La organización internacional y 5 des sus socios en México exhortaron a México a crear un organismo de investigación internacional, con el poder para investigar los crímenes atroces y la corrupción a través de su informe “Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México” que se presentó esta mañana en la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) y que recuerda casos como Ayotzinapa, Guerrero; Tlatlaya, Estado de México y San Fernando, Tamaulipas que señala como lugares de México que son conocidos “por las atrocidades que allí ocurrieron, y sus casos probablemente considerados como las heridas más emblemáticas del país”.
El informe fue construido por organizaciones mexicanas independientes de derechos humanos locales que son socias de OS y aportaron su conocimiento y expertiz: La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), demuestra que existen “fundamentos razonables” para considerar que tanto las fuerzas gubernamentales de México, como el cártel del narcotráfico de los Zetas han cometido, a lo largo de la última década, crímenes de lesa humanidad contra la población civil.
Igual que los casos antes señalados, dicen, hay muchas otras localidades como Ojinaga, Allende y Apatzingán que no han quedado exentas del dolor. Se han cumplido ya nueve años desde que el gobierno de México desplegó por primera vez a las fuerzas armadas federales para luchar contra el crimen organizado, lo que no ha cesado el sufrimiento de la población civil que enfrenta asesinatos, desapariciones y torturas perpetradas tanto por los cárteles como por las fuerzas federales (que supuestamente debían luchar contra estos) y que persisten en el presente, afirman.
El gobierno debe actuar sin demora para reconocer la gravedad de la situación, exigen, y debe iniciar medidas urgentes y extraordinarias, que incluyan la invitación a la ayuda internacional a fin de garantizar procesos de investigación y procesos genuinos e independientes, lo que constituye un elemento central de la investigación independiente que analiza “el crimen a escala nacional” entre diciembre de 2006 y diciembre de 2015, e incluye investigaciones in situ sobre los obstáculos de acceso a la justicia en Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, y Querétaro.
El documento sintetiza y analiza una amplia gama de información existente, a la vez que da a conocer – mediante el uso de las solicitudes enmarcadas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y sus correspondientes leyes locales – nuevos datos sobre “crímenes atroces”, responsabilidades penales internacionales y las causas de impunidad. Asimismo, ofrece un análisis profundo de los crímenes de lesa humanidad cometidos en México a través del examen de las actividades de las fuerzas de seguridad federales desplegadas de forma extensa en el territorio mexicano desde diciembre de 2006. Incorpora también el examen de estos crímenes (algunos de los peores actos de violencia jamás vistos en México) cometidos por un actor no estatal “el cártel de los Zetas” explican.
Detallan que aunque las organizaciones que participan en el informe han enviado comunicaciones formales a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para urgir que se inicie una investigación en México, el objetivo de este informe, explican, es que los autores de estos crímenes atroces puedan ser enjuiciados “con todo el peso de la ley”, independientemente de su origen, en su propia jurisdicción, esto es “especialmente importante si se considera que esta violencia es perpetrada por las fuerzas de seguridad del Estado, cuyo deber es combatir el delito, no cometerlo” señalan.
Reconocen que si bien es cierto que de acuerdo con el derecho internacional, México tiene la
obligación primaria de investigar y enjuiciar los crímenes atroces, responsabilidad confirmada en virtud de la ratificación del gobierno mexicano del Estatuto de Roma en 2005 (que creó laCPI), también lo es que la CPI, con sede en La Haya, nunca podrá igualar las ventajas de proximidad, la amplitud de las investigaciones o el impacto perdurable sobre el desarrollo del estado de derecho que pueden brindar los procedimientos internos.
INFORME COMPLETO
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/indudable-que-las-atrocidades-son-un-fenomeno-generalizado-en-mexico-open-society-y-ongs/