Es el mayor golpe recibido por el gobierno, pero varias organizaciones sociales estiman que el fallo es insuficiente y no protege a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y comercios, lo que puede provocar más cierres, más despidos y más inflación.
Efectivos policiales llegaron en la tarde de este jueves con una orden de allanamientro del juez federal Luis Rodríguez al Ministerio de Energía, en esta capital, en el marco de la causa iniciada contra su titular, Juan José Aranguren por la compra de gas a Chile a precio mucho más alto que el que pagaba Argentina a Bolivia.
Aranguren, quien es accionista de la transnacional petrolera Shell, lo que es incompatible con su cargo actual, fue denunciado por los diputados del Frente para la Victoria (FpV) Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes lo acusaron de beneficiarse y beneficiar también a esa empresa con las compras a Chile que no produce gas. El ministro permitió acceder a los documentos que se buscaban.
En su fallo la Corte Suprema determinó que en relación a la “división de poderes y funciones” corresponde al Ejecutivo la fijación de tarifas y la implementación de la política energética; al Legislativo determinar el marco regulatorio general de la materia y las facultades tributarias, y al Poder Judicial “controlar si las tarifas se ajustan a la Constitución y la ley y su razonabilidad”.
La resolución de la Corte no alcanzó a las Pymes, comercios, industrias y otros que deberían pagar 500 por ciento de aumento, pero deja abierta la posibilidad de que puedan presentarse judicialmente, como ya lo anunciaron pidiendo amparos y cautelares contra la medida.
Dirigentes de las Asambleas de las Pymes advirtieron que si no se modifican las tarifas se pueden perder miles de fábricas y puestos de trabajo. Destacaron que “el fallo constituye en sí mismo un avance sobre la situación precedente” para los usuarios residenciales y al sostener la tarifa social, pero alertaron a que ante el actual contexto de recesión, caída de la actividad, disparada de la inflación e ingreso de importaciones, “la vigencia de un aumento como los que dispuso el Ejecutivo en las tarifas, resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios”.
“El límite de 500 por ciento con retroactividad del cobro de facturas sigue resultando desproporcionado y confiscatorio”, señalaron y advirtieron que dada las condiciones son “los eslabones más débiles de la cadena los que sufran las peores consecuencias”.
Avalaron el dictamen de este miércoles de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó quien señaló que “el acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas, en especial, las pequeñas y medianas, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”.
Estas empresas representan más de 90 por ciento del total y generan 80 por ciento del empleo en Argentina. “Dejar instalada la inseguridad jurídica sobre el valor de las tarifas para este sector equivale a decretar el cierre de miles de empresas, suspensiones y despidos de trabajadores, situación que sin duda agravará la crisis ya existente”, alertaron las Pymes. En este caso buscarán la forma de “impulsar un proceso colectivo que ampare al sector”.
Por otra parte, en la sentencia de la Corte Suprema se advierte que el reajuste que pueda haber en el futuro debe mantener el “criterio de gradualidad” y evitar una tarifa “confiscatoria”.
Más aún, establece que el Estado “debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables”.
Otro punto importante es un reclamo al Congreso sobre la necesidad de “dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación”.
En su primera reacción, el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunció que se deberán regresar las tarifas que se cobraban antes del 31 de marzo pasado, y que en cumplimiento del fallo estaría llamando de inmediato para celebrar la audiencia pública en unas tres semanas.
Por su parte, Aranguren dijo que “ahora ya sabemos lo que debemos hacer” y adelantó que tomarán la misma medida para el caso del tarifazo en la electricidad, lo que fue otro anuncio importante.
Peña aclaró que los usuarios residenciales que hayan pagado facturas con el incremento anulado por la Corte “tendrán una nota de crédito por la diferencia y una nueva factura acorde al fallo judicial”, pero planteó que ante este fallo el gobierno podría recurrir a fondos como los destinados a la “obra pública”, lo que fue utilizado en los últimos días como una amenaza, especialmente para los gobiernos de las provincias.
En tanto, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, que falló contra la aplicación del tarifazo el 8 de julio pasado, calificó de “importante” la decisión de la Corte Suprema de anular el incremento en el gas, aunque advirtió sobre las consecuencias por no haber incluido a las Pymes que “se ven obligadas a pagar los aumentos, lo que va a producir despidos”.
A su vez, el senador y ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, del FpV, sostuvo que “el gobierno se ha topado con la realidad. Algo que se hace contra el sentido común, contra la jurisprudencia, contra las más mínimas cuestiones que hacen al buen funcionamiento estatal solo podía tener un resultado como éste, que es malo para todos”.
Consideró que la gestión de Macri debiera “aprovechar” el fallo de la Corte para “dejar de lado la soberbia” y recomendó al ministro de Energía, Juan José Aranguren, que escuche “a los que saben del tema” porque hay que contemplar “el impacto que esto tiene sobre la vida de la gente”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: STELLA CALLONI.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/18/corte-argentina-anula-tarifazo-de-gas