Sin embargo, lejos de recomponer el torcido camino de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la sumió en la inmundicia; y el estado en general, transita el escenario más crítico en prevención del delito con el incremento exponencial del secuestro, el homicidio doloso y violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por personal de esta dependencia, y en donde a Bermúdez Zurita se le trata ubicar como un elemento ajeno al desempeñado de sus elementos y altos mandos, varios ya en la cárcel.
Hoy Veracruz, según reportes de organizaciones internacionales por la defensa de las garantías individuales, y dependencias del gobierno federal, es el estado con más alto índice de desapariciones forzadas, es decir, las privaciones ilegales de la libertad cometidas directamente por funcionarios del gobierno. En este caso, gendarmes.
Datos del Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) establecen que durante el paso de Bermúdez en la SSP (julio de 2011 a agosto de 2016) Veracruz siempre figuró entre los primeros diez lugares de homicidio doloso y secuestro a nivel nacional. Para el final de sus cinco años como titular de la SSP, Veracruz es ya segundo lugar nacional en secuestros y supera al vecino estado de Tamaulipas en homicidios dolosos.
Es decir, lo que hace años se miraba como el mayor horror que puede vivir una región en México, la violencia sin cuartel en Tamaulipas, hoy está replicada y multiplicada en Veracruz. Y mientras Bermúdez Zurita sostuvo la mística de crear una policía de proximidad, capacitada y mejor evaluada, la violencia hoy es motivo de desplazamiento de familias en ciudades como Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Acayucan, Coatzacoalcos y Las Choapas, en las que todas las estrategias de seguridad han fracasado.
LA SEMAR-SSP
Pero Bermúdez no actuó sólo, en la estrategia para mantener la seguridad en el estado, se dio parte a la Secretaría de Marina Armada de México mediante la estrategia del Veracruz Seguro, y de allí, la firma de un convenio de colaboración entre la Semar y el Ejecutivo estatal para dar paso al Mando Único, y que elementos de la Semar dieran vida a la Policía Naval, coordinada por mandos de la Marina; también se les dio participación en Tránsito y algunas corporaciones municipales.
La estrategia del Mando Único tan sólo en Córdoba y Coatzacoalcos, por ejemplo, está cuestionada ante el avance de la delincuencia común. Hoy Coatzacoalcos y Minatitlán aportan el 34 por ciento al total de secuestros reportados en Veracruz por el SNSP; y Córdoba, según el mismo organismo, es la ciudad en donde se cometen más homicidios dolosos. Una es la ciudad tomada como residencia por Javier Duarte de Ochoa, y la otra, terruño de su esposa, la Primera Dama, Karime Macías, ni por eso cuidaron sus esquemas de seguridad.
En Coatzacoalcos, en cada foro sobre seguridad, sectores sociales y empresariales, se pronuncian por la salida de la Marina de las tareas de seguridad y dar paso a un mando municipal o intermunicipal. Este fue uno de los clamores durante la última reunión entre empresarios y el Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, en Coatzacoalcos, “en la zona industrial, al mes, nos reportan al menos 17 robos”, al recién inaugurado complejo de Braskem-Idesa le están robando al mes siete camiones con producto, expuso el representante en el sur de la Asociación de Industriales de Veracruz (AIEVAC), Claudio Martell Velasco.
En la zona de Complejos de Coatzacoalcos, el clúster petroquímico más importante del país, la seguridad ya corre por cuenta de los empresarios, que mensualmente cooperan para pagar una compañía de vigilancia privada cuyo personal recorre en unidades móviles esos puntos tratando de inhibir el robo de cableado, el asalto a obreros y el atraco a camiones cargados con diversos productos para abastecer de materia prima al sector industrial de México.
El polígono industrial es responsabilidad de la Policía Naval; sin embargo, sus elementos ni si quiera mueven las patrullas ante la falta de recursos para la gasolina, a ellos ni si quiera les están pagando sus compensaciones, esto quedó asentado en el anexo de deudas presentado por el gobierno de Veracruz al Congreso local para liquidar deudas con el impuesto del 3 por ciento a la nómina, y en donde la SSP reconoce un pasivo por 28 millones de pesos a la Semar por el convenio de la operación del Mando Único.
