El caso “es posible resolverlo”, sostiene la defensora. Pero “este tema ligado con drogas, con prostitución, no está probado, no hay nada en el expediente que lo sostenga”.
Para Karla Micheel Salas Ramírez, abogada de Nadia Vera, Mile Virginia y Yesenia Quiroz -tres de las cinco víctimas de los hechos ocurridos el 31 de julio de 2015, en un departamento de la colonia Narvarte-, la Procuraduría de Justicia capitalina “ha obstaculizado cualquier tipo de avance” a un año de los asesinatos.
“Si bien es cierto hay 3 personas procesadas actualmente, la averiguación previa se mantiene abierta, desafortunadamente la autoridad no está actuando en esa investigación abierta”.
Y es que hay líneas de investigación que “no se han abordado, que están relacionadas con el trabajo periodístico de Rubén o con el activismo de Nadia, que apuntan con mucha claridad hacia el estado de Veracruz, ya sea por agentes del estado o agentes no estatales”.
En ese sentido, sostiene que “una de las líneas más importantes en la investigación tenía que ser Veracruz, no necesariamente pensando en el gobierno sino en agentes no estatales que pueden estar actuando por órdenes, pon mandato de algunas autoridades”.
En entrevista para Aristegui Noticias, detalla el contexto de asedio que vivieron Nadia y Rubén cuando vivían en Veracruz, por lo que decidieron mudarse a la Ciudad de México. La primera, desde finales de 2014, y él, desde junio 2015, semanas antes de que fuera asesinado.
¿Y las drogas?.. 2 pastillas y un cigarro de mariguana
“Esa línea donde confluyen el activismo y el trabajo periodístico de Rubén van directamente hacia Veracruz y lamentablemente en esa línea que nos parece muy importante, el gobierno de la Ciudad, específicamente la Procuraduría, no ha querido profundizar, a pesar de que lo hemos solicitado e incluso hemos interpuesto recursos legales… para obligar a la procuraduría a que agote estas líneas de investigación, a que realice una serie de diligencias, porque está centrado desde el inicio en una hipótesis relacionada básicamente con una de las víctimas que es Mile Virginia, la mujer de origen colombiano, y en eso digamos ha tratado de centrar todo el crimen, todo el entorno del crimen”, expone Karla Micheel.
Esa hipótesis consiste en que se trató en una especie de venganza por droga que no habría entregado o pagado Mile Virginia.
Hasta ahora, según la defensora, sólo se encontró una bolsa con dos pastillas, así como un cigarro de mariguana, pero no hay claridad sobre a quién pertenecen.
Además, “el cargamento o la droga que mencionaron que Mile tenía, le solicitamos a la Procuraduría que requiriera las cámaras del aeropuerto y que las revisara si ella había acudido días antes por droga… seguramente ahí se iba a encontrar o ubicar a Mile, no con un paquete que dijera ‘droga’ pero sí con un bulto, ¿no? La Procuraduría solicitó 400 horas del aeropuerto y en todas esas horas no se logró identificar a Mile. Lo que en estos momentos tiene la Procuraduría para sostener esa hipótesis de la droga es un testimonio de sujetos que han cambiado por lo menos en tres ocasiones la versión de lo que ocurrió”.
Salas Ramírez precisa que, según la declaración de uno de los inculpados, la maleta con la que sale del departamento uno de los detenidos contenía pertenencias personales. Mientras que de la cajuela del Mustang que se llevaron por unas horas, fue sacada una bocina.
La abogada considera que las pruebas que tiene la Procuraduría “probablemente alcancen para que los sujeten a proceso (a los detenidos)”, incluso para que les dicten un auto de formal prisión, “pero sería muy complicado que esas mismas pruebas lograran sostener una sentencia”.
Las amenazas
“Desde el inicio informamos a la Procuraduría de actos de amenazas que había sufrido Nadia concretamente durante el tiempo que estuvo en Veracruz, específicamente cuando ella era activista en el estado de Veracruz, tuvo seguimiento por parte de policías, en una ocasión la subieron a una patrulla, la amedrentaron; en algún momento también entraron a su departamento y prácticamente le dejan un mensaje amenazante. Esos elementos más otros… hay fotografías que logramos obtener donde se ve cómo hay personas vestidas de civil golpeando a la misma Nadia, fotografías tomadas por Rubén Espinosa, y que precisamente nosotros le solicitamos concretamente a la Procuraduría que a su vez interrogara al secretario de Seguridad Pública de Veracruz, especialmente además del gobernador, para cuestionarle cómo es que el gobierno está operando a través de personas vestidas de civil, si son personas o no que pertenecen a la policía y cuáles son las labores que realizan”, indica Karla Micheel.
La abogada explica que en su casa en Veracruz, ingresaron al baño de Nadia y tomaron una ducha, lo cual fue tomado como un mensaje de que sabían dónde vivía.
El ingreso a su departamento y el seguimiento que hacían policías a través de las patrullas o personas vestidas de civil, son considerados por la abogada y su familia como amenazas contra la activista.
“Todo esto fue en un periodo concreto, desde 2013 a finales de 2014, cuando decide irse a vivir a la Ciudad de México”, refiere.
“El seguimiento que hacían cuando ella iba de la universidad a su casa o al trabajo, ella observaba que había personas vestidas de civil siguiéndola… durante las elecciones el gobierno de Veracruz emitió un documento donde estaban los principales grupos que representaban una especie de amenaza a las elecciones. Entre los señalados estaba el colectivo al que pertenece Nadia”, abunda.
