En estas instalaciones el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) tiene la obligación de rehabilitar a 108 jóvenes que, al corte del 15 de julio, están presos por cometer homicidio, secuestro, o extorsión, o robo con violencia.
Dos riñas ocurridas en mayo pasado en la comunidad de San Fernando, donde hubo varios internos lesionados y uno de los menores perdió un ojo, han dejado en evidencia tres cosas: décadas de abandono institucional cuando se trata de políticas para reinsertar a estos jóvenes a la sociedad; que las estructuras de poder existentes en centros penitenciarios para adultos se reproducen acá y carencia de herramientas y personal para lograr una adecuada reinserción de estos jóvenes problema.
De acuerdo con datos oficiales, de los 125 millones de pesos (mdp) que recibió en 2016 la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA) del Gobierno del CDMX, 32 mdp (alrededor del 25% del presupuesto) se prevé que sea para la manutención de los jóvenes y el mantenimiento de las instalaciones que albergan los seis centros de internamiento operantes en la CDMX; los 90 mdp restantes (75% del presupuesto) serán ‘absorbidos’ en el pago de sueldos y prestaciones para los funcionarios de la institución.
Partidas clave como la compra de útiles educativos, medicinas, artículos deportivos y materiales como madera, utilizada en los talleres de carpintería donde se les enseña un oficio a los jóvenes infractores, están en cero. No se les otorgó ni un solo peso.
Por otro lado, no hay presupuesto para contratar a personal cualificado para trabajar en la reinserción de los jóvenes. Según datos oficiales al corte del 15 de julio, sólo había cuatro psicólogos para los 214 internos de las seis comunidades. Esto es, en promedio, un psicólogo por cada 53 jóvenes.
En un informe elaborado por la DGTPA, entregado el pasado lunes 25 de julio a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), la dependencia solicitaba que por lo menos se contratara a 30 psicólogos más para las comunidades, y otros 14 para atender a los 324 jóvenes que enfrentan su proceso en libertad bajo medidas como acudir a terapias y realizar trabajos comunitarios.
En San Fernando, la comunidad más poblada con 108 jóvenes, no hay un solo psicólogo para dar un seguimiento individualizado a los internos, por lo que la DGTPA pide que se contraten por lo menos 11.
En cuanto a los terapeutas, psicólogos especializados en terapias grupales y que cuentan con estudios superiores de maestría, en San Fernando hay tres para 108 internos (uno para 36). La DGTPA solicita la contratación de por lo menos nueve más.
Además, los custodios que se encargan de la seguridad de los centros, 185 para las seis comunidades, son Policías Bancarios de la CDMX. Lo cual, a pesar de contar con capacitación en derechos humanos y tener un protocolo para el trato con los adolescentes, ha generado relaciones nocivas con los internos, reconocen funcionarios de la DGTPA.
Tras las dos riñas de mayo, la DGTPA despidió a 40 funcionarios e interpuso 26 denuncias contra servidores públicos, la mayoría custodios, por permitir introducir a las comunidades sexoservidoras; “objetos prohibidos” como celulares, tabletas electrónicas, desarmadores y drogas como hachís o mariguana.
El despido de estos funcionarios generó reacciones negativas entre los integrantes de la Comisión de Reclusorios de la ALDF, que públicamente criticaron la medida, por lo que pidieron a la Secretaría de Gobernación de la CDMX, cabeza de la DGTPA, el cese de lo que llaman “hostigamiento laboral”.
Desde entonces, las críticas para los funcionarios de la DGTPA arrecian:
Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), reconoce que aunque el deterioro de los centros de internamiento no es nuevo –tienen recomendaciones acumuladas desde 1995-, la situación que se ha agravado en el presente año, pues la instancia a su cargo ha recibido 69 quejas por violaciones a derechos humanos en las seis comunidades de internamiento para adolescentes.
Lo cierto es que la situación que actualmente impera en los centros va más allá de dos riñas y de autoridades que sin personal y recursos se enfrentan a una problemática añeja. Fruto de una política fallida son las paupérrimas condiciones en las que opera la comunidad de San Fernando y las estructuras de poder existentes entre jóvenes y guardias.
Animal Político constató en un recorrido en San Fernando que hay internos denominados “padrinos” que mantienen el control y el orden en algunos dormitorios a cambio de “privilegios”, como tener más pantallas de televisión, calzado deportivo y comida.
