rastros”.
Debido a que luego del ataque a los normalistas no existió ninguna orden de preservar los discos duros en los que se registraron originalmente las imágenes de video, estos discos se borraron 15 días después de los hechos, sin que el Ministerio Público tomara conocimiento de su contenido.
Ésta es, al menos, la versión oficial.
El (falso) respaldo
Oficialmente, la PGR reconoció que el ataque en el Palacio de Justicia sí ocurrió, apenas el pasado 8 de junio de 2016, cuando presentó la actualización de la “verdad histórica”, bajo el título de “Informe del Caso Iguala. Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”.
Es en este documento en el que, además, las autoridades federales fijan por primera vez hablan de los videos captados por las cámaras del Palacio de Justicia.
Sin embargo, la PGR sabe de la existencia de estos videos al menos desde julio de 2015, cuando empleados del Palacio de Justicia de Iguala informaron al Ministerio Público que las cámaras de este inmueble habían captado el ataque contra los normalistas.
Según las declaraciones de estos empleados, ambos, por separado, y por iniciativa personal, intentaron conservar una copia de las imágenes, el primero hizo el intento en discos DVD y el segundo en una unidad USB.
En ambos casos, según la Procuraduría General de la República, el proceso de copiado falló, por lo que no pudo extraerse ninguna imagen de estos dispositivos.
Un punto destaca, de entre los muchos que quedan aclararse en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala: en entrevista con el GIEI, la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, aseguró que personalmente vio los videos captados por estas cámaras, ya que se le habían hecho llegar a sus oficinas de la ciudad de Chilpancingo.
De ser eso cierto, esas imágenes habrías sido copiadas de manera satisfactoria al menos en una ocasión.
El destino del dispositivo al que tuvo acceso Lambertina Galeana no queda aclarado. La magistrada no explicó ante el MP qué hizo con la copia que le fue enviada, y la PGR no especifica en su nueva versión de los hechos si era alguno de los dispositivos que dio por fallidos.
Luego de dar esta información al GIEI, Lambertina Galeana compareció por primera vez ante la PGR para rendir testimonio de los hechos, negando oficialmente que alguna vez haya visto los videos personalmente.
La PGR tampoco informó en su nueva versión oficial si en la pérdida de esta evidencia se presume alguna responsabilidad, por parte de los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, que tuvieron bajo su custodia los videos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/video-del-ataque-a-normalistas-de-ayotzinapa-fue-borrado-pgr-nunca-analizo-las-imagenes/