Sobre los alcances, los objetivos y el financiamiento concreto y particular para la SEMAR, sobre todo la distribución salarial entre mandos y tropas, no hay transparencia. En la solicitud 0001300021212, a la Semar, se requirió versión pública sobre el contenido del convenio signado entre el gobierno del estado y la Marina en noviembre de 2011, pero la dependencia se negó a entregarlo argumentando que era información confidencial, y darla a conocer “compromete la seguridad pública en la zona conurbada, al poner en peligro la integridad de las personas y el orden público y menoscaba la capacidad de evitar la comisión de delitos, toda vez que existía un daño presente, probable y especifico al difundir información relativa al personal involucrado en dicha tarea”. Una nota del periodista Armando Ramos, de la agencia AVC Noticias, advierte que el convenio entre la SEMAR y Veracruz concluye el 31 de noviembre próximo, con la posibilidad de una prórroga de dos años, en la nota cita la solicitud de información 0001300045916 a la SEMAR, en la cual se informa la erogación de 771 millones de pesos en los últimos años para las tareas coordinadas del personal de la Policía Naval y estatales, recursos aportados por el Ejecutivo estatal.
Para José Alfredo Zavaleta Betancourt, profesor de Universidad Veracruzana y Coordinador del Grupo de Trabajo “Seguridad y Democracia en América Latina y el Caribe” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), es “impostergable” modificar la forma en que se ha llevado el modelo del Mando Único, ya que como está, se trata de “una estrategia limitada a integración militar de mandos, no implica reorganización policial, capacitación específica para la reforma de la Justicia Penal, mejora de controles internos y externos, menos la aceptación del control civil de los operativos mediante mecanismos de transparencia o rendición de cuentas”.
“En estas circunstancias, la integración de policías municipales al mando único -como mando centralizado- se ha realizado en condiciones en las cuales es impostergable la centralización, dado el grado de control de algunos grupos y redes policiales por grupos delictivos”, matiza.
Referente a lo que ha pasado en Veracruz en los últimos años, resulta “particularmente, preocupa, que algunos policías estén vinculados con redes ilegales y abusen de la fuerza policial en casos como Coatzacoalcos, Poza Rica, Tierra Blanca y Papantla”.
MÁS SECUESTROS Y HOMICIDIOS
A mediados del 2011, el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz, era el General Sergio López Esquer, recomendado del gobierno de Felipe Calderón para encabezar la lucha contra la delincuencia; no obstante, deja el cargo por un atentado a finales de junio de 2011, cuando un comando armado intentó emboscar en el crucero de Villarín a su escolta. Sus ayudantes regresaban a Xalapa después de embarcar al alto mando en un avión que lo llevaría al DF; sin embargo, las versiones apuntaron a que los sicarios fallaron pues el blanco originalmente sería el militar. Hubo muertos en ese ataque del bando oficial; el mismo día, la casa del general, en Antón Lizardo, resultó atacada por pistoleros fuertemente armados. Sergio López se va y es así como arriba Bermúdez al mando de la SSP.
En 2010, el SNSP reportaba 583 muertes dolosas para Veracruz, 17 secuestros, 351 denuncias por extorsión y 4 mil 495 robos de vehículo. Para los siguientes dos años, ya con Bermúdez al mando, el mismo organismo reportó 968 homicidios dolosos en 2012 y 863 en el 2013. Se trató de los años más violentos en la entidad por el enfrentamiento entre el Cártel de Jalisco y Los Zetas, los primeros arribaron a arrebatar el territorio, y al grupo local le tocó poner la mayor parte de los muertos.
Uno de los hechos más violentos se suscitó frente a Plaza Américas de Boca del Río, cuando sicarios de Jalisco abandonaron dos camionetas llenas de cadáveres de presuntos enemigos, 35 víctimas en total. Un mes después, aproximadamente, en dos casas de Boca del Río, aparecieron otras 28 víctimas. De manera paralela, en noviembre del 2011, en la localidad de Portezuelos, en Manlio Fabio Altamirano, las autoridades encontraron otra fosa con 26 víctimas, supuestamente una venganza de Los Zetas.
Ahora que Bermúdez renuncia a la SSP, después del escándalo de su fortuna, deja a Veracruz en segundo lugar nacional en denuncias por secuestros, indica el SNSP, que están integrados por estadísticas aportadas por la Fiscalía general. El dato más relevante del último reporte, actualizado de Enero del 2016 a junio pasado, es que Veracruz, con 62 casos, le quitó el segundo sitio nacional en secuestros a Tamaulipas, que reportó 57; en tercer lugar, figura Guerrero, con 43 secuestros; el primer sitio sigue siendo para el estado de México con 134 denuncias.
A nivel nacional, el SNSP indica que de enero a junio de 2016, en México se han denunciado 621 secuestros, esto quiere decir que en Veracruz se comete el 10% de los secuestros que se denuncian a nivel nacional. En términos generales, en Veracruz el secuestro se incrementó entre 2010 (17 casos) y 2016 (62 casos) en 37 por ciento.
