Era su tercer año de Gobierno y, una semana antes, había adquirido un crédito bursátil por 11 mil 999 millones de pesos, la operación más abultada de todas las que aparecen en su reporte de deuda pública hasta diciembre de 2015.
Esta cantidad era adicional a los 23 mil 284 millones en pasivos con los que había cerrado 2012 y que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), eran un 85.5 por ciento más que los que había recibido al iniciar su Gobierno.
Pero era también el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien un año antes había ganado la Presidencia de la República en una elección coordinada por su luego Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y apoyada sobre todo por gobernadores priistas como el chihuahuense Duarte.
La decisión tomada entonces para la ya abultada deuda pública formada en Chihuahua fue hacer una “reestructura” o “refinanciamiento” a través de un Fideicomiso Maestro que recibiría miles de millones de pesos de recursos públicos que, a su vez, servirían de garantía de pago de futuros préstamos para el mismo mandatario.
Este esquema de “reestructura” aparece descrito en el decreto 1370 del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicado el 5 de septiembre de 2013 y que, pese al ya alto nivel de endeudamiento, autorizó a Duarte desde entonces para recibir préstamos por hasta 30 mil millones de pesos adicionales.
“Se autoriza el Ejecutivo del estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, contrate financiamiento a través del crédito público, incluyendo la emisión de valores a ser colocados en el mercado, hasta por un monto de 25 mil millones de pesos”, dice el artículo Segundo del decreto 1370.
“Se autoriza al Ejecutivo para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en su caso, contrate y ejerza financiamiento a través de crédito público (…) en adición a lo establecido en el artículo segundo, hasta por el monto de $5,000’000,000”, agrega el artículo Sexto.
El mismo documento oficial establece que la garantía o fuente de pago de estos nuevos préstamos sería “hasta el cien por ciento” de los recursos que le correspondieran a Chihuahua del Fondo General de Participaciones (FGP) del Ramo 28, y “hasta el cien por ciento de los ingresos presentes y futuros que le corresponden al estado por cualquier impuesto” estatal.
Con estas garantías de pago, al día siguiente de la publicación del decreto, Duarte contrató otras dos emisiones bursátiles que en total le dieron acceso a otros dos mil 800 millones de pesos.
Y, el 26 de noviembre siguiente, junto con una empresa privada, constituyó el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0152, destinado para recibir las transferencias de los recursos federales y estatales con los que se garantizarían aún más préstamos.
Así, al día siguiente, al amparo de este nuevo Fideicomiso Maestro, Duarte contrató otros cinco préstamos (tres con Bancomer, uno con Multiva y otro con Interacciones) por otros 12 mil 624.5 millones de pesos. Y, en 2014, otros seis por siete mil 100.5 millones.
En total, de acuerdo con el más reciente reporte sobre la “Situación que guarda la deuda pública estatal” de Chihuahua, 19 mil 725.1 millones adquiridos por Duarte al amparo del mismo Fideicomiso Maestro 152 creado en la “reestructura” de su deuda.
LA MANO DE EVERCORE
Con el Fideicomiso Maestro, la firma privada tuvo acceso al FGP del Ramo 28, estimado en unos 10 millones de pesos anuales y autorizado por el decreto 1370 como fuente de pago de los préstamos de Duarte.
“Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que (…) afecte irrevocablemente, como fuente de pago, garantía o ambas, de las obligaciones que se deriven de los convenios, contratos, títulos de crédito, valores o demás documentos que se suscriban para instrumentar los refinanciamientos, reestructuras o financiamientos adicionales que se celebren al amparo de este decreto (…) el derecho a percibir hasta el cien por ciento de las participaciones que por ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones”, dice el artículo octavo del decreto 1370.
Los respectivos Presupuestos de Egresos del estado de Chihuahua muestran, por su parte, que al Fideicomiso Maestro administrado por Evercore se le han asignado 4 mil 562.4 millones para los últimos tres años (mil 692.5 millones en 2014; otros mil 406.8 en 2015 y otros mil 463.1 en 2016).
La “reestructura”, entonces, le permitió a Duarte Jáquez aumentar su liquidez mientras Evercore –cuya participación aparece en los decretos oficiales que gestionaron los financiamientos– consiguió acceso a otros miles de millones de recursos públicos usados como garantía de pago de los préstamos del primero.
“He seguido este Fideicomiso Maestro y encuentro dos características: la caterva de gente de Pedro Aspe, que están detrás, beneficiándose”, dice Jaime García Chávez, abogado chihuahuense que presentó la demanda penal por la probable participación de Duarte en la Unión de Crédito Progreso.
