En lo que va del año han asesinado a ocho periodistas, dos de ellos fueron ejecuciones extrajudiciales. Además, durante el primer semestre se documentaron 218 agresiones contra la prensa, de las cuales 149 se dieron entre abril y junio; esos ataques han quedado en total impunidad, advierte.
“La impunidad que penetra a México, particularmente en lo que respecta a las agresiones contra la libertad de expresión, convierte al país en uno de los más letales para la prensa. Un aumento de tal magnitud en el número de agresiones sólo se explica por la falta de una política de protección y de acceso a la justicia efectiva, así como a la carente rendición de cuentas del Estado respecto a los responsables de estas agresiones”, dijo Ana Ruelas, directora de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica.
De acuerdo con la organización la libertad de prensa en México sufre “paulatinos y constantes retrocesos que transgreden los derechos a la información y a la libertad de expresión. Las agresiones contra la libertad de expresión son cada vez violentas y derivan en situaciones donde se requieren más instrumentos para la defensa”.
Por entidad, la Ciudad de México –que gobierna Miguel Ángel Mancera Espinosa– es el primer lugar de agresiones contra la prensa con 31 casos. Le siguen Veracruz, con 28; Oaxaca, con 27; Guerrero, con 17; y Puebla, con 15 .El informe detalla que en lo que va del presente año los asesinatos a periodistas superaron ya a cualquier otro periodo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Incluso, explica, los 24 homicidios de la administración priista supera los ocurridos durante el sexenio del ex Presidente Vicente Fox Quesada, donde fueron asesinados 22 reporteros.
El número de homicidios a periodistas, dice la organización, ya superó al documentado durante todo 2015 “en apenas los primeros siete meses de este año”. Artículo 19 enfatiza que el informe de este trimestre pone especial atención en la falta de respuesta por parte del Estado a las agresiones.
“La denegación sistemática de justicia, la estigmatización pública y la revictimización se expone en medida especial en el caso de Salvador Olmos, asesinado el 25 de junio por parte de la policía municipal de Huejuapan de León, Oaxaca, en contexto de las protestas magisteriales en el país”, dice el documento.
SERVIDORES PÚBLICOS AGRESORES
Contrario al discurso oficial de las autoridades, en el que afirman que la mayoría de las agresiones y violaciones a derechos humanos provienen de la delincuencia organizada, Artículo 19 documentó durante el primer semestre de este año 100 agresiones perpetradas por servidores públicos, frente a sólo siete provenientes de grupos criminales.
Por tipo de agresión son las físicas y materiales las de mayor registro durante el semestre con 46 casos. Les siguen las intimidaciones, con 37; las amenazas, con 35; las privaciones de la libertad [que incluyen a las conocidas como “encapsulamientos” o “retenciones”], con 32, y ataques a medios de comunicación, con 16.
“De esta cuenta, preocupa de manera especial a ARTICLE 19 las dos ejecuciones extrajudiciales registradas en el primer semestre del año, que vuelven a señalar al Estado mexicano como responsable de la forma más extrema de censura, los asesinatos de periodistas. Es decir, el Estado se convierte en el protagonista directo en la persecución y eliminación física de quienes pretenden ejercer su derecho a la libre comunicación de ideas e información. En este sentido, la actuación violenta de las policías municipales de Huajuapan de León y de San Andrés Huaxpaltepec, ambos municipios de Oaxaca, en los casos de Marcos Hernández y Salvador Olmos, respectivamente, obliga a las autoridades mexicanas no sólo a emprender procesos de depuración de la responsabilidad penal, sino también adoptar medidas preventivas para evitar la repetición de hechos similares, como pudiera ser la revisión de las políticas de seguridad local que se están desarrollando, la supervisión de su funcionamiento y efectividad, así como el monitoreo permanente de las capacidades y aptitudes del personal que integra los cuerpos policiales locales”, establece el informe.
La violencia contra periodistas y comunicadores aparece nuevamente focalizada en aquellas entidades federativas tradicionalmente más peligrosas para el trabajo informativo.
“Los tres asesinatos en Veracruz (Anabel Torres Salazar, Manuel Torres González y Pedro Tamayo Rosas), por su parte, ocurrieron en el habitual clima de violencia generalizada de aquel Estado, que en una dialéctica permanente de luchas y alianzas con el crimen organizado ampara un creciente número de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas con casi total impunidad. Es necesario recordar que el sistema de ‘Alerta temprana para protección de periodistas en Veracruz’, impulsado por la Segob [Secretaría de Gobernación] y por el Gobernador [Javier] Duarte, sigue siendo un mecanismo que dista mucho de ser eficaz en la prevención y punición de ataques a periodistas”, indica.
