El priista Enrique Peña Nieto no sólo sumó a las pifias de su predecesor “la represión social” contra grupos que buscaban detener las violaciones masivas a derechos humanos; también se metió a negociar con grupos criminales. El resultado: más fosas y más desapariciones forzadas.
Así resume Edgardo Buscaglia lo que ha pasado en México durante los últimos dos sexenios. Y advierte: las desapariciones forzadas en el país no son producto de una junta militar, sino de “un fenómeno atomizado” que se va trasladando de un lugar a otro. Forman parte de la corrupción y la impunidad donde 99.9% de los casos no se resuelven.
Según el especialista en seguridad, prevención y combate al delito, temas en los que ha asesorado a países de cuatro continentes, eso es resultado del vacío de poder. “Estamos ante un Estado fragmentado donde algunos sectores se asocian a los grupos criminales; otros luchan contra ellos, y así como hay policías que combaten a cárteles de la droga, otros se les alinean”.
E insiste: las desapariciones forzadas empiezan a darse de manera fragmentada en todo el país. “A veces son periodistas; otras, activistas sociales: otras, empresarios que se niegan a ser extorsionados, otras pueden ser entre los mismos delincuentes”.
En junio de 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contabilizó 27 mil 243, cifra similar a la que reportó la Secretaría de Gobernación: 27 mil 523.
En marzo de 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, admitió que la cifra creció a 28 mil 161 personas. A ellas habría que sumar las 43 desapariciones forzadas de los estudiantes de Ayotzinapa.
Ellos fueron calcinados por el grupo criminal Guerreros Unidos, según “la verdad histórica” construida por Tomás Zerón cuando fue titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. Hoy, este personaje es secretario técnico del secretariado encargado de contabilizar a los desaparecidos.
“Pax” mafiosa
Edgardo Buscaglia sostiene que, antes de combatir a la delincuencia organizada y “lanzar a las Fuerzas Armadas o policiacas a la calle, primero se debe limpiar mínimamente al Estado”, algo que no hizo Calderón. Y, añade, deben establecerse controles patrimoniales democráticos a funcionarios y policías, así como una ley de extinción de dominio que apliquen las unidades de investigación patrimonial autónomas en cada entidad federativa que trabajen en red.
Asimismo, dice, debe haber una prevención social y una prevención de corrupción política para evitar la filtración del crimen organizado en las listas de candidatos a cargos de elección popular en todos los niveles.
Si no se limpia el Estado sucio, advierte, la corrupción aumenta exponencialmente a nivel operativo. Y pone un ejemplo: cuando Genaro García Luna estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación, los policías federales ya estaban corrompidos.
Así, cuando Calderón lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad Pública y le otorgó un presupuesto 20 veces superior, la corrupción se incrementó; peor aún, los delitos y violaciones a los derechos humanos se dispararon, explica.
Y puntualiza: Al incrementar el presupuesto a la Policía Federal (PF), Calderón sólo le echó gasolina al fuego. Además, indica, lo hizo contar con instituciones de prevención social en medio de vacíos de Estado, sin someter a la policía a una auditoría social.
“¿Cómo pudo ocurrírsele aumentar la capacidad represiva a través de presupuestos altos? Lo único que hizo fue crear este tsunami de más de 27 mil desaparecidos.”
Lo que hoy tiene México es represión sucia con desapariciones forzadas, gente colgada en las calles, comandos de la PF secuestrando a sus propios compañeros, activistas sociales. Calderón nunca entendió que con un Estado fragmentado y sucio era imposible combatir a la delincuencia organizada, sostiene Buscaglia.
Abunda: en este clima de impunidad y corrupción, pequeños pedazos de la PF trabajan para grupos criminales, como el Cártel de Sinaloa; otros se alinean con Los Zetas o con La Familia Michoacana, etcétera. Hoy, ellos mismos comienzan a limpiar sus territorios para los grupos criminales. En ese proceso de limpia caen ángeles y demonios.
Ante la impunidad –99.9% de las desapariciones jamás se resuelven–, los grupos criminales piensan en los costos y beneficios: si no hay sanción por asesinar a alguien o enterrarlo en una fosa, las cosas pueden seguir.
En su reporte entregado al Senado en febrero último, la Procuraduría General de la República (PGR) indica que de agosto de 2006 a octubre de 2015 el gobierno localizó 662 cuerpos en 201 fosas.
El año más crítico fue 2011, cuando se detectaron 26 fosas en Veracruz, Tamaulipas y Durango. En la última entidad había 53 cuerpos, según la PGR. Sin embargo, la prensa local reportó 231, la mayoría no identificados, y denunció que las autoridades estatales exhumaron los cadáveres con trascabos y retroexcavadoras, “como si se tratara de cascajo”.