“Y que claro que ellos hacen una especie de marco para la contratación de deuda, intermedian, invierten en la bolsa y se embolsan miles de millones de pesos (…) creo que son mecanismos de corrupción política, que no están sujetos a supervisión adecuada del Estado, por el déficit regulatorio para hacer estas maniobras”, agrega.
El nombre de Evercore aparece no sólo como el de la administradora del Fideicomiso Maestro, sino también como el antiguo lugar de trabajo de la actual titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal, la contadora Marcela Andrade Martínez, que llegó a la administración pública en 2013.
Por parte del Gobierno de Chihuahua, la “reestructura” dejó la contratación de los financiamientos en Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de Duarte, socio de la Unión de Crédito Progreso y también incluido en la demanda penal de García Chávez.
“Creo que el régimen de impunidad y corrupción que tenemos en el país, en el caso de César Duarte, obedece a favores prestados a Peña Nieto que lo imposibilitan para ejercer la acción penal”, dijo el abogado chihuahuense en julio pasado, con relación a la inacción de la Procuraduría General de la República ante la vinculación de Duarte con la institución de crédito.
Chihuahua, cuyos pasivos actuales por 42 mil 175.9 millones forman la cuarta deuda per cápita más alta del país, fue también uno de los siete estados que perdió el Partido Revolucionario Institucional en la pasada elección del 5 de junio, cuando se renovaron 12 gubernaturas.
La probable corrupción atribuida a mandatarios con los más altos niveles de deuda pública, como César Duarte Jáquez, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, fue considerada entonces por el tricolor como factor de las derrotas.
Contra esto ex mandatarios, sin embargo –y salvo en el caso de Javier Duarte–, no han avanzado medidas legales y, como García Chávez, incluso una parte del Comité Ejecutivo Nacional priísta atribuye la impunidad que gozan los ex mandatarios a un supuesto “acuerdo económico” con integrantes del Gobierno federal y gestado desde la campaña de Peña Nieto.
“Un grupo de priístas, empezando por quien era presidente nacional del partido entonces, Humberto Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, aparentemente hicieron un compromiso económico que ahora limita al Presidente para combatir la corrupción”, dijo desde agosto pasado a este medio una fuente del CEN del PRI.
También el nuevo Gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aludió a una “corresponsabilidad” del Gobierno federal en el endeudamiento de Chihuahua y, en agosto pasado, especificó que ésta se gestó a través del Fideicomiso Maestro.
“Ahí hay, por supuesto, una corresponsabilidad de la Federación que avaló, a través de la Secretaría de Hacienda, el Fideicomiso Maestro con el que se comprometieron metas hoy incumplidas, en términos de déficit presupuestal”, advirtió Corral.
“Ese endeudamiento irresponsable, que no se tradujo ni en crecimiento económico ni en inversión ni en infraestructura, se le suma un déficit presupuestal que hemos calculado por ahora –porque todavía no sabemos bien a bien en cuánto terminará– de casi 4 mil 500 millones de pesos”, dijo también el nuevo mandatario.
Después de la toma de posesión, sin embargo, el nuevo Secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez, dijo a SinEmbargo haber apenas iniciado la revisión de los contratos que dieron origen a los financiamientos y no tener opinión sobre los “conocidos” vínculos entre Aspe, Videgaray y Evercore.
“Evercore es la que organizó la reestructura y es la que tiene a su cargo el Fideicomiso (…) El trabajo que haya hecho la compañía en términos de tasas lo tendremos nosotros que analizar”, dijo Fuentes Vélez en breve entrevista.
“La relación que existe ahí evidentemente con el ex Secretario Aspe es un hecho conocido. Nosotros no tenemos opinión en el tema de por qué decidieron por esa empresa y no por otra. Eso tendrían que manifestarlo las autoridades anteriores. Lo que sí puedo decir es estamos revisando con mucho cuidado cada uno de los contratos que se hicieron para analizar el destino de la deuda y las condiciones en las que se contrató”, agregó el nuevo funcionario.
LÍDER EN “REESTRUCTURAS”
El Gobierno del Estado de Chihuahua no es la única entidad pública con la que trabaja Evercore. Fundada por Aspe como Protego en 1996, al término del sexenio de Salinas, la firma presta actualmente servicios financieros y consultorías a diferentes dependencias de la administración pública.
