Tres años después, en 2015, el destino había cambiado. El momento dorado se había fugado. El Presidente tenía sólo 39 por ciento de aceptación a su gestión, el más bajo en la Historia desde que en 1994 el diario Reforma realizó la primera encuesta de este tipo. Su Administración se había descarrilado por las revelaciones de que él mismo y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, adquirieron bienes inmuebles a través de contratistas del Gobierno.
Además estaba, como sombra de ladrón, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Superior Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Por si fuera poco, el Gobierno federal continuaba con un plan de austeridad para enfrentar la desaceleración de la economía mexicana debido a la caída de los precios del petróleo en el mundo. Sólo había nubarrones negros sobre México.
Y Casas Geo, una empresa que alguna vez tuvo 12 mil trabajadores para entonces tenía mil. La viviendera que llegó a ofrecer hasta 50 mil casas al año, en ese momento comercializaba menos de 500. Se enfrentaba a un desafío histórico: salir de sus propios escombros a través de una reestructuración financiera. Casi sepultada en cascajo por falta de liquidez y una deuda de cuatro mil millones de UDIS – unos 21 mil 080 millones de pesos- el 15 de abril del 2014 entró a concurso mercantil. Al cierre de sus operaciones en 2015, la desarrolladora sumó un patrimonio de dos mil 680 millones de pesos y aspiraba a superar los seis mil 500 millones de pesos, una vez firmados los acuerdos con los acreedores.
Pero por lo menos para Geo hubo algo de aquel momento dorado de Enrique Peña Nieto. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) le condonó tres mil 073 millones 387 mil 565 pesos, el 60 por ciento del total de condonaciones de créditos fiscales otorgado ese año. No sólo fue Casas Geo. En 2015, el perdón del SAT le llegó a empresas con arraigo en el país, políticos, un connotado futbolista, una poderosa dirigente sindical y hasta a un socio de Zhenli Ye Gon, el empresario chino, acusado de tráfico de drogas y quien reunió en su casa montañas de billetes y monedas que sumaron 205 millones de dólares.
Así, se escribió una historia de paradojas. En 2015, México estaba hundido en el sótano de los países que menos recaudaron entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). El promedio de ingresos tributarios en el conjunto de América Latina ascendió a 18.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el de los países de esa organización a 26.3 por ciento. El de México fue sólo de 9.5 por ciento, según esa organización internacional. Mientras, nombres de prominencia en el mundo empresarial eran disculpados para pagar adeudos millonarios.
Un crédito fiscal es un concepto que el Estado tiene derecho a percibir. Provienen de contribuciones, multas, recargos o aprovechamientos. Eso indica la letra del Artículo 4 del Código Fiscal de la Federación. En 2015, el SAT aceptó otorgar algunos perdones para esos adeudos. Así fue que de un total de siete mil 108 empresas, 607 dejaron de pagar 48 mil 421 millones 396 mil 507 de pesos. El resto fue perdonado por dos mil 423 millones 754 mil 879 pesos.
La indulgencia, el Gobierno la otorgó al amparo del espíritu del Artículo 74 del Código Fiscal de la Federación (CFF) que implica que los pequeños contribuyentes en problemas obtengan cierta condescendencia para volverse a poner en orden en sus tributos al fisco. Pero ese año, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a cargo de Luis Videgaray Caso, los perdones se concentraron en unos cuantos, como muestran los números. Se trata de un perdón mayoritario para apenas el 8.5 por ciento de una lista de personas con créditos condonados o cancelados.
Además de cobijarse en el artículo del CFF, el Ejecutivo Federal emitió un decreto para favorecer al sector vivienda con la justificación de promover el desarrollo y construcción de calidad a precios accesibles para las familias mexicanas. El Presidente también emitió otro decreto para condonar los créditos del sector dedicado a la venta de suplementos alimenticios.
¿Quiénes integran el mínimo porcentaje? ¿A qué tipo de empresario el SAT le permitió disculpas? Fundar, Centro de Análisis e Investigación, obtuvo mediante los mecanismos de Transparencia del Gobierno federal dos bases de datos de los perdones del SAT y un equipo de periodistas de SinEmbargo realizó búsquedas para dar con dueños de empresas, las empresas mismas y algunos otros nombres propios. El buceo en ese mar de información arrojó un denominador: la ruta que siguió la indulgencia del SAT para los mayores montos de créditos fiscales siempre llegó a personajes reconocidos en el ámbito político o empresarial o a grandes empresas con arraigo familiar en el país.