El informe enfatiza en que la actuación “pasiva” de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), debido a que sólo en dos investigaciones–la de Elidio Ramos Zárate y de Anabel Torres Salazar– se manejó la línea de la libertad de expresión como móvil del asesinato.
“La FEADLE se ha mostrado absolutamente pasiva en todos ellos, desobedeciendo su mandato de prevenir, perseguir y sancionar los delitos cometidos en contra de los periodistas. Es necesario denunciar que las autoridades se muestran inoperantes a la hora de identificar y perseguir a las personas responsables, como en los asesinatos de Anabel Flores, Elidio Ramos, Manuel Torres y Francisco Pacheco. Más grave aún, en dos de estos casos las autoridades criminalizaron a las víctimas para explicar sus muertes, en términos de supuestos vínculos con redes delictivas, en el caso de Anabel Flores, o de presuntas actividades de delincuencia común, acompañada de la estigmatización por adscripción ideológica, forma de vestir y supuestos hábitos de consumo, en el caso de Salvador Olmos”, señala.
Artículo 19 alerta en su informe sobre el patrón de encubrimiento de la autoridades y la justificación de la violencia ejercida contra los periodistas, al ligarlos a “categorías sociales consideradas peligrosas”.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
La organización destaca la utilización del sistema judicial y administrativo para atacar a los medios de comunicación y a los periodistas, principalmente a través del retiro de la publicidad oficial, si se publica información incómoda los gobiernos y ejemplifica con el caso del diario digital A Fondo, en el Estado de México, el cual ha “sido objeto de todo tipo de presiones gubernamentales” por su cobertura sobre los feminicidios que se dan con frecuencia en la entidad.
En el primer semestre se registraron 11 casos de violencia institucional, de los cuales siete han sido dirigidos contra los medios de comunicación y cuatro contra periodistas en particular. Por tipo de medio se ha documentado que cuatro son digitales, cuatro radiofónicos y tres impresos. Los perpetradores son las instituciones públicas en 10 casos (seis federales y cinco estatales) y en uno fue particular.
“La violencia institucional tiene diversas manifestaciones específicas tales como la judicialización y su extremo, la criminalización; el acoso administrativo; y el retiro o negación arbitrarias de la pauta de publicidad oficial. Mediante todas estas variables diversos actores estatales o privados pretenden inhibir a medios y periodistas que realizan coberturas que pueden resultarles incómodas para sus intereses”, dice el informe.
Artículo 19 recuerda el caso de la periodista Sanjuana Martínez, quien enfrenta un proceso civil iniciado en su contra por Jesús Ortega Martínez, el líder de la “tribu” o expresión Nueva Izquierda (NI) o “Los Chuchos” del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en donde, indica, se violó el debido proceso.
La organización recordó el caso de Gabriel Ortega, periodista del medio Por la Libre en Chihuahua capital, quien fue detenido, incomunicado y sujeto a proceso por la supuesta comisión del delito de editar información contenido en el artículo 333 del Código Penal de Chihuahua. “El delito además de ser abiertamente violatorio de la libertad de expresión per se, fue utilizado de manera arbitraria para castigar a Ortega por la publicación, el 11 de septiembre de 2015, de una nota sobre cheques del Secretario de Salud, Pedro Hernández vinculados a tráfico de influencias del gobernador César Duarte y su esposa. Poco tiempo después publicó otra nota sobre la factura de un reloj que fue presuntamente regalado por Hernández a la esposa del Gobernador. Sin embargo, Gabriel Ortega, también entonces candidato de Morena [Movimiento Regeneración Nacional] a diputado suplente por el distrito XVI local, había increpado una semana antes de su detención al candidato del PRI a la gubernatura por su papel protagónico como Presidente del Congreso local en el endeudamiento de la entidad”, dice.
El informe señala que tanto el caso de Sanjuana, como el de Gabriel Ortega, genera “serias dudas” sobre la imparcialidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Poder Judicial de Chihuahua.
“Además, es un botón de muestra del uso político de las fiscalías para imputar falsos delitos a voces disidentes. Las violaciones al debido proceso en ambos han sido tan burdas, que son pocas las probabilidades de que se deban a un simple error de los funcionarios ministeriales y judiciales”, indica.
El documento rescata lo casos de la indemnización que le impuso el Juez de Primera Instancia Civil en Campeche al consorcio Multimedios que edita el periódico La Opinión. El embargo al periódico Noroeste y la agresión a Estrella Pedroza, reportera de El Regional del Sur y corresponsal de La Silla Rota, quien fue agredida por policías del Mando Único de Cuernavaca, cuando ella los grababa con su celular agrediendo verbal y físicamente a un taxista de la capital de Morelos.