De acuerdo con datos del Portal de Obligaciones de Transparencia del Gobierno federal, en la década transcurrida entre 2002 y 2012, celebró contratos por 43.3 millones de pesos con las dos anteriores administraciones federales panistas.
Pero en lo que va del sexenio, muestran los mismos datos, Evercore ha ganado 98.7 millones de pesos; es decir, más del doble en la tercera parte del tiempo.
Como en otros contratos obtenidos por Evercore, en los obtenidos del Gobierno federal destacan no los honorarios sino el carácter estratégico de los proyectos, como “la planeación, coordinación y control del programa de zonas económicas especiales” que le asignó en mayo pasado el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
También en este sexenio, Evercore incorporó la empresa mexicana Diavaz a su portafolio de inversiones y, el 15 de diciembre pasado, ésta última obtuvo la licencia para explotar dos campos petroleros y, así, estrenarse en la extracción de hidrocarburos permitida por la Reforma Energética.
Pero es en el negocio de las reestructuras o “refinanciamientos” de los Gobiernos locales, de acuerdo con su página digital, donde Evercore considera que ha sido “líder absoluto”, rediseñando marcos legales y promoviendo créditos con 26 administraciones.
“El equipo de Finanzas Públicas e Infraestructura (EFPI) asesora a los Gobiernos locales a reformar su marco legal, a efecto de detonar la inversión en infraestructura en la entidad a través de esquemas de financiamiento con participación privada”, describe la página.
“El EFPI asesora a los Gobiernos locales en la obtención de financiamiento tanto bancario como bursátil (deuda de largo plazo, bursatilización de activos, etc.), así como en el refinanciamiento o reestructura de su deuda”, agrega.
DEUDA O “INVERSIONES PRODUCTIVAS”
Todos estos procedimientos de “reestructura” de deudas, comenta a SinEmbargo Diego Díaz, analista del Instituto Mexicano para la Competitividad, son normales y se encuentran dentro de los marcos legales.
Pero, de acuerdo con el Diputado federal poblano Rodrigo Abdala, se trata de un esquema de negocios en los que se utilizan recursos públicos para especular en el mercado de valores aprovechando, además, las “conexiones” del poder político.
“Evercore es una banca de tercer nivel y también es casa de bolsa, lo que le permite usar el dinero que tiene en sus arcas para invertir en el mercado especulativo”, dice el integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
“Uno de sus accionistas es Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda y ex jefe del que fue Secretario de Hacienda poco más de cuatro años con Peña Nieto. Imagine las conexiones que tienen en el mercado bursátil y la información privilegiada para que obtengan ganancias”, agrega.
El 11 de febrero pasado, Abdala introdujo en la Cámara Baja un punto de acuerdo solicitando un diagnóstico sobre la deuda que guarda el Estado de Puebla, donde también trabaja Evercore.
El punto de acuerdo fue presentado luego de que el periódico Reforma publicara, el 2 de febrero, que el Gobierno de Puebla comprometió 50 años de ingresos por el Impuesto Sobre la Nómina que se irían a un fideicomiso administrado por la casa de bolsa.
En su argumentación, el legislador explica que el manejo financiero incluye un mecanismo que permite convertir la deuda pública en “proyectos de prestación de servicios”, evitando así el registro oficial de los pasivos.
Tal conversión, agrega Abdala, fue posible gracias a una modificación hecha desde 2012 a la Ley de Deuda Pública de esa entidad.
“Así, aprovechando esas reformas, en 2012 se constituyó un fideicomiso y se contrató para su administración a la empresa privada Evercore-Protego”, explica el documento.
En Chihuahua se registra un procedimiento similar, ya que otra característica de la “reestructura” prevista en 2013 es ya no considerar “deuda” a la contratación de futuros “financiamientos adicionales”, sino “inversiones públicas productivas”, como establece el decreto 1370.
“Los financiamientos que se lleven a cabo al amparo de este decreto constituyen inversiones público-productivas, toda vez que tienen por propósito, directo o indirecto, el saneamiento financiero, el mejoramiento del perfil de la deuda del estado y el incremento de la capacidad financiera del estado”, dice el decreto.
“El destino de los recursos de los financiamientos que sean objeto de refinanciamiento deberá haber sido, en su origen, inversiones público privadas (…) Los recursos provenientes de los financiamientos que se contraten al amparo de este artículo deberán destinarse a refinanciar, en todo o en parte, las cantidades debidas y pendientes de pago”, insiste el documento.