En los siguientes días, este medio digital dará a conocer las historias de quienes, en 2015 –el tercer año de Gobierno de Enrique Peña Nieto- recibieron la amnistía del SAT, en ese momento a cargo de Aristóteles Núñez Sánchez, dentro de la cartera que ocupó el otrora poderoso miembro del Gabinete, Luis Videgaray Caso.
Un año después de la condonación y cancelación de créditos fiscales, el escenario de la Hacienda pública ha cambiado. Luis Videgaray Caso, el ser político con más influencia en las decisiones económicas, financieras y políticas del país, se ha ido de la Administración. Con una Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Doctorado en la misma materia por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en Inglés), sus credenciales lo ubicaron como el gran orquestador de las finanzas del país y también de las decisiones políticas. Por ejemplo, las reformas en cinco ámbitos estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, se le adjudican a su autoría.
Pese a un poderío reconocido dentro y fuera del Gobierno, el Secretario de Hacienda se llevó sobre los hombros la carga de la desaceleración de la economía que bajo su administración no consiguió crecer más allá del 3 por ciento, mientras la deuda pública aumentó con un ritmo histórico. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público –la medida más amplia de la deuda del país– pasó del 36.4 por ciento al 50.5 del PIB. Videgaray Caso no se fue solo. En cascada, tras su renuncia, llegaron las del subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, y Aristóteles Núñez Sánchez, titular del SAT.
En el Gobierno peñanietista, Nuñez Sánchez era uno de los funcionarios con mayor permanencia. Como otros en el equipo del Presidente, tiene un pasado en el Gobierno del Estado de México. Ahí, cuando Enrique Peña Nieto fue Mandatario, fue subsecretario de Ingresos de 2007 a 2012. Al SAT ingresó en 2012, apenas tomó posesión el ex Gobernador mexiquense.
Durante sus funciones enfrentó el caso de los Panama Papers, que reveló múltiples evasiones de impuestos de personajes públicos y empresarios, así como el proceso de auditoría al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en agosto de 2016. También, una condonación masiva en 2013 y una más, en 2015. Esta última es de la que se desgranan las historias que serán presentadas los próximos días.
Era 2015 y el saldo de los créditos fiscales ascendió a 514 mil 645 millones de pesos, 14 por ciento más que el año anterior, según datos de la Secretaría de Hacienda en su informe de finanzas públicas.
Personas físicas
Y la mayor parte de la deuda no provenía de personas físicas; era de las empresas, por 425 mil 879 millones de pesos. Cinco años antes, cuando Felipe Calderón vivía su última etapa en la Presidencia de la República, la deuda era de 743 mil 784 millones de pesos. En 2014 fue de 450 mil 875 millones. Pero la tendencia a la baja se frenó justo ese año y el adeudo volvió a subir.
Personas morales
Consultados sobre esta circunstancia, especialistas en varias instituciones académicas y de análisis coinciden en que México no tiene condiciones para aplicar medidas de condonación masiva. Daniel Márquez Gómez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), acota que en México, “tenemos un grave déficit presupuestal. Sólo recaudamos 7 por ciento de lo que gastamos. Tenemos una fuerte caída de ingresos petroleros, el valor del peso frente al dólar también va en caída. México es un país en donde las brechas de desigualdad son tan significativas que tenemos al hombre más rico del mundo, pero también a personas que habitan las regiones más marcadas por la miseria del planeta. Este país no es el lugar en donde se debería aplicar la condonación”.
Las palabras de Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), al respecto son que la condonación y cancelación son mecanismos que deben verse desde la perspectiva de la justicia social. “Buena parte de los amparos, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se refieren a asuntos fiscales. Y son de las grandes empresas. Son los grandes contribuyentes los que tienen acceso a la información y actualización de las misceláneas. Y son ellos los beneficiarios”.
Pero en las oficinas del SAT hay una razón para estas medidas. Lizandro Núñez, Administrador General de Recaudación del sistema, explica: “Del 1 de enero de 2014 al 16 de agosto de 2016, se han condonado seis mil 365 millones, pero ese dinero ha llevado a una recuperación de 17 mil 933 millones de pesos. La condición para condonar es ‘te condono una parte, pero me pagas la otra’. La deuda era de 24 mil 298 millones y nos pagaron eso”.
¿Y LO QUE PERDONÓ CALDERÓN?
El SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con atribuciones y facultades ejecutivas. Cobijado en el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, esta autoridad ha empleado el llamado “secreto fiscal” que ordena a todo el personal oficial que interviene en los diversos trámites fiscales a guardar “absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros. Así lo marca su propia ley. Y suena muy bien en términos de seguridad y protección de datos.
