Algo más de un millón 700 mil personas, el 9.3% de la población activa, no tiene trabajo. El impacto es aún más fuerte entre los jóvenes (18.9%) y las mujeres (10.5%). Uno de cada tres trabajadores se desempeña en la economía informal. La actual recesión económica, con brusca caída de la actividad y el consumo, presagia una continuidad de la tendencia.
El gobierno y los grandes medios hablan de un “sinceramiento estadístico” de las cifras que ocultaba el anterior gobierno. Se basan en la manipulación de índices que caracterizaron al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante los dos mandatos de Cristina Kirchner (2007-2015).
Presentan como un ejercicio inútil la comparación entre la tasa de desempleo actual, del 9.3%, y la correspondiente al tercer trimestre de 2015, del 5.9%, la última disponible del anterior gobierno. La diferencia entre uno y otro índice es de 666 mil desocupados.
La mayor crítica que recibían las estadísticas del mercado laboral durante el kirchnerismo era la subestimación deliberada de la tasa de actividad. Cierta cantidad de desocupados eran registrados como inactivos para maquillar la tasa de desempleo. La sospecha parece verse confirmada al comparar la población activa actual, de 12.5 millones de personas, con la de septiembre de 2015, que reportaba 11.9 millones. El salto es tan elevado que sólo puede explicarse a través de una manipulación.
“De los 666 mil 188 nuevos desocupados, un mínimo de 205 mil 869 (30%) y un máximo de 360 mil 424 (54%) le correspondería al efecto de la política económica desplegada por el gobierno de Macri. El restante, ha de atribuirse a Cristina Kirchner, o mejor dicho, al efecto de recuperación de la credibilidad en las estadísticas públicas del nuevo INDEC”, se lee en un informe de los economistas Claudio Lozano y Tomás Raffo, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
El estudio se sobrepone a la falta de estadísticas oficiales sobre el cuarto trimestre de 2015 y del primer trimestre de 2016. Intenta discernir cuántos de los 666 mil nuevos desocupados son atribuibles a la manipulación estadística del anterior gobierno y cuántos al impacto que el ajuste económico del actual gobierno tiene en el mercado de trabajo. Los economistas parten de la confiabilidad de la tasa de población activa del 46% en la estadística oficial reciente. La aplican a los índices laborales del último registro de 2015.
“En la primera hipótesis partimos de la base de que la fuerza laboral que participa en junio de 2016 es la misma que en septiembre de 2015, y llegamos a algo más de 205 mil nuevos desocupados”, explica a Proceso el economista Tomás Raffo. “Pero en nuestra segunda hipótesis, partimos de la base de que hoy el mercado laboral tiene más gente participando, ya que, al menguar los ingresos, debido a la aplicación de estas políticas económicas, algún miembro de la familia que estaba inactivo pasó a ser activo”, sostiene Raffo.
Los economistas toman un punto medio entre la población activa actual (46%) y la que presumen subestimada por el anterior gobierno (44.8%). Recalculan, a partir de una tasa de actividad estimativa del 45.6%, todos los datos del tercer trimestre de 2015. Llegan entonces a la conclusión de que la desocupación real de ese trimestre fue de 7.5%, con un total de un millón 357 mil 558 desocupados. De allí surgen algo más de 306 mil desempleados ocultos por la manipulación estadística. Los 360 mil 424 restantes se deben a la destrucción de empleo a partir de diciembre.
“Si se mantiene una política económica que ajusta y tensa al límite la situación social, habrá que ver si al mismo tiempo se mantendrán la autonomía y la credibilidad de las estadísticas públicas”, advierte Raffo.
“Lo que ya es un clásico de los gobiernos de la democracia es que a medida que los resultados estadísticos desmienten su política económica en términos sociales, empieza a haber presiones sobre los técnicos y los productores de estadística”, explica.
Disciplinamiento
La contracción del empleo a lo largo de este año se verificó con mayor contundencia en el sector de la construcción y la industria. En los cordones industriales de Buenos Aires, Rosario y Córdoba el índice ya alcanza los dos dígitos. La estadística oficial consigna que la actividad económica retrocedió 4.3% en junio respecto al mismo mes del año pasado.
–¿Qué incidencia tuvieron los despidos en la Administración Pública al asumir el gobierno y el veto del presidente Macri a la ley antidespidos sancionada por el Parlamento? –se le pregunta a Tomás Raffo.