El 6 de julio pasado, la legislatura local aprobó una última operación de crédito a Duarte, por seis mil millones de pesos que, en este caso, tuvieron como garantía de pago el fideicomiso 80672, conocido como Fideicomiso Carretero.
Y fue esta transformación del decreto 1370, se observa la más reciente aprobación, lo que permitió al Ejecutivo afirmar que ese financiamiento no constituirá “deuda” financiera.
“En caso de que la Reestructura de los Financiamientos se implemente por cualquier tipo de financiamiento, distinto a la emisión de valores a ser colocados en el mercado de valores, siempre y cuando dicho financiamiento cuente con la fuente de pago a que se hace referencia en el presente decreto, este no constituirá deuda total financiera, según dicho concepto fue acordado con los acreedores del Estado en términos de la operación de reestructura y refinanciamiento de la deuda pública del Estado implementada con fundamento en el decreto número 1370/2013”, dice del decreto de autorización para el más reciente crédito.
Los datos de Hacienda sobre la evolución de la deuda de Chihuahua muestran que Duarte recibió el estado con 12 mil 547 millones en pasivos, y que para 2012 eran 23 mil 284.
También, que fue en 2013, el año en el que se firmó el Fideicomiso Maestro, cuando se registró el mayor aumento en la deuda, por 18 mil 483 millones, para cerrar en diciembre de ese año en 41 mil 678.2 millones de pesos.
Sin embargo, y pese a que en 2014 obtuvo préstamos por más de siete mil cien millones, Hacienda indica que la deuda de Chihuahua sigue ligeramente por encima de los 42 mil millones, sin mayor aumento.
En los presupuestos de Egresos del Estado de Chihuahua, asimismo, el renglón de deuda pública asigna anualmente alrededor de 300 millones.
El egreso destinado al Fideicomiso Maestro de Evercore, sin embargo, aparece en otro rubro, denominado “Orden Institucional”, y es a donde se han ido los más de cuatro mil 500 millones de pesos.
Este medio solicitó información a la firma sobre la reestructura de la deuda de Chihuahua y el resto de su trabajo con administraciones públicas. Pero, a través de su directora jurírida, Sylvia Martínez, Evercore respondió que no daban entrevistas por “políticas internas”.
“SEÑAL DE RIESGO”
Tener acceso a recursos públicos, administrarlos y especular con ellos en el mercado de valores es un negocio sobre todo si, como en Evercore, hay vínculos con altos niveles del poder político, dice el diputado Rodrigo Abdala.
“Para su posicionamiento como inversionista, aprovecha la red de relaciones con altos ex funcionarios salinistas y prominentes funcionarios actual administración del Gobierno de Peña Nieto, como el actual Secretario de Hacienda Luis Videgaray, quien a principios de siglo fue director del área de Finanzas Públicas de Protego-Evercore”, estableció el Diputado en su punto de acuerdo de febrero pasado.
Un ejemplo de la “reestructura” de Evercore aparece en un boletín en el que la empresa privada HR Ratings califica uno de los créditos de Duarte, por mil 716 millones de pesos, contraídos con Bancomer.
En un cuadro sobre el desempeño financiero de este crédito, HR Ratings muestra que, en 2014, al Estado le tocó recibir 10 mil millones del Fondo General de Participaciones, de los cuales, 405.3 se fueron al Fideicomiso y sólo 112, o menos de un 30 por ciento de esta última cantidad, se destinaron al “servicio total de la deuda”.
“Con base en los criterios establecidos en la estructura (…) el fideicomiso sería capaz de garantizar las obligaciones financieras del estado en el mediano plazo. En promedio, la fuente de pago asignada anualmente al crédito sería 3.0x (tres veces) mayor al servicio anual de la deuda”, dice el boletín.
Pero comprometer así los ingresos federales, advierte la SCHP, es una señal de riesgo para las finanzas de cualquier administración pública.
“Las cinco entidades federativas con mayor deuda como proporción de las Participaciones Federales son Quintana Roo (269.5 por ciento), Coahuila (261.5 por ciento), Chihuahua (228 ciento), Nuevo León (220.6 ciento) y Veracruz (133.31 ciento)”, dice el Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas publicado en abril pasado por el Centro de las Finanzas Públicas del Gobierno federal.
“Los porcentajes de los primeros cuatros estados anteriores son relativamente altos; estos estados y municipios tendrían que erogar al menos durante dos ejercicios fiscales el total de sus Participaciones Federales para hacer frente a las obligaciones financieras”, agrega.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-10-2016/3102818