Durante el primer semestre de 2016 la organización documentó 35 amenazas de distinta índole. Once de ellas de muerte, como el caso contra Jorge Sánchez, director del periódico La Unión de Medellín del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, e hijo del periodista asesinado Moisés Sánchez Cerezo, aún y cuando es beneficiario del Mecanismo Federal de Protección desde enero de 2015.
“Sin embargo, el contexto y particularidad de cada una de las amenazas reflejan la complejidad y situación de riesgo con la que conviven periodistas, reporteros y trabajadores de los medios de comunicación a lo largo de todo el país. La Ciudad de México es la entidad federativa que suma el mayor número de amenazas con siete, le sigue Guerrero con seis y posteriormente Veracruz con cinco. Es importante mencionar que estos dos últimos estados se encuentran en un contexto electoral, de protestas civiles y de asesinatos contra periodistas y personas que ejercen una labor periodística”, indica Artículo 19.
De la agresiones 11 fueron amenazas de muerte, de las cuales seis se dieron a través de las redes sociales, dificultando el rastreo de los agresores. 42 por ciento del total de las agresiones ocurrieron, presuntamente, por parte de funcionarios públicos (11) o miembros de partidos políticos (cuatro).Las amenazas provenientes de particulares fueron 11.
“Tal es el caso de Mario Gómez, corresponsal del Heraldo de Chiapas en Yajalón, Chiapas, quien fue amenazado el día 15 de junio vía redes sociales por el chófer de los diputados del Partido Verde Ecologista de México [PVEM]. Otro caso relevante es el de José Maldonado, director del medio digital Noventa Grados de Morelia, Michoacán quien fue amenazado de muerte por elementos de la PGJ del estado”, revela.
ATAQUES A PERIODISTAS QUE CUBREN PROTESTAS
La organización documentó durante el primer semestre del año 43 agresiones contra la prensa en contextos de protesta social: 18 en Oaxaca, 10 en Tabasco, cuatro en Ciudad de México, tres en Veracruz, dos en Chiapas, dos en Michoacán, una en Yucatán,Puebla, Guanajuato y Guerrero.
“Los ataques van desde el robo de material de trabajo hasta el peligro de la integridad física y la vida; así, de las 43 agresiones, 16 fueron privación de la libertad, 15 fueron ataque físico o material, cinco intimidaciones, cuatro amenazas, dos homicidios y un acoso y hostigamiento”, dice.
Del total de agresores, 20 fueron particulares, en cuatro casos se desconoce el carácter del agresor y 19 son funcionarios públicos, autoridades de los cuales, en 10 casos los agentes perpetradores son policías locales, y nueve policías federales.
Artículo 19 concluyó que existe en México un “imparable” patrón de violencia contra la prensa, a pesar de que existen mecanismos estatales y federales para la defensa de los periodistas.
“Una vez más, los contextos de protesta se confirman como los más peligrosos contra la prensa. El actual contexto de alta conflictividad social, derivada de la respuesta del Estado ante la movilización magisterial y popular en Oaxaca, Ciudad de México y Chiapas es un escenario donde se recrudece la ausencia de garantías mínimas para cubrir dichos acontecimientos de interés público”, dice y alerta sobre que “las autoridades de todos los niveles de gobierno, emprenden acciones destinadas a dar golpes mediáticos, mas no para erradicar las causas estructurales que favorecen la violencia contra periodistas”.Los políticos, dice el informe, están preocupados por hacer un control de daños sólo ante la “opinión pública ante casos específicos que causan indignación”, pero no hacen nada por detener la violencia en contra de los periodistas.
“Article 19 exige a las autoridades correspondientes llevar a cabo investigaciones serias e imparciales, a fin de identificar y castigar a todas las personas responsables, teniendo en cuenta como hipótesis principal la labor periodística de las y los comunicadores. Es necesario, además, ofrecer una reparación adecuada a las familias por la pérdida de sus seres cercanos, asegurando la no repetición de los hechos de violencia cometidos por funcionarios públicos, y garantizando la creación de un clima de respeto hacia la labor periodística”.
La organización también exige “que el Estado mexicano brinde una protección efectiva a periodistas y comunicadores en el ejercicio de su profesión. En este sentido, urge reducir los niveles de impunidad de las agresiones a periodistas, y garantizar que los mecanismos de protección estatales y el federal, así como las comisiones locales de derechos humanos, gestionen e implementen esquemas de seguridad preventiva eficaces y acciones encaminadas a garantizar la integridad física de los periodistas y de sus familias, actuando incluso de una forma proactiva a fin de que no se repitan hechos fatales en otros comunicadores”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-08-2016/3075493