El secretariado indica que en enero, para Veracruz, se denunciaron 10 casos de privación ilegal de la libertad, en febrero, 9; en marzo, 12; en abril, 10; en mayo, 9; y en junio, 12, y es en este periodo, los últimos meses de Javier Duarte en el poder, cuando este delito se ha disparado en un 22.5 por ciento en contraste con el mismo periodo del 2015.
Los informes actualizados del SNSP también expresan un incremento en los homicidios dolosos, y si de enero a junio de 2015 se informó sobre 221 denuncias de este tipo, para el mismo periodo, de 2016, son 405 personas asesinadas con todas las agravantes de la ley en Veracruz.
Esto es igual a 184 homicidios más en el mismo periodo en contraste con el 2015 y 2016, lo que habla de un incremento del 45 por ciento en las denuncias por homicidios dolosos, que en su mayoría son ajustes de cuentas.
Con estos datos, Veracruz estaría aportando el 4% de las denuncias por homicidios registradas en el conteo nacional, y en este rubro, otra vez, Veracruz supera a Tamaulipas, que registró 279 casos.
A nivel nacional, son 10 mil 301 denuncias por homicidios dolosos, los estados más violentos son Estado de México, con mil 133 denuncias; Guerrero mil 52; Jalisco, 611; Chihuahua, 595; Michoacán, 584; Baja California, 543; Sinaloa, 524; Guanajuato, 506; Distrito Federal, 477; Veracruz, 475; Tamaulipas, 402 y Oaxaca, 371.
En lo municipal, la ciudad de Córdoba es la más violenta, con 30 homicidios entre enero y junio de 2016; la segunda, Veracruz, con 24 homicidios dolosos; la tercera, Coatzacoalcos, 21; Xalapa, 21; Poza Rica, 21; Papantla, 19; Tihuatlán, 17; Minatitán, 15; Tierra Blanca, 11; y Boca del Río, 10, en esa última seis elementos de tránsito municipal resultaron privados de su libertad entre el jueves y sábado, aunque regresaron con bien a sus casas.
Y aunque voces como la del senador Fernando Yunes Márquez hablan de “maquillaje” de las cifras de violencia reportadas a la Federación, los datos existentes evidencian el fracaso de Bermúdez como gestor de la seguridad pública en la entidad veracruzana, pero el “Capitán Tormenta” insiste en haber triunfado, así lo dejó patente en una carta difundida horas después de dejar el despacho en manos de José Nabor Nava Holguín:
“Estoy orgulloso de lo que he podido aportar a favor de la Policía Estatal de Veracruz. Hoy, una Institución digna, fuerte y sólida que se sostiene del trabajo y compromiso de hombres y mujeres que se formaron bajo un Nuevo Modelo Policial que los obliga a actuar con determinación, valentía y lealtad a la sociedad”.
LA SSP, QUEBRADA
Licenciado en Ciencias Administrativas por la Escuela Comercial Bancaria, Arturo Bermúdez dejó la SSP con una deuda de mil 450 millones de pesos a contratistas y proveedores, consta en el anexo de empresas aprobadas por el Congreso Local para recibir recursos públicos que liquiden sus pasivos con el Ejecutivo. No le pagó a concesionarios que vendieron unidades para patrullas, a empresas que ofrecieron servicios para preparación de alimentos en penales, menos a quienes rentaron instalaciones para montar comandancias y cuarteles temporales.
En contraste, si a una dependencia le incrementó Duarte los recursos, fue a la SSP, a la que también se le anexó el control de las cárceles y de Tránsito del Estado, volviéndola en una súper secretaría.
Así, la Ley de Egresos del 2011 dice que la Secretaria de Seguridad Pública ejerció ese año mil 450 millones de pesos. Para el 2016, contó con un presupuesto de 3 mil 615 millones de pesos, es decir, un incremento de 150 por ciento, lo que es igual a un estimado de 2 mil 165 millones más.
No obstante, la queja más reiterada de los alcaldes veracruzanos en materia de seguridad es la inoperancia de los cuerpos de prevención del delito. Tan sólo en Coatzacoalcos, operan unas 60 cámaras de videovigilancia, pero ninguna ha sido útil para revolver homicidios pues no están conectadas; las patrullas pasan largas horas estacionadas en el mismo sitio y a los oficiales se les ve recorriendo las calles a pie, o tirados a la sombra tomando refresco o mandando mensajes por redes sociales.