“A un año, la conclusión que tenemos quienes hemos acompañado el caso, es que es un asunto de algún tipo de interés, concretamente del procurador general de Justicia, Rodolfo Ríos. Nos queda claro que en este momento no es desconocimiento, no es ignorancia, sí noto una intencionalidad política, el estar de manera insistente desviando la investigación, el estar queriendo tratarlo como si fuera una vendetta por una cuestión de drogas o por un pago de 6 mil pesos que hasta ahora es lo que consta en el expediente”, sostiene.
El expediente lo resume en lo que encontraron en el lugar de los hechos, así como los testimonios de Daniel Pacheco y Abraham, es todo.
Pero ambos cambiaron de testimonio y Omar dijo que no estuvo, aunque está detenido por las declaraciones de los otros y por el teléfono celular que aparece geolocalizado, no obstante que según él se lo prestó a Daniel Pacheco.
En otro asunto, “Abraham dice que Omar pertenecía a los Zetas pero tampoco ha sido investigada esta declaración porque la procuraduría dice ‘es que son inculpados y van a decir cualquier cosa’. ¿Por qué entonces que pertenecían a los Zetas no les crees y por qué sí les crees que fueron al departamento o por qué si les crees que tuvieron relaciones sexuales con las víctimas cuando consta pericialmente que no ocurrió tal cosa?”.
Mile Virginia
El otro elemento tiene que ver con el entorno de Mile, “la víctima que han envilecido” según la abogada.
“No hay ningún elemento que acredite su entorno, una de las diligencias básicas que tenían que haber analizado”, lamenta.
Ella “tenía 3 años viviendo en la Ciudad de México, estaba contratada para una empresa de modelaje… no han entrevistado a ninguna persona del entorno de Mile, no han investigado a la empresa. Mile estaba legalmente en México, cuando aportas documentos a Migración, Migración hace una investigación, el sistema hace una investigación sobre la persona que está pidiendo permiso. La Procuraduría no se ha tomado la molestia de verificar la estancia de Mile ni la empresa con la que terminó contratado, nada de eso consta en el expediente”.
La abogada insiste en que “no hubo violación sexual, hubo violencia sexual por la forma como fueron encontrados los cuerpos, que estaban semidesnudas, atadas, Mile tenía un objeto entre los glúteos, pero no hubo penetración”.
Critica el “proceso revictimizante” que han vividos las familias de las víctimas, con “todas las filtraciones que tuvieron una intencionalidad de ir construyendo una narrativa, de ir criminalizando a las víctimas”.
“Este tema ligado con drogas, con prostitución, no está probado, no hay nada en el expediente que sostenga lo que la Procuraduría ha estado señalando en algunos medios de comunicación no directamente sino a través de las filtraciones”, expone.
La abogada lamenta que la Procuraduría no tuvo el cuidado de conservar el cuerpo de la colombiana, por lo que “cuando llegó a Colombia llegó en un estado de descomposición avanzada. La familia ni siquiera pudo despedirse, ni tener el féretro abierto conforme a sus costumbres. Tres semanas tardó en llegar el cuerpo”.
Derecho a la verdad
Hasta ahora “hay un proceso contra 3 personas pero no hay derecho a la verdad que tienen las familias y por supuesto la sociedad”.
Por ello, “hemos interpuesto 2 amparos relacionados con el derecho a la verdad para obligar a la Procuraduría no sólo que no cierre la investigación sino que actúe, porque de nada sirve que mantenga abierta una investigación si en los hechos prácticamente sigue sin investigar la línea Veracruz, sin agotar otras líneas que pudiesen estar relacionadas con los hechos”.
“Rodolfo Ríos se puede ir mañana, en un año, cuando termine la administración de Mancera, pero vamos a seguir ahí (como abogados).
“Creemos que este caso es posible resolverlo, a pesar de que ha pasado un año, y para eso se requiere voluntad, que dicho sea de paso ya manifestó el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera en mayo pasado, se comprometió a resolver el caso, a agotar todas líneas de investigación”.
Y apunta: “De mayo a julio, quien ha obstaculizado que se concrete ese compromiso de Mancera ha sido el procurador”. “¿A qué intereses está respondiendo el procurador?”, se pregunta.
Karla Micheel Salas Ramírez concluye que el crimen de la Narvarte “resulta emblemático no sólo por el número de víctimas, sino por la calidad de las víctimas, que refleja la vulnerabilidad de las mujeres, de periodistas, de defensoras de derechos humanos que veíamos como un lugar seguro la Ciudad de México, y que evidentemente nos viene a decir que no, no es un lugar seguro, que aquí pueden venir a operar criminales con la mayor impunidad”.
Versión de la procuraduría capitalina
La procuraduría capitalina envió una carta con “precisiones sobre el caso Narvarte”, la cual fue publicada por El Universal.
El texto firmado por la directora general de Comunicación Social de la dependencia, María Elena Cárdenas Rodríguez, asegura que “el caso no está empantanado, tan no lo es (sic) que hay tres personas consignadas”.
Además, sostiene que “el tipo penal de homicidio y feminicidio exige acreditar los elementos normativos y objetivos, y no así el por qué se llevó a cabo la conducta o el hecho”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: GUSTAVO SÁNCHEZ B.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0108/mexico/ni-drogas-ni-prostitucion-en-caso-narvarte-abogada/