El informe de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), en poder de Apro, refiere que estos grupos delictivos tienen presencia en cinco de las siete regiones de la entidad.
Los 16 presuntos delincuentes son definidos por la SSP, que encabeza el general brigadier en activo, pedro Almazán Cervantes, como “objetivos criminales relevantes”, “prófugos de la justicia” y señalados de “propiciar” la violencia e incidencia delictiva de alto impacto en Guerrero, refiere el informe oficial elaborado en agosto pasado.
Destaca el hecho de que algunos criminales tienen antecedentes de formación en las Fuerzas Armadas y corporaciones policiacas; otros se encuentran presos y la mayoría está confrontado por el control de las plazas.
No obstante, los jefes criminales señalados por el gobierno de Astudillo están unidos por una red de complicidades con políticos y empresarios en la entidad que ha sido exhibida públicamente.
El informe de la SSP del gobierno actual prácticamente coincide con un reporte elaborado en septiembre de 2015 por la Fiscalía General del estado (FGE), de la anterior administración que fue entregado al gobierno federal, como se dio a conocer a detalle en el reportaje publicado en enero pasado, titulado “En Guerrero, impunidad garantizada” (Proceso 2048).
A pesar de ello, Astudillo se ha caracterizado por expresar su respaldo en público a políticos vinculados con los líderes de las bandas delictivas señalados en su propio informe, como el caso del perredista Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los líderes de la banda de Los Ardillos, Celso y Antonio Ortega.
Así como el alcalde priista de Tecpan de Galeana, Leopoldo Soberanis, señalado por mandos castrenses como lavador de activos del grupo de Los Granados; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, vinculado con el empresario porteño Joaquín Alonso Piedra, actualmente preso y acusado por el gobierno federal de ser operador financiero de Los Beltrán Leyva en Acapulco.
Los responsables de la violencia
El informe de la SSP de la administración astudillista refiere que en el puerto de Acapulco operan nueve de los criminales plenamente identificados, entre ellos uno de los líderes del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), José El Tete Galeana, preso desde 2013 en la cárcel de Las Cruces.
Así como miembros del grupo antagónico del cártel de los Beltrán Leyva, como el exmilitar, Víctor El Erizo Piza Nogueda, y el excomandante de la Policía Ministerial estatal, Juan Pita Calderón, quien estando activo en la corporación fue encarcelado en 2003 acusado por los delitos de secuestro y extorsión en agravio de un empresario procedente de República Dominicana identificado como Santiago Francisco Maldonado.
En la región Centro, el gobierno estatal ubica a dos delincuentes como los responsables de la violencia en Chilpancingo, Tixtla y Chilapa identificados como Zenén Nava Sánchez El Chaparro, jefe de un reducto de la banda de Los Rojos; y Antonio Ortega Jiménez, líder del