Además, les comunicó que los enfermos por contaminación de metales pesados en la sangre y la orina se elevaron, de los 360 reconocidos por la Cofepris, a casi el doble. El informe confidencial de 26 hojas, al que este semanario tuvo acceso, revela en su capítulo “Estudios de laboratorio y de diagnóstico” que en 2015 se confirmaron 624 casos de personas intoxicadas con metales pesados.
El Laboratorio Médico Polanco, encargado de realizar los estudios a potenciales enfermos, reportó que este año 295 personas son objeto de análisis para saber si fueron afectados por los lixiviados de cobre y otros metales que recorrieron 271.6 kilómetros desde el arroyo Tinajas, en Cananea, a la presa El Molinito, en Hermosillo.
El documento fue enviado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (Profepa) y a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Salud (SS), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Gobernación (Segob); así como a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas).
En el apartado “Pozos de agua para consumo humano”, encargado al Laboratorio ABC, se señala que de 566 muestras tomadas, 208 se encuentran fuera de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 por su alta concentración de arsénico, fierro, manganeso, sulfatos y fluoruros, igual que por su grado de “dureza total” (concentración de iones de calcio magnesio, estroncio y bario) y “turbiedad” (residuos biológicos).
El municipio con mayores concentraciones de metales pesados es Baviácora, localizado 134 kilómetros al nororiente de Hermosillo. De las 150 muestras que ahí se tomaron, 105 resultaron “fuera de norma”.
Ures, el ayuntamiento con mayor densidad poblacional en la zona ribereña, arrojó 56 muestras que superan todas las medidas máximas de contaminantes permisibles para el consumo humano.
En Aconchi, cuyas aguas termales son famosas, 19 exámenes hidrológicos fueron desfavorables. En Huépac, el municipio más pequeño de la ribera del río Sonora, se obtuvieron 15 muestras adversas.
Arizpe, la primera ciudad en recibir los desechos mineros, registró siete muestras fuera de norma; Topahue, cuatro, y Banámichi, 2. En tanto, San Felipe de Jesús y Molino de Camou, población del municipio de Hermosillo, no obtuvo ninguna muestra en que los contaminantes rebasaran la concentración permitida.
La doctora Reina Castro Longoria, catedrática del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, lamenta que la autoridad federal intente ocultar la información sobre el número de personas enfermas y la calidad del agua que beben los habitantes de la zona.
Considera que en estos dos años las instituciones han sido incapaces de manejar la grave contingencia ambiental y se pregunta por qué no convocaron a expertos de todo el mundo para frenar la catástrofe. “Es una omisión criminal, un delito de lesa humanidad. ¿Quién castigará a estos funcionarios públicos responsables de dejar correr una desgracia como esta?”, cuestiona.
Tragedia minimizada
El delegado de la Conagua en Sonora, César Alfonso Lagarda Lagarda, celebró que la prohibición de extraer agua durante cuatro meses de los pozos en un radio de 500 metros en ambas márgenes del río Sonora “fue muy positiva debido a que evitó que las fuentes de agua pudieran contaminarse”.
Entrevistado el pasado lunes 1, el funcionario sostiene que en los pozos abastecedores aledaños al río Sonora “no se ha detectado algún metal producto de ese derrame”, pese a que los reportes oficiales indican lo contrario.
Incluso afirma: “Como ciudadano y funcionario federal les digo que me da tranquilidad porque en cuanto Cofepris o algún municipio encargado de operar los pozos detecten que el agua no cumple con la norma pues ellos deberán suspender el rebombeo, pero hasta ahorita nadie nos ha informado que el agua esté contaminada”.
Las declaraciones de Lagarda contradicen el citado informe de la Cofepris, además de minimizar el ecocidio que afectó a 22 mil 878 sonorenses.
Zoila Hildegardis López, residente de Baviácora, sufre desde hace dos años de ardor en la piel y un dolor en el cuerpo que la postró en cama por meses, mermó su capacidad motriz y la imposibilita desempeñar su trabajo de estilista.
