Según la versión del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y otras dos agrupaciones civiles, el 7 de mayo de 2016 en la caseta de migración localizada en Chablé, Tabasco, agentes de migración detuvieron arbitrariamente a Gordillo Martínez, quienes basándose en criterios racistas y sin ningún sustento, lo señalaron por ser guatemalteco en situación irregular en el país aun cuando él mismo acreditó su origen mexicano con acta de nacimiento y CURP.
“Finalmente, lo último que se supo de él es que fue detenido y encerrado por los agentes migratorios en la caseta de Chablé, alrededor de las 22 y 23 horas de ese día, junto con 6 ó 7 personas más que iban en el mismo autobús”, detallaron.
Los funcionarios implicados en el hecho son Rubén Silva Silva, agente federal de Migración “C”, y Oscar Benjamín Castillo Pavón Carbonell, coordinador de unidad de áreas de Servicios Migratorios, ambos directamente responsables del punto de revisión de Chablé en el momento de la detención; el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) Ardelio Vargas Fosado; Eduardo Silvestre Hernández Dighero, delegado federal del INM en la entidad; entre otras autoridades locales y federales, de acuerdo con las organizaciones.
“Al interior del Instituto Nacional de Migración las órdenes se rigen y ejecutan bajo una lógica castrense, donde la jerarquización, la sumisión y la obediencia son valores fundamentales para sus superiores jerárquicos, haciendo que la cadena de mandos tenga una relevancia muy particular para desentrañar la responsabilidad en todas sus operaciones”, dijeron.
Comunicado:
Ciudad de México, a 22 de agosto de 2016.
La desaparición forzada práctica cotidiana en México Violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de Migración Chiapas y Tabasco, fronteras con las hermanas/os de Centroamérica, fronteras del horror, extensión del terror, donde el gobierno de México ejerce su rostro servil hacia los intereses de los poderosos que imponen desde siglos su acción colonial cargada de racismo, discriminación y exclusión; y cada vez más con mayor rigor contra las personas migrantes, en la mira de las más graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano.
Miles de personas, familias y pueblos transitan por los territorios del sur del país desde sus lugares de origen, huyendo de una violencia para encontrarse con otra, a veces más cruel: la política migratoria mexicana de los últimos tiempos. Políticas y prácticas de humillación, abuso, tortura, explotación y represión, cometidas por el gobierno mexicano para intentar contener el libre tránsito de personas bajo discursos de seguridad nacional, donde quien migra es concebido tácitamente como criminal, enemigo interno y riesgo a una paz que en verdad ni siquiera existe para nadie.
De acuerdo al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), desde el año 2005, el Instituto Nacional de Migración (INM) es considerado una “Instancia de Seguridad Nacional”. Este enfoque de militarización contra las migraciones es el resultado de un creciente interés de los Estados Unidos de Norteamérica por blindar la frontera sur de México. Como un ejemplo de esto, podemos citar al Subsecretario de Asuntos Internos de EEUU, Alan D. Bersin, quien en septiembre de 2011, mencionó públicamente que: “La frontera entre Guatemala y Chiapas es ahora nuestra frontera Sur”. Como otro ejemplo de estas estrategias hemisféricas de securitización contra los cuerpos y los pueblos, denunciamos los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos, donde se evidencia el financiamiento que este último destina al blindaje de nuestra frontera sur; en concreto con los 3.5 millones de dólares entregados a través de la Iniciativa Mérida, presumida como “la frontera del siglo XXI”.
Estas acciones fueron seguidas por una práctica radicalizada durante esta administración de Enrique Peña Nieto, con el Programa “Frontera Sur”, oficialmente puesto en marcha en julio de 2014. El cual ha sido documentado como una política de “cacería de migrantes”, disfrazada con el eufemismo de la protección a los derechos humanos, y criticado incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, de este programa no se tiene información pública y se nos ha sido negada para conocer sus objetivos concretos, presupuestos, gastos y acciones con que ha sido implementado a lo largo de estos dos años.