“Cicatrices de batalla”
Abel se pone en guardia ante la inesperada visita de extraños. Se levanta de la litera de este dormitorio del patio 1 de San Fernando, le baja el volumen al estéreo de donde salen letras de Gangsta Rap, y farfulla alguna maldición entre dientes.
-¿A qué vienen aquí? –pregunta hosco el joven de unos 18 años cuyo verdadero nombre está protegido por el anonimato, mientras se envuelve en una cobija ocultando la ‘charrasca’ que lleva en el hombro; unas abultadas cicatrices que algunos internos se hacen con la cuchilla de un sacapuntos a modo de ‘tatuaje’, para granjearse el estatus del ‘corregendo’ que ya estuvo en la correccional.
Jaime, uno de los ‘operadores de vida cotidiana’ cuya función es servir de orientador para los jóvenes, encoge los hombros y sonríe, como si ya esperara la pregunta.
-Pues aquí trabajo, mijo. Perdón si te molesta –le contesta algo sarcástico.
Abel tensa la mandíbula. Se acomoda de nuevo la cobija para taparse desde el cuello hasta los pies, y se sienta en una de las literas vacías para clavar los ojos en los extraños que lo incomodan.
Frente a él, la imagen de una Santa Muerte trazada al carboncillo en la pared observa con una sonrisa descarnada a Jaime y a los otros cuatro funcionarios que caminan hasta el centro del dormitorio.
Abel tiene privilegios. Por ejemplo, a diferencia del resto de las literas, la suya está cubierta con lonas para impedir que los policías bancarios que custodian la comunidad metan las narices en sus asuntos. Además, tiene más tenis de los permitidos. Incluso, el altar repleto de ofrendas a la Santa Muerte no está autorizado.
Abel es un ‘padrino’. Una especie de jefe que controla los dormitorios de su zona.
Dos compañeros de Abel entran en la habitación. Saludan de mano a todos los funcionarios y uno de ellos les pregunta con una sonrisa cándida que cuándo van a tener de nuevo “un celular” para hacer sus llamadas.
Desconcertada, una de las funcionarias que acompaña a Jaime niega con la cabeza.
-Eso ya no está permitido –le contesta-. Sólo se puede hablar por el teléfono de la comunidad.
La funcionaria niega que sea habitual que los internos tengan celulares, aunque admite que hace unos meses era un privilegio común.
-Antes había cuatro celulares comunitarios que las familias recargaban desde afuera –explica-. Se supone que los tutores que trabajan con los chavos hacían los enlaces, pero no había control.
La mujer encoge los hombros.
-Imagínate, con esos celulares llamaban a quien fuera. Podía ser a sus familias o parejas. Pero también podían usar el celular para hacer extorsiones o secuestros virtuales.
Los orientadores salen del dormitorio. Abel prende de nuevo la música a todo volumen y los observa altivo marcharse.
“Las señales en mi cara son cicatrices de batalla –fluye el Rap a través del estéreo -. Este perro callejero muerde y ladra”.
Otra realidad
En otro cuarto del patio 2, el cuadro es muy distinto. El barracón tiene las mismas paredes desconchadas y baños en malas condiciones; situación endémica en San Fernando y en otras comunidades. Aquí no hay literas cubiertas con lonas que delimiten cotos de poder, no hay altares a la Santa Muerte, y por las ventanas se filtran los rayos del mediodía sin que lonas de felpa lo impidan. Incluso, el aire que se respira es más liviano.
En este dormitorio no hay privilegios, presume Jaime apuntando con la barbilla a los cuatro jóvenes que entraron al cuarto, para explicar que la estrategia es “aislar lentamente a los ‘padrinos’”.
-Estamos eliminando las estructuras de poder, pero con estos chavos hay que ir poco a poco –recalca-. En un mes no puedes cambiar prácticas de hace 60 años, porque puedes tener problemas serios.
Jaime no lo dice explícitamente. Pero algunos de esos problemas sucedieron en mayo, cuando en apenas seis días estallaron dos intentos de motín en San Fernando.
Décadas de abandono
Martín, otro ‘operador de vida cotidiana’ quien pide anonimato, opina en cambio que tanto los motines de mayo, como todo lo que se muestra en este recorrido por San Fernando –instalaciones ruinosas, privilegios, estructuras de poder- son el resultado de “décadas de abandono” de las autoridades y no de una crisis súbita.