Pero en la última década, el “secreto fiscal” se convirtió, más bien, en un candado para la información. En 2007, en el primer año de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el Congreso de la Unión aprobó un programa de condonación masiva que alcanzó 86 millones 992 mil pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. Poco más de una década después, no puede conocerse a qué empresas se les otorgó esa amnistía porque su resguardo se apega en lo legal al “secreto fiscal”.
Fundar recopiló los datos de 2007. Conoció así que entre los deudores que dejaron de pagar se encuentran tres bancos que concentraron 780 créditos por un monto de 28 mil 623 millones de pesos. Un solo banco registró 683 créditos fiscales por 24 mil 918 millones de pesos; 14 empresas de la construcción, con 235 créditos, debían a la autoridad 9 mil 880 millones de pesos y 11 ingenios, con 739 créditos, debían al fisco 8 mil 257 millones de pesos. También cuatro clubes de fútbol tuvieron 79 créditos, por un monto de 2 mil 178 millones de pesos, una compañía editorial tenía 40 créditos, por 2 mil 675 millones de pesos y dos cadenas televisivas tenían créditos por mil 521 millones de pesos.
Así, la organización inició en 2010 un camino para conocer qué empresas y quiénes recibieron perdón gubernamental para dejar de pagarle a la autoridad hacendaria. Ha sido una ruta larga y en su mayor parte averiada por las negativas a la información que no ha desembocado en la revelación de ningún nombre.
Fundar y otras organizaciones de la sociedad civil acudieron al Poder Judicial de la Federación para solicitar vía amparo la declaración de inconstitucionalidad del artículo que avala el secreto fiscal. El argumento que presentaron es que en una sociedad democrática, las autoridades estatales deben regirse por la presunción de que la información en poder del Gobierno es de carácter público y sólo puede ser reservada de manera excepcional por razones de interés público. Pero la Corte le dio la razón al SAT.
No hay grandes esperanzas para conocer quiénes fueron los beneficiarios en 2007. Lizandro Núñez, Administrador General de Recaudación del SAT, responde de manera contundente al planteamiento de cuándo podrá abrirse esa información: “Nuestra postura sigue siendo que solamente vamos a revelar los datos a partir de que la ley se reformó. A este momento, esa es nuestra postura. Es un tema de respetar los datos personales. También para nosotros como servidores públicos, revelar el dato de alguien sin tener una autorización expresa de la autoridad te lleva a una sanción que puede ser hasta de cárcel”.
Siete años después, en el primer año de Gobierno de Enrique Peña Nieto, el SAT lanzó el programa “Ponte al Corriente”. Y otra vez, llegó la controversia porque no todo salió a la perfección. Al evaluar el programa, la Auditoría Superior de la Federación calculó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por mil 123 millones 614 mil pesos por multas y recargos que servidores públicos del SAT condonaron a cinco contribuyentes de manera presuntamente improcedente al amparo del inciso b, fracción I, del artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013.
No obstante el secreto fiscal, al que se atiene para no revelar información de 2007, el SAT reveló de manera parcial la información de beneficiarios del programa “Ponte al corriente”. Las listas que hizo públicas se limitan al RFC de la empresa y al monto condonado y cancelado.
Pudo conocerse que el Presidente Peña Nieto, a través del SAT, le condonó un crédito fiscal de tres mil 334 millones de pesos a Grupo Televisa, de los cuales sólo debió pagar el 10 por ciento; es decir, 343 millones 254 mil pesos y desistió de un juicio de nulidad que promovió contra el fisco desde 2011, según reportó la televisora ante la Bolsa Mexicana de Valores ese mismo año.
¿Quiénes más recibieron el beneficio en el primer año de Gobierno peñanietista? Sabritas con el RFC SAB730510K44 y 929 millones 492 mil 858 pesos. También Gamesa con GGA831121JE9 y 150 millones 453 mil 901.00 pesos. La desarrolladora inmobiliaria Prologis con los registros PCI060124PP5, por nueve millones 342 mil 849.00 pesos y PCD060125NV4, por 5 millones 498 mil 397.00 pesos y Scotiabank Inverlat que ante el SAT es SIN9412025I4, por 28 millones 825 mil 996 pesos.
Los perdones del SAT, esos que le llegan a ciertos empresarios, los menos ante la autoridad fiscal, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, continuaron en 2015.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: UNIDAD DE DATOS/LINALOE FLORES, DANIELA BARRAGÁN, ALEJANDRA PADILLA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-09-2016/3092072