Consultó a varios médicos, que le diagnosticaron resfriado, infección en las vías urinarias, dengue y problemas en el sistema circulatorio; incluso le extirparon la vesícula, que sólo le funcionaba al 7%, y por último se le atribuyó una depresión cercana a la demencia que le “exigía llamar la atención por ser la última de 14 hermanos”.
Visitó clínicas, hospitales generales, la unidad itinerante de la Cofepris, consultó al médico de la familia, a médicos alternativos, especialistas y hasta una doctora particular, quien le dijo: “Tú lo que tienes es depresión”.
Después, un gastroenterólogo amigo de su esposo señaló que el problema era la vesícula y se procedió a extraerla. La paciente mejoró, pero meses después los síntomas regresaron.
Al cabo de dos años, a Zoila, sus tres hijos y su esposo se les hicieron estudios especializados de la Cofepris, los cuales demostraron que todos tenían metales pesados en la sangre. Los menores tenían padecimientos en la piel, su esposo un quiste en el riñón y ella una alta concentración de aluminio y cobre.
En una de las visitas al especialista, la afectada videograbó disimuladamente a una médica cuando admitía que sus síntomas fueron causados por arsénico pero que nunca se lo encontraría en exámenes de sangre porque este metal pesado abandona el cuerpo después de dañarlo a su paso.
Con base en su experiencia y en las declaraciones del gobierno que minimiza el problema, Zoila señala: “Todavía desconfío en los doctores porque pienso que esto tiene que ver con Grupo México y a lo mejor ellos están comprados o amenazados, tal vez por eso cubren los síntomas que uno tiene”.
Al recorrer la zona es inevitable encontrar a los damnificados del derrame tóxico y sus secuelas, que continuarán hasta 2029, según la Comisión Presidencial para la Atención Inmediata y Permanente de los daños generados por el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, creada por instrucción de Enrique Peña Nieto el 12 de septiembre de 2014.
Dicha comisión documentó que los lixiviados ricos en arsénico, cobre, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo se escurrieron a los largo de los 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, los 64 del río Bacanuchi y los 190 del río Sonora, hasta la presa El Molinito, que surte “parcialmente” a Hermosillo.
En el informe Actuación de Profepa, fechado el 15 de marzo de 2015, el sulfato de cobre acidulado (CuSO4) se derramó “por una falla en el amarre en un tubo de polietileno en una de las piletas de lixiviados; por falta de una válvula en el Sistema de Tinajas 1 y la no existencia de una pileta de demasías”.
Y detalla: “La empresa notificó del incidente a la autoridad federal por teléfono el 8 de agosto (dos días después del percance por negligencia) y formalmente el 12 de agosto”.
Aun así, el 5 de marzo de 2015 la Profepa levantó las dos clausuras temporales impuestas a la mina Buenavista del Cobre tras el derrame y por incurrir en 55 irregularidades que culminaron en multas económicas por un total de 22 millones 959 mil 386 pesos.
En aquella ocasión el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, resaltó: “Son las sanciones más altas y significativas en cumplimiento a las leyes ambientales; están emitidas en los plazos y términos legales en coordinación con la federación; y a la empresa aún le restan por cumplir las disposiciones emitidas por la Cofepris, la Conagua y la STPS”.
Según él, desde entonces ya “no existe riesgo inminente para el medio ambiente o el equilibrio ecológico”.
Reacción lenta e insuficiente
Los tóxicos de Buenavista del Cobre se filtraron en el ciclo hidrológico de las cuencas sonorenses, contaminaron tierras del cultivo, debilitaron la producción ganadera, afectaron en su salud al menos a 624 pobladores ribereños y fluyeron hasta los hogares por la tubería de agua potable.
