Según información del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la CORIDH atraerá el caso denominado: “Mariana Selvas Gómez y otras”, mujeres de origen mexicano y extranjero que enfrentaron violencia sexual por parte de policías en dichos días, luego de que fuera recibida la notificación el pasado viernes, 18 de noviembre, por las organizaciones representantes de once de las víctimas que presentaron el caso ante la CIDH: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH), y CEJIL.
Agregaron que el caso fue presentado a la CIDH el 28 de abril de 2008 y que “involucra detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y uso desproporcionado de la fuerza, violaciones perpetradas por policías estatales y federales durante la represión violenta de una protesta social ocurrida en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco”, detallan. Las víctimas, afirman, han denunciado la falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades ya que los hechos continúan en la impunidad, aseguran.
Explicaron que la instancia internacional defensora de los derechos humanos, admitió el caso “ante la posibilidad de violación de los derechos a la integridad personal (incluyendo el derecho a no ser sometida a torturas), libertad y seguridad personales, garantías judiciales, protección judicial, protección de la honra y de la dignidad, e igualdad ante la ley”, y reiteró, dicen, su competencia para considerar la presunta violación de la obligación del Estado de prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, relacionada con la Convención de “Belém do Pará” que México ha firmado y ratificado para su aplicación y cumplimiento.
Detallan que a partir de la notificación de admisibilidad, las organizaciones peticionarias tienen tres meses para presentar sus argumentos de fondo, los cuales serán transmitidas al Estado mexicano para que, en un plazo similar, presenten su defensa sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en este caso.
Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, advirtió que “este caso ilustra las dificultades que persisten en México para la protección de los derechos de las mujeres cuando aquellos han sido vulnerados por agentes del Estado”.
Ante estos hechos, el CEJIL dijo confiar, “en que la justicia internacional en este caso servirá para reparar a las víctimas por las violaciones de derechos humanos causadas, para investigar diligentemente otros actos de violencia sexual y tortura, así como para que se adopten medidas eficaces de prevención de la violencia contra las mujeres y su investigación efectiva” y consideró que un pronunciamiento de la CIDH en este caso serviría para que se adopten medidas eficaces de prevención del uso arbitrario y desmedido de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad.
Durante la represión ejercida en contra de personas defensoras de la tierra y el territorio en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, medios nacionales e internacionales señalaron que durante las detenciones varias mujeres fueron agredidas física y sexualmente por policías.
Según información de Cimacnoticias, entre las mujeres que fueron agredidas se encontraban una mujer indígena de origen mazahua, dos españolas, una chilena y una alemana. De inmediato se hicieron las denuncias por parte de las víctimas que fueron acompañadas por organizaciones civiles para exigir justicia ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano.
Dichas denuncias están integradas en un dictamen en el que se señalan tres momentos en los que los abusos sexuales fueron perpetrados, el primero durante la detención de las víctimas, el segundo al ser ingresadas a los camiones que fueran utilizados para su traslado al penal de “Santiaguito” y finalmente en los mismos vehículos durante el traslado. Por su parte, las mujeres detenidas el cuatro de mayo señalan hasta cinco lugares diferentes en los que enfrentaron estos abusos.
Según el informe los abusos enfrentados por las víctimas consistieron en “manoseos y pellizcos en varias partes del cuerpo, hasta la penetración vaginal con dedos y otros objetos, frotamientos y en algunos casos la imposición de sexo oral”.
Por otro lado, el dictamen señala que, en cuanto a las detenciones realizadas, existen contradicciones en las declaraciones y que la mayoría de las denunciantes indica no poder identificar plenamente a sus agresores y que de las 50 mujeres “aseguradas”, 31 denunció haber sufrido violencia sexual.
Han pasado ya diez años de estos hechos y de que las víctimas acompañadas por organizaciones civiles continúan exigiendo justicia, la “reparación integral del daño y la no repetición”, y esta respuesta llega luego de que, según información de La Jornada, el 5 de mayo de 2015, 11 víctimas, acudieran a la CIDH para denunciar al Estado mexicano, y en concreto a Enrique Peña Nieto, quien en 2006 fuera gobernador del estado de México, que no persistiera en evitar que la instancia internacional emitiera un informe del caso.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/corte-interamericana-de-derechos-humanos-admite-expediente-sobre-violaciones-sexuales-cometidas-por-policias-en-atenco-en-2006/