–Son fundamentales –responde el economista–. Además del efecto económico directo tienen un efecto simbólico muy fuerte, que es el de decir desde el Estado, a los empresarios, que en la Argentina se puede despedir. Hasta ese momento había despidos pero no eran legitimados en el discurso simbólico. El veto a la ley de prohibición de despidos expresa la decisión firme del gobierno de decir que si hay algún problema económico en las empresas, no hay ningún problema en resolverlo por la vía del ajuste del empleo.
La tendencia aún persiste. El Ministerio de Modernización reconoció el 7 de septiembre que impulsará una revisión integral de la planta de empleados estatales. Se prevé una nueva ola de despidos y retiros voluntarios.
El gobierno de Mauricio Macri apuesta a una inflación del orden del 10% anual. Impulsa un crecimiento motorizado por la inversión extranjera y el endeudamiento externo. Considera que el problema del empleo se debe a los elevados costos laborales y las regulaciones estatales que desalientan la inversión privada. Hasta ahora no ha mostrado resultados positivos en ninguno de estos frentes.
“Pasamos de una inflación del 25% en 2015 a una del 45% en este año, el PIB pasó de crecer 2% a caer el 2%, aumentó considerablemente la deuda externa. Y ahora tenemos este dato de desempleo. Lo que entra en debate es si el gobierno no sabe hacer política económica o si efectivamente buscan estos resultados”, dice a Apro Martín Burgos, coordinador del departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación.
“Yo creo que es parte y parte –se contesta–. Se confiaron mucho en que iba a haber inversiones extranjeras directas y eso iba a traccionar la economía y el empleo, por una cuestión ideológica, pensando que el mercado los iba a ayudar por ser promercado”, explica.
El economista cree que la recesión mundial y las recurrentes crisis financieras no configuran el mejor de los contextos para que un país dependiente y periférico como Argentina apueste por un programa económico como el del gobierno.
“Después está la cuestión política –continúa Martín Burgos–: Hay una política del Estado para presionar los salarios a la baja y, en términos políticos, tener control sobre los sindicatos, que acá en Argentina son muy fuertes”, sostiene.
El economista cree que con un 10% a 12% de tasa de desempleo, el gobierno y las empresas pueden imponerle condiciones al mercado de trabajo. Se pasará de una flexibilización del mercado laboral de hecho a otra que en el futuro intentará volverse ley. Hasta ahora, la única iniciativa oficial para estimular el crecimiento del empleo se basa en la reducción de las contribuciones patronales para quienes ofrezcan a los jóvenes su primer trabajo.
Martín Burgos cree que la gobernabilidad puede verse comprometida. “Si el desempleo pasa a ser del 15% o del 18%, como fue a fines de los años 90, puede dejar de ser funcional, con graves problemas sociales, y con una fuerza cada vez mayor del movimiento de desocupados, con cortes de ruta y serias complicaciones para mantener la paz social”, sostiene.
Conflictividad
“Cada día vamos a estar un poco mejor”, dijo Macri durante un acto en una distribuidora de medicamentos el 22 de agosto. “Eso se va a acelerar si entendemos que cada uno de los argentinos, en su lugar, entendiendo que cuando no cumple, cuando hace trampa al sistema y fuerza un ausentismo o inventa un juicio o pone un palo en la rueda, está complicándole la vida a todo el resto de la sociedad”, sostuvo.
El presidente invocó así a la paciencia de los trabajadores y se refirió, claramente, al ausentismo y a los juicios laborales. Consultoras privadas estiman que el salario real ha perdido el 12% en lo que va del año. La caída de la actividad determina una ola de suspensiones en el ámbito privado. Suspensiones que, de no haber una reactivación, se transformarán en despidos. El escenario se completa con atrasos en el pago de los sueldos, retiros voluntarios, jubilación anticipada, anticipo de vacaciones y recorte de horas extra.
Las centrales sindicales han reaccionado de manera muy disímil frente a los despidos. Todo indica, sin embargo, que el gobierno de Macri enfrentará su primera huelga general en octubre o noviembre.
“Estamos viendo un proceso de conflictividad muy fuerte, hay un gran descontento social, y habrá que ver cómo responde el gobierno frente a la protesta, si va a flexibilizar sus políticas o las va a imponer a través de la represión del conflicto social”, dice Tomás Raffo. “Macri ha demostrado hasta ahora una gran flexibilidad. Prueba ir con todo, pero, cuando las cosas se le complican, retrocede –dice el economista–. El riesgo es que cuando hay un proceso recesivo y la economía se apalanca para abajo, cada vez hay menos consumo, cierran las empresas, y cada vez que diez o veinte trabajadores van a parar a la calle el impacto recesivo es muy difícil de recuperar”, sostiene.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO OLASO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/455267/argentina-desempleo-autoinfligido