El análisis de uso exclusivamente institucional de la Cofepris indica que 41 de 355 muestras tomadas a las redes públicas de agua en ocho municipios, incluyendo Hermosillo, superaron la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.
El ayuntamiento de Aconchi es el más afectado. De 50 muestras tomadas entre enero y febrero pasados, 13 (26%) fueron reportadas “fuera de norma”. En Ures, de 49 pruebas realizadas a las redes de conducción de agua potable, nueve (18.3%) rebasaron los límites máximos recomendados para consumo humano. En Molino de Camou, siete de las 10 muestras tomadas arrojaron una concentración de sustancias tóxicas mayor que la admitida en la norma.
Sin embargo, el director del organismo operador del Agua de Hermosillo, Renato Ulloa, defendió la pureza del líquido en la presa El Molinito, en la batería de pozos adyacentes a esta infraestructura hidráulica y en las redes de agua potable del casco urbano de la capital sonorense.
“Nuestro principal trabajo, la labor número uno es agua de calidad a la gente, porque si no hay salud todo se cae; es lo que hacemos primero que nada”, enfatiza.
Entrevistado el martes 2, Ulloa no pudo explicar por qué si el agua de la presa El Molinito es tan pura, existen 14 casos confirmados por intoxicación de aluminio y arsénico:
“Ese no es un tema… yo no dije que el agua de El Molinito está buena, no me lo han preguntado. Es un tema de la Conagua. Ellos son los responsables de la calidad del agua y, sin embargo, nosotros también hacemos análisis. No hemos detectado problemas en El Molinito.”
Los informes institucionales que contradice el director Ulloa indican que en Baviácora los resultados de cinco de las 51 pruebas ponen en riesgo la vida de quienes consuman esa agua.
En Huépac, cuatro muestras se encontraron por encima de toda norma; dos en Arizpe y una en Banámichi. Sólo en San Felipe de Jesús el agua es apta para consumo, ya que en ninguno de los 45 estudios realizados se encontraron niveles nocivos de metales pesados.
Consultado al respecto, el delegado estatal de la Segob, Wenceslao Cota Montoya, reconoce que a dos años del derrame –que el entonces titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, calificó como el “peor desastre ambiental en los tiempos modernos de la industria minera”– aún están pendientes la edificación de la clínica para atender a damnificados y la instalación de 27 plantas potabilizadoras –no 37 como se anunció primero– con capacidad para separar metales pesados.
Detalla que las plantas más pequeñas serán entregadas en agosto y septiembre, mientras que las de mayor capacidad se proporcionarán en octubre y noviembre.
Cota Montoya precisa que hasta finales de julio pasado el Fideicomiso Río Sonora, que se creó con un fondo inicial de 2 mil millones de pesos, había destinado mil 250 millones al resarcimiento del daño y tenía un remanente de 750 millones que se destinaría a un edificio para atender a los damnificados y evaluar la situación ambiental, así como a construir infraestructura hidráulica, ya que actualmente sólo en Bacanuchi, municipio de Arizpe, existe una.
En cuanto a la unidad epidemiológica, el delegado de Gobernación admite que sólo lleva un avance de 40%, por lo que no será entregada este año como anunció la comisión presidencial.
El 4 de febrero pasado, 18 meses después del derrame, la Semarnat entregó la primera y hasta ahora única potabilizadora en esta población de Arizpe. Actualmente se encuentra detenida por falta de pago de la energía eléctrica y hace tres semanas los habitantes cerraron con cadenas y candados la obra porque, dicen, unos funcionarios federales amagaron con llevarse la maquinaria sin justificación.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Censo de Población y Vivienda 2010 arrojó que 20 mil 395 personas residían en los siete municipios afectados. Tras darse a conocer la Encuesta Intercensal de 2015, se observó que mil 220 de esos pobladores abandonaron la sierra baja sonorense en el último lustro, a razón de 244 por año en promedio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450595/lo-gobierno-oculta-desastre-en-rio-sonora