Según el reporte de la procuraduría, entre octubre de 2014 y junio de 2015 en Iguala, Guerrero, se descubrieron 63 fosas con 133 cuerpos: ninguno era de los estudiantes de Ayotzinapa.
Buscaglia comenta al respecto: Las desapariciones donde participa el crimen organizado son por disputas territoriales, como en Durango. Cuando ello sucede, las convenciones internaciones lo consideran “un conflicto armado”, pues algunos elementos del Estado se alinean con alguno de los bandos, mientras la población civil queda en medio de los enfrentamientos.
“Durango sufrió uno de los más altos índices de desapariciones forzadas; luego se colapsa ese índice una vez que el Cártel de Sinaloa toma el territorio y establece a sus funcionarios”, señala el especialista.
Explica: dada la crónica incapacidad del Estado mexicano para procesar casos, imponer castigos y desmantelar redes criminales por falta de controles patrimoniales, la tasa de homicidios se reduce porque un grupo criminal se adueña del territorio, desplaza a sus rivales y hace alianzas con el gobierno. Esa es la pax mafiosa.
Comisión de la verdad
Los tsunami de desapariciones forzadas y homicidios obedecen sólo a los conflictos, aleatorios o no, entre las redes criminales. Cuando un grupo triunfa, va en pos de otro territorio. Ante el vacío de poder del Estado, las bandas criminales son las que imponen las tasas de desapariciones, no el Estado.
Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, recuerda que en los ochenta había una “pirámide de comando y control” del gobierno federal. El crimen organizado formaba parte de ella, pero durante la pretendida “transición democrática” se desmantelaron las instituciones autoritarias. Lo grave es que no se sustituyeron.
Y pone un ejemplo: Lo que hizo Vicente Fox con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional no fue sustituirlo por una policía democrática. Además, en las entidades siguen los mismos jueces. “Con esa pirámide de comando de control desquebrajada, el crimen organizado comenzó a financiar a los políticos y a imponer policías y funcionarios.
También hay grupos que cometen desapariciones forzadas. “Forman parte del Estado y los conforman policías estatales. Ellos son los que cavan las fosas, extorsionan gente, asesinan”.
Cita el caso de Chiapas, donde, como sucedió en Afganistán, “un pedazo del Estado trata de imponer la ley a otro pedazo del Estado, asediando a fiscales y deteniéndolos. Eso me tocó verlo. Y esto es difícil de resolver porque no está sujeto a una orden de Los Pinos, Hoy, el presidente Peña Nieto es un cero a la izquierda, una figura simbólica con menos poder que la reina de Inglaterra”.
Buscaglia insiste: Peña Nieto continuó con los errores de Calderón en la persecución al crimen organizado, y además lo hizo sin implementar ninguna medida de control patrimonial ni de prevención para atacar la corrupción política.
Peor aún, “se metió a negociar con los grupos criminales, como en Michoacán. Ahí neutralizó a los grupos sociales que defendían a la población. Con ello agregó a los errores de Calderón la represión a los grupos sociales y la entrega incondicional de territorio (a los criminales)”.
También habla de otros estados, como Chihuahua, donde ese mismo esquema se aplicó pero no de manera pública. Afirma que hoy el control de esa entidad lo tienen los grupos criminales.
Buscaglia también menciona el caso de Cherán, donde Peña Nieto ha enviado a la PF y al Ejército para fragmentar a esa comunidad indígena y reprimirla. Al mismo tiempo empieza a incrementarse la violencia, la violación a los derechos humanos, las desapariciones forzadas y el descubrimiento de fosas clandestinas.
Frente a esa realidad oprobiosa, dice, los familiares de víctimas y desaparecidos deben crear una sola agrupación, una Comisión de la Verdad, y elaborar una agenda nacional; deben buscar el respaldo y financiamiento de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Desapariciones, invitar a técnicos extranjeros para organizar sus descubrimientos y testimonios, y pedir asesoría a jueces o exjueces extranjeros.
Recomienda que, una vez organizados, deben “rodear el Congreso”, ejercer presión para que las autoridades respondan por los desaparecidos. Dice que un ejemplo digno es el de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, a quienes el gobierno de Peña Nieto no ha podido dividir.
“Ellos han tenido la mejor práctica internacional, apoyo en Europa. Han hecho escándalo mediático. Ya pusieron en jaque al gobierno. Tarde o temprano su caso va a llegar a la Corte Penal Internacional.”
Advierte que cuando las organizaciones de víctimas empiezan a aglutinarse, el gobierno trata de cooptarlas, bloquearlas, meterles miedo, darles dinero. “Nunca había visto tanto reparto de dinero como en México. En Brasil, Colombia o Argentina nunca vi algo así”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/456522/mexico-en-vacio-poder-llena-la-delincuencia-buscaglia