Sus cartas académicas eran fuertes. Se licenció en Economía con maestría en Dirección Económica y Financiera en el Instituto Directivo de Empresas en Madrid, España y se doctoró en Hacienda y Economía del Sector Público en la Universidad Complutense de ese país. Un perfil de economista que podía encarar esa herencia de deuda pública de 4 mil 615 millones de pesos en 2010.
Pero el resultado fue inverso. Para 2015, ese endeudamiento se había elevado a 13 mil 175 millones de pesos, un incremento de 185 por ciento, según datos de la misma Secretaría de Hacienda que debe llevar un registro histórico de las obligaciones fiscales de los estados de la República. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en su fiscalización presentada ese mismo año que más de 10 millones 602 mil pesos podrían haberse ejercido de manera irregular, lo que constituiría un daño al patrimonio del estado debido a irregularidades en la operación de transferencias del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa).
El Gobierno –según la ASF– habría tomado dinero de ese fondo para pagar adeudos que tenía con Hacienda desde 2013 por actualizaciones y recargos del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores. El desajuste costó 5 millones 458 mil 747 pesos que al final, no fueron reportados.
También lo hizo para pagar sueldos a dos trabajadores que no cumplían con el perfil laboral, lo que ocasionó un boquete de 3 millones 996 mil 963 pesos en el Fassa.
Además, hubo un posible daño a la Hacienda pública por 842 mil 472 pesos porque la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado no transfirió en su totalidad los rendimientos financieros generados de el fondo.
Cada transferencia que el Gobierno de Cué Monteagudo hizo de Fassa ocurrió sin transparencia. En su informe, la ASF expuso: “Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos del primer trimestre de nivel fondo; tampoco reportó de manera pormenorizada la información relativa al avance de las acciones realizadas, y no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora”.
Pese a este relato, la Secretaría de Hacienda benefició al Gobierno de Gabino Cué en 2015 con la condonación de 9 millones 540 mil 48 pesos, una cifra parecida a la que el órgano fiscalizador señala por daño patrimonial a la entidad.
OAXACA, UN SEXENIO DESPUÉS
Gabino Cué Monteagudo entregará la administración estatal de Oaxaca a Alejandro Murat el próximo 1 de diciembre. Le llegó el momento de hacer corte. Y recibir el juicio social una vez que deje el poder. No se trata sólo de los informes financieros; sino de los resultados en pobreza, la protección de los derechos humanos, el conflicto magisterial a partir del cual explotó la tragedia de Nochixtlán y algunos episodios de corrupción.
Uno de sus ex colaboradores y hoy Senador de la República por Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, se convirtió en uno de sus más puntuales detractores. “Deja una deuda impresionante. No puede ocultarse. Eso contrasta con las obras públicas. Contrasta con el hecho de que hay más pobres. Es sorprendente que Hacienda le condone impuestos a un Gobierno con este tipo de administración”.
Cuando en 2010 tomó posesión, una de las frases de Cué Monteagudo fue “no más represión”. Se refería al añejo y encajado problema magisterial. Cientos de maestros rodeaban el Congreso de la Unión y lo escucharon con atención. Él tenía seis años de futuro y aquellas palabras fueron interpretadas por observadores, periodistas y los mismos maestros como un signo de que los tiempos traerían la negociación con la disidencia magisterial agrupada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La CNTE surgió en 1989 para oponerse a la designación de Elba Esther Gordillo Morales en el Sinicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En Oaxaca siempre fue y aún es, muy poderosa. Por ejemplo, bajo su dominio tuvo al Instituto Estatal de Educación Pública (IEEEPO), conformado en 1992. Con el plan de federalización de la educación de ese año, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, la CNTE y el Gobierno del estado firmaron un convenio que le otorgó el derecho a la sección 22 del SNTE, adscrita a la CNTE, de nombrar a los funcionarios, jefes de departamento y directivos.
Gabino Cué heredó ese pasado. Las escenas de los maestros en Oaxaca jamás han carecido de tintes violentos. Ya sea urnas quemadas o ayuntamientos apedreados, la sección 22 ha aparecido como la protagonista de varias historias de daño. En 2006, en la capital oaxaqueña, en la entraña de la sección, se gestó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que permaneció varios meses en plantón en contra del Gobierno de Ulises Ruiz que antecedió al de Gabino Cué.