Sin embargo, la Cuenta Pública 2015, indica que más del 60 por ciento del presupuesto, se destina a servicios personales, lo que incluye nómina. En 2015, se emplearon 2 mil 805 millones de pesos para pago de servicios personales, eso es un incremento del 14 por ciento en contraste con el 2014, es decir, en 12 meses, la nómina de la SSP se elevó en 409 millones de pesos, lo que no se tradujo en disminución de la violencia en territorio veracruzano o de acciones para la prevención del delito.
Pero el extitular de la SSP se marcha del cargo con una estela de señalamientos de ser dueño de un conglomerado de empresas en la ciudad de México, desde hoteles, restaurantes, bares, empresas de seguridad privada, preparación de alimentos y toda clase de servicios, hasta autolavados, lavanderías y una cadena de estéticas, según el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares. El último escándalo, y el cual derivó en su precipitada renuncia, las mansiones detectadas por el equipo de investigación de Aristegui Noticias en Texas, las cuales Bermúdez reconoció como de su propiedad. En sus denuncias ante la PGR y la Fiscalía, Yunes Linares pone a Bermúdez como cabeza de una estructura de lavado de recursos provenientes del erario público y de la delincuencia organizada.
En un video difundido en blogs de noticias sobre narco, retomado por diarios locales, el supuesto grupo Jarochos Unidos graba la confesión de José Armando Juárez Ramírez, quien era comandante de la base de la Policía Estatal en La Antigua-Cardel, y que antes de ser asesinado, señala al mando de la SSP de participar de diversos negocios ilícitos con grupos delincuenciales. El cadáver de este policía, apareció en la carretera Estatal Soledad de Doblado-Huatusco, cerca de Paso Lagartos. El gobierno de Duarte no inició ninguna investigación contra Bermúdez a su salida, meses antes, por el reclamo de empresarios para que lo echara del gabinete por la desbordante inseguridad, el gobernador aseguró que si Arturo se iba, él también, pero ni eso cumplió.
En la Cuenta Pública 2014, la Auditoria Superior de la Federación manda dos pliegos de observaciones a la SSP de Veracruz, el 14-A-30000-14-0794-06-001 y 14-A-30000-14-0928-06-001 por 350 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y el Subsidio para las entidades federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, dinero que no llegó a su destino, sacado de las cuentas creadas para su dispersión y recursos para proveedores a quienes no se pagó.
POLICÍA CUESTIONADA
En 2011 se conforma el colectivo por la Paz en Xalapa, el primer referente de agrupación de víctimas del delito organizadas para emprender acciones legales y colectivas para garantizar el acceso a la justicia. Se agremiaron académicos, defensores de los derechos humanos, madres de personas denunciadas como desaparecidas y víctimas de la violencia. Sus hechos comenzaron a hacer visible el dolor y la angustia de quienes pierden a un hijo víctima de secuestros o de privaciones ilegales de la libertad toleradas por la indolencia gubernamental, y comenzaron a marcar una parte de la agenda del gobierno de Veracruz.
Al paso del sexenio de Duarte, el fenómeno de la desaparición, no paró, incluso, se incrementó y eso dio pie a la conformación de más colectivos que siguieron el ejemplo de lucha del Colectivo por la Paz, así, hoy hay madres organizadas en Veracruz puerto, en Orizaba, en Huatusco, en Córdoba, en Xalapa y en Coatzacoalcos. En muchos de los casos tutelados, se menciona a policías estatales como los autores del delito.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas señala 502 personas desaparecidas en Veracruz entre 2014 y junio del 2016, aunque Aracely Salcedo, integrante y promotora de la Brigada de Búsqueda en la zona centro, estima que son unas 15 mil las personas desaparecidas en este gobierno, aunque sus familiares “no denuncian por miedo” y Blogexpediente lleva un recuento periodístico de al menos 160 casos de personas que han sido víctimas de desaparición forzada durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Todo este panorama apunta a la participación de la policía en alianza con delincuentes, y así lo plantearon integrantes del colectivo El Solecito en un documento entregado al fiscal Luis Ángel Bravo Contreras el pasado 25 de enero de 2015, días después del escándalo por la sustracción de cinco jóvenes de Playa Vicente en Tierra blanca, y por lo que ocho elementos de la SSP están bajo proceso como presuntos responsables de desaparición forzada. Las madres de El Solecito “vemos intervención directa de Javier Duarte de Ochoa y Arturo Bermúdez Zurita en las desapariciones de nuestros familiares”, ellos dos “permiten una policía integrada por delincuentes”. Por eso “exigimos la inmediata renuncia de Javier Duarte de Ochoa y de Arturo Bermúdez, quienes han permito que Veracruz se convierta en un estado donde la policía está al acecho secuestrando a nuestros hijos y entregándolos a las células de los delincuentes en donde está claro que ellos son las cabezas”.