Lo que sí nos consta es la militarización de nuestras calles, pueblos y carreteras, de la alta tecnología usada para vigilar y perseguir a las personas, así como de la sofisticación y violencia con que se detiene, denigra, humilla y deporta a las personas día tras día, incluso a mexicanos mismos, por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), el cual funciona cada vez más como una instancia de corte militar, estrictamente jerárquico, violento y sobretodo, impune.
Ahora bien, ¿Cuáles han sido los resultados de estas políticas y programas públicos? De acuerdo a cifras oficiales, de octubre de 2014 a abril de 2015, Estados Unidos detuvo a 70,440 personas, mientras que por parte del Estado mexicano fueron deportados 92,889 migrantes en el mismo período. Por su parte, en 2015, México deportó aproximadamente a 150 mil personas migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras principalmente, lo que representa un aumento del 44% respecto al año anterior3, y lo que lo convierte en el máximo “deportador” de personas en el ámbito mundial.
A este endurecimiento se suma la criminalidad de los grupos de la delincuencia organizada que roban, extorsionan, cometen crímenes sexuales y secuestran a las y los migrantes. También se han documentado casos de trata para trabajo sexual así como casos de jóvenes que son obligados a trabajar para el propio crimen organizado. Estos grupos criminales actúan en los territorios bajo la presencia constante y acérrima de las autoridades migratorias y de las corporaciones de seguridad pública; de lo anterior se infiere la participación y responsabilidad de las autoridades del Estado mexicano, que aunque lo nieguen, abundan los testimonios directos de pobladores y víctimas, quienes señalan constantemente tanto la participación directa de funcionarios públicos de todo nivel jerárquico en estos crímenes, como su connivencia, tolerancia e inoperancia para perseguir a los responsables.
Por su parte, desde Chiapas, de dónde venimos, podemos compartir que en esta región del país persiste un contexto de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, siendo el segundo Estado más pobre del país de acuerdo a la CONEVAL, y donde cada vez es más constante la migración interna: nos referimos a las y los trabajadores que dejan sus comunidades en busca de algún ingreso, por ínfimo que sea, en otros estados del país. Entre los destinos más comunes que hemos documentado están la Ciudad de México, donde laboran como obreros o son contratados en diversos comercios; los campos de caña en Veracruz; en actividades turísticas y de servicios en destinos de Yucatán; así como jornaleros agrícolas de grandes fincas en el Noroeste de México, en inhumanas condiciones laborales, constituyendo nuevas formas de esclavitud moderna. En el municipio de Socoltenango, de donde es originaria la familia de Maximiliano, constantemente los jóvenes de las comunidades migran hacia Veracruz y Yucatán para laborar en plantíos de caña y otras fuentes de empleos temporales, alejándose cada vez más de sus familias y sus tierras.
Este es el ignominioso contexto que rodea la historia de la desaparición forzada de Maximiliano Gordillo Martínez, cometida por Agentes de Migración y la policía estatal de Tabasco, cuando se dirigía a Playas del Carmen para trabajar, en conjunto con un amigo suyo.
Como ya se ha compartido en diversas ocasiones, de los testimonios recabados sabemos que en la caseta de migración localizada en Chablé, Tabasco, el 7 de mayo de 2016 agentes de migración detuvieron arbitrariamente a Maximiliano, quienes basándose en criterios racistas y sin ningún sustento, lo señalan de ser guatemalteco en situación irregular en el país, cuando él mismo les acreditaba su origen mexicano con su acta de nacimiento y CURP. Finalmente, lo último que se supo de él es que fue detenido y encerrado por los agentes migratorios en la caseta de Chablé, alrededor de las 22 y 23 horas de ese día, junto con 6 o 7 personas más que iban en el mismo autobús.
A tres meses y medio, las diligencias de investigación en la búsqueda de Maximiliano han sido lentas, insuficientes y superfluas, por lo que no se ha llegado a ningún indicio sobre su localización, encubriendo además a los responsables de su desaparición forzada.