Por ejemplo, dice, además de la falta de psicólogos, terapeutas, y de talleristas que enseñen a los internos oficios como la carpintería, no hay suficientes ‘operadores de vida cotidiana’, quienes resultan clave para mantener el control de los dormitorios y que éste no recaiga en el ‘padrino’.
En este sentido, aunque el promedio de operadores por interno en las comunidades no es tan bajo, 47 para 214 (1 por cada 5), la DGTPA señala en su informe que esta plantilla solo alcanza para cubrir los turnos de mañana. Por lo que en las tardes las labores de reinserción de los jóvenes recaen en organizaciones civiles como Reinserta, y sobre todo en los policías bancarios.
-En una comunidad hay autoridad que se debe respetar, hay responsabilidades y obligaciones –expone Martín-. En cambio, los de seguridad sólo hacían alianzas con los chavos para tenerlos tranquilos y que no molestaran, y para que fueran a sus talleres y a la escuela.
Y como consecuencia, dice el funcionario, la labor de los talleristas, pedagogos, y de los operadores de vida cotidiana, se vio emborronada por esos “acuerdos” entre policías y ‘padrinos’.
-Había chavos que comían en el mismo espacio que los policías –tercia ahora Jaime-. Y en una comunidad donde tener más tenis que el resto te da un estatus superior, esto generaba que el joven se empoderara frente a la autoridad y frente a quienes trabajamos con ellos.
-U otro privilegio era el ‘pase extra’ –añade-, que consistía en conceder que pasara una sexoservidora a la comunidad para que el joven tuviera relaciones sexuales en el comedor con el permiso de algunos policías.
Posterior al recorrido, y ante los señalamientos expuestos por los funcionarios entrevistados, Animal Político buscó a la Dirección General de la Policía Bancaria de la CDMX para conocer su postura, pero ésta no ofreció respuesta alguna.
“Háganle como puedan”
La última parada del recorrido por los dormitorios de San Fernando antes de visitar los pocos talleres que siguen en funcionamiento, como los de carpintería y serigrafía, es el cuarto de Miguel; un joven de baja estatura, mandíbula prominente y músculos fibrosos.
Miguel está próximo a quedar libre tras varios años de condena, comenta Jaime. Y aunque eso debería ser una buena noticia, el funcionario dice que están preocupados porque afuera ningún familiar lo espera, ni tampoco recibirá seguimiento de ninguna autoridad porque no hay políticas públicas para ello.
Básicamente, su único chance serán las pocas organizaciones civiles que trabajan específicamente con este tipo de jóvenes, aunque otro problema es que muchos de ellos no quieren recibir ayuda, por lo que sin una “guía” afuera que los oriente, el riesgo de reincidir es alto.
-En realidad, existe un abandono múltiple de estos chavos –reflexiona Jaime, quien comienza a enumerar sus argumentos.
En primer lugar, muchos de los internos vienen de familias en las que la madre es la cabeza “porque el padre los abandonó”, plantea. En segundo, las familias se desentienden del proceso de reinserción del joven.
“Simplemente llegan, nos depositan al joven, y sólo vienen los fines de semana a comer con él”. En tercero, existe un abandono del Estado, “porque no inyectan recursos para mejorar las instalaciones, ni para contratar personal, ni para generar políticas públicas de reinserción y de seguimiento”.
Y cuarto, también hay un abandono de la sociedad civil. Porque hay organizaciones que tienen “criterios de inclusión y exclusión”. Y cuando se trata de jóvenes que estuvieron presos por homicidio, secuestro o extorsión, “los excluyen” de sus programas.
Tras la reflexión, Jaime admite que sí hay una crisis en las comunidades para adolescentes en conflicto con la ley, pero no solo por los motines de mayo, sino por toda una falla sistémica que lleva años sin ser atendida y sin que nadie le preste atención.
-Cuando las autoridades encargadas o los familiares de estos chavos llegan aquí, nos los dejan, y nos dicen: háganle como puedan – concluye el funcionario apuntando con la barbilla al patio donde ocurrieron las riñas de mayo, mientras que algunos pedazos de pared se desmoronan en el piso producto de la corrosiva humedad del inmueble.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANUEL URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/falla-reinsercion-menores-infractores-cdmx/