Estas organizaciones, en los últimos meses, han reiterado el señalamiento de que la policía veracruzana hoy es una institución desacreditada y bajo sospecha de que sus mandos están en alianza con los grupos delincuenciales. En marzo pasado, Causa Común, de María Elena Morena, reveló que el 35 por ciento de los uniformados estatales que efectúan labores operativas no aprobaron estos controles de confianza, mientras que el 37 por ciento de sus mandos tampoco acreditaron las pruebas, y eso convertía a Veracruz en la entidad con más elementos reprobados y en activo. Un mes antes, el diario Reforma, indicó que eran 186 los oficiales veracruzanos que en cinco años habían sido consignados por presuntos nexos con la delincuencia.
“Veracruz lo que sí hizo bien, fue su Escuela de Policía la cual tiene un buen nivel académico, los policías salen bien preparados, pero tú imagínate estos muchachitos que salen bien preparados para que después tengan un mando que sea un criminal. Porque lo que estamos viendo en Veracruz, es que gran parte de la policía son criminales con placa, entonces imagínate la gravedad, tú preparas chavos para que después les toque un mando criminal y los haga una banda de criminales”, matizó María Elena Morera.
De la serie de abusos documentados por uniformados, el caso que ha llegado más lejos ante una instancia, es el del joven cantante Gibrán Martiz y dos de sus amigos, quienes habrían sido sustraídos por elementos de la SSP en Xalapa, quienes después simularon su muerte en un enfrentamiento con delincuentes en el camino a Huatusco, en enero del 2014. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos endilgó así a Veracruz su primer recomendación por desaparición forzada, en el expediente 014/2015, donde constan numerosos atropellos cometidos por jenízaros y personal de la Fiscalía General de Luis Ángel Bravo Contreras, quienes manipularon procedimientos forenses para ocultar evidencia.
Y pese al escándalo de Tierra Blanca y Papantla –sendos jóvenes entregados por policías a la delincuencia- las acciones bajo sospecha de los cuerpos de la SSP, no pararon.
El 20 de mayo pasado, un operativo de la Fuerza Civil realizado para neutralizar una célula de delincuentes en Coatzacoalcos, quedó evidenciado por el testimonio de Lorena Javier Arias, madre del abogado Jorge Álvarez Javier, de 29 años de edad, quien fue presentado como miembro de la delincuencia con otros sujetos que fueron abatidos por la Fuerza Civil en la carretera estatal a Barrillas.
En el mismo sitio donde Roberto González Meza, director de la Fuerza Civil, daba rueda de prensa sobre los resultados de sus elementos, la mamá del licenciado Álvarez acusaba que todo había sido un montaje, pues al joven lo habían sustraído horas antes de su casa, en Sector Popular, y a punta de golpes lo subieron a vehículos oficiales y se lo llevaron sin rumbo.
La mujer le recriminó al mando “quiero a mi hijo, se lo llevaron los de la Fuerza Civil, fueron varios, yo los vi, desde un día antes ya lo estaban esperando afuera de mi casa”. Meses antes, la policía veracruzana participó de otro operativo en Coatzacoalcos, varios delincuentes perdieron la vida en el supuesto enfrentamiento en el basurero de Las Matas, entre ellos Jonathan Guillén Gómez, de 23 años, reportado como víctima de sustracción violenta de su casa en el puerto horas antes; sin embargo, en ese supuesto enfrentamiento, en la noche, él apareció con otras personas como parte de un grupo de agresores.
Para José Alfredo Zavaleta Betancourt, del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la UV, “en un régimen político moderno” no debe tolerar a una policía que cargue señalada de abusar de los derechos humanos, menos una ineficiente en prevención del delito. “No puede permitirse que la policía funcione de esa forma”, y en su punto de vista, en este contexto, es urgente “analizar los índices de letalidad en enfrentamientos en los cuales participan las policías preventivas junto con las fuerzas federales para saber si como acontece en otros estados del país en el nuestro puede hablarse de un patrón sistemático de violencia extrajudicial justificada como guerra contra la delincuencia organizada o aún se trata de casos no generalizables”.
FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN/IGNACIO CARVAJAL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-08-2016/3077526