Esta mañana queremos dar a conocer los nombres de los funcionarios del INM responsables de este acto atroz. Como hemos explicado, al interior del Instituto Nacional de Migración las órdenes se rigen y ejecutan bajo una lógica castrense, donde la jerarquización, la sumisión y la obediencia son valores fundamentales para sus superiores jerárquicos, haciendo que la cadena de mandos tenga una relevancia muy particular para desentrañar la responsabilidad en todas sus operaciones. Es así que a partir de una serie de análisis y constataciones a las que hemos tenido acceso directamente como organizaciones de la sociedad civil, hacemos pública una relación de funcionarios del INM implicados de una u otra forma en este crimen de estado:
Como ya lo dimos a conocer hace dos semanas en Villahermosa, Tabasco, los agentes directamente responsables del punto de Revisión de Chablé, Tabasco en el momento de los hechos son: Rubén Silva Silva, Agente Federal de Migración “C”, y Oscar Benjamín Castillo Pavón Carbonell, Coordinador de Unidad de Áreas de Servicios Migratorios, entre otros varios agentes migratorios y de la policía estatal de Tabasco, que nos han sido ocultados hasta el día de hoy por parte del gobierno.
A la cabeza del INM desde enero de 2013, el comisionado Ardelio Vargas Fosado, mantiene un estricto y rígido control de sus subalternos, por lo que todo aquello ejecutado por cualquier agente migratorio, es responsabilidad directa suya. Sin embargo, Ardelio Vargas ha sido señalado en reiteradas ocasiones por solapar y dejar impunes diversos delitos que son cometidos por funcionarios a su cargo de manera cotidiana en los últimos años. Además, entre su obscuro pasado como operador en materia de seguridad e inteligencia nacional, se le responsabiliza de los actos cometidos en las represiones violentas de San Salvador Atenco, Estado de México, y en Oaxaca en 2006, así como posteriormente en su natal Puebla, siguiendo una línea dura de corte militar bajo el diseño y formación norteamericano de “estrategias proactivas de seguridad”, señaladas por especialistas en la materia por provocar graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población.
Igualmente como cabeza del INM en Tabasco, hacemos responsable de este delito a Eduardo Silvestre Hernández Dighero, Delegado Federal del INM en dicha entidad. Persona que ha sido señalada de corrupta, violenta, y por casos de acoso sexual, todo esto al interior mismo del INM de Tabasco, además que se ha jactado de gozar de impunidad bajo el cobijo de personas allegadas a Enrique Peña Nieto y Ardelio Vargas. En la misma línea, según fuentes internacionales a las que hemos tenido acceso, se le señala como una persona formada en los servicios secretos y en seguridad nacional, con entrenamiento en Estados Unidos, y en conjunto con Ardelio Vargas, por lo que podemos inferir que el control que tuviese sobre el territorio a su cargo, es absoluto.
En el ámbito federal, al interior del INM, de los operativos migratorios y de la impunidad que reina hoy en día al interior del Instituto, son igualmente responsables Mario Madrazo Ubach, Director General de Control y Verificación Migratoria; Seguismundo Doguin Garay, Director General de Coordinación de Delegaciones; y César Larriva Ruiz, Titular del Órgano Interno de Control; entre otros.
En la Delegación de Tabasco del INM, tienen responsabilidad sobre este crimen, Marco Antonio Cuellar García, Subdelegado Federal en Tabasco; Santiago Castro Rodríguez, Delegado Local en Tenosique; Carlos Lara Pulido, Subdirector de Control y Verificación Migratoria de Tabasco; Cyndi Carolina Escobar Vera, Subdirectora de la Estación Migratoria en Tenosique, Tabasco; Lorena del Carmen Hernández Ramón, Jefa del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia en Tenosique, Tabasco; entre otros.
Ante todo este panorama, como organizaciones de derechos humanos, en conjunto con la familia, llamamos urgentemente a la solidaridad nacional e internacional para exigir la inmediata presentación con vida de Maximiliano Gordillo, y de la investigación exhaustiva contra los responsables; entre otras acciones, les invitamos a firmar y difundir la acción urgente en el portal Avaaz, y a compartir ampliamente la historia de Maximiliano.
¡Porque no podemos aceptar una persona desaparecida más en el país! ¡Ni una más!
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2208/mexico/agentes-de-migracion-participaron-en-desaparicion-forzada-en-tabasco-ong/