Resulta imperativo legislar a favor de las víctimas y sus familiares, porque “merecen que se conozca la verdad de los hechos y que el Estado les brinde justicia” , esta iniciativa será uno de los pilares de los mecanismos para combatir la impunidad “que tanto ha dañado a la sociedad” dijeron ayer en Sesión Pública de la Comisión Permanente del Senado de la República sobre los normalistas.
“Hoy nadie puede negar que el derecho a la verdad es también un derecho humano y su garantía representa una obligación para el Estado que debe otorgar a todas las personas por igual” agregaron, para lo que se requiere saber la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
El informe semestral presentado ayer por la comisión especial de la Cámara de Diputados asignada a dar seguimiento a las investigaciones en torno a la desaparición de los normalistas, fue calificado de “burocrático” por la diputada Araceli Damián González, ya que dijo, se limita a referir las entrevistas con funcionarios, así como con los representantes legales de la empresa Estrella Roja del Sur.
Por su parte, el Diputado Damián González señaló que el informe tiene faltas, entre ellas un balance crítico y puso como ejemplo que no se ha podido entrevistar a los integrantes del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, así mimo que se incluya una opinión de la comisión sobre esto así como de la negativa a ampliar las investigaciones y de la “manipulación de las distintas escenas de los hechos” en conclusión, dijo, “Parece que todo va bien en la comisión, pero no es así: no avanza ni da resultados’’, acusó.
En el Senado, reconocieron que el trabajo hecho y por hacer a favor de las víctimas, ha surgido como “respuesta frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte del Estado” y agregaron que el atraviesa por una “crisis estructural de justicia” que debe ser motivo de preocupación y seguimiento urgente por parte del gobierno, como ejemplo pusieron los hechos ocurridos estos últimos meses en los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México.
El 26 de septiembre de 2014, seis jóvenes fueron asesinados y 43 desaparecidos, todos ellos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en la localidad de Tixtla, Guerrero. Fueron atacados por policías locales y presuntos grupos armados que dispararon en contra de los estudiantes, así como contra un autobús en el que se trasladaba el equipo de fútbol de tercera división Los Avispones de Chilpancingo (Guerrero), de inmediato el caso dio la vuelta al mundo por el hecho en sí; así como por las inconsistencias, omisiones y deficiencias en las investigaciones hechas por el gobierno sumándose a los casos que evidencian la crisis de derechos humanos en México.
Por lo anterior, organizaciones e instancias nacionales e internacionales incluida la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó en octubre del mismo año la desaparición y violencia de la que fueron víctimas los normalistas y definió el caso como uno de los hechos más terribles de todos los tiempos, por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado en reiteradas ocasiones, al Estado mexicano, aplicar las medidas de protección necesarias para los desaparecidos aunque también ha participado de manera activa en las investigaciones. El caso sigue siendo uno de los focos de atención nacional e internacional por la exigencia de justicia.
Con información de La Jornada
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/informe-burocratico-de-diputados-sobre-ayotzinapa/