En la APPO, participaron 365 organizaciones sociales, ayuntamientos populares y sindicatos. Colocaban barricadas y efectuaban incendios hasta que un día, la Policía Federal logró desalojarlos.
Experto en movimientos sociales en México, José Fernández Santillán, investigador en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM) encuentra que la CNTE significa en Oaxaca un movimiento de oposición que va más allá de los gobiernos en turno, al que jamás se quiso contener en el pasado.
Y a Gabino Cué ese desencuentro le explotó en las manos.
En 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una reforma a la estructura de la Educación que implicaba –implica aún– una evaluación general de los docentes. Las manifestaciones en contra se azuzaron. Ya no sólo fue Oaxaca. 40 mil maestros se apostaron el Zócalo de la Ciudad de México durante poco más de un mes en uno de los campamentos más grandes en la historia de la capital del país.
Gabino Cué Monteagudo se convirtió en el Gobernador que puso freno a ese movimiento desde el ámbito legal y a través de una negociación con el Gobierno federal. El 21 de julio de 2015 anunció la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) para conseguir la modernización del sistema educativo del estado. En la foto alusiva quedaron el Secretario de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, y el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, y él el Gobernador que cinco años antes encarnó la esperanza de la negociación. Juntos dieron a conocer que se crearía un nuevo instituto de educación descentralizado, con personalidad jurídica y autonomía de gestión. El decreto que ordena la transformación amaneció publicado en el periódico oficial de la entidad.
Y las cosas iban bien en apariencia. Pero el domingo 19 de junio Oaxaca, otra vez, se vio obligada a enlutarse. Ocurrió otra de las tragedias que marcarían el sexenio de Enrique Peña Nieto (Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato eran las otras). Elementos de la Policía Federal y del estado intentaron destrabar un bloqueo de maestros en una carretera de Nochixtlán. Se enfrentaron. Hubo piedras, palos, bombas molotov y balas. Ocho personas murieron y 40 resultaron heridas. ¿Quién mató a los de Nochixtlán? ¿Quién disparó? Los meses han transcurrido y es la hora en que no hay un reporte oficial sobre esta responsabilidad.
Lo cierto es que ese día, Gabino Cué Monteagudo se encontraba en una fiesta. Se casaba el Secretario de Obra Pública de Guerrero, Rafael Navarrete. Él, quien el día uno de su Gobierno pronunció la frase “no más represión” debió abandonar el brindis, ubicarse en su despacho y enfrentar la barricada cultural que organizó el escultor Francisco Toledo en el atrio de Santo Domingo de Guzmán para que Nochixtlán no volviera a repetirse.
SALDOS, MÁS SALDOS
En las cuentas de Cué Monteagudo el problema de la disidencia magisterial (histórica, gestada ahí mismo) no es el saldo más marcado. Cuando se inició su Gobierno, la estampa de la pobreza era de 62 de cien oaxaqueños en esa circunstancia, la proporción más alta de México. En otros números, 2 millones 434 mil 600 oaxaqueños vivían en condición de pobreza y 916 mil 600 en pobreza extrema, ese límite en el que el hambre de algunos días se transforma en hambre de días y días. Ahora que está por concluir el Gobierno estatal, hay 2 millones 662 mil 700 habitantes en pobreza. En la tragedia de la pobreza extrema, la miseria, se cuenta a un millón 130 mil oaxaqueños, según la medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval).
Y eso no es todo lo que heredó y que hizo crecer Cué Monteagudo. Cuando se convirtió en Gobernador la deuda pública era de 4 mil 615 millones de pesos. Bastaron tres años para pasar de esa cifra a 10 mil 154 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda registró que en 2015, ese saldo se elevó a 13 mil 175 millones de pesos, lo que significó un incremento de 185 por ciento.
El discurso de su toma de posesión parecían palabras sobre ruinas. “… Con humildad, porque el pueblo oaxaqueño es quien ha instaurado este cambio y nosotros tenemos la honrosa tarea de impulsarlo”. Y el compromiso parecía lo más oportuno: “ … Que no haya más represión ni acoso político. Nunca jamás”.
Seis años después, el 5 de junio de 2016, el PRI recuperó Oaxaca con Alejando Murat Hinojosa como candidato y la oposición que logró gobernar Oaxaca, encarnada en el ser de Gabino Cué Monteagudo, se quedó en impasse.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: UNIDAD DE DATOS/LINALOE R. FLORES, ALEJANDRA PADILLA, DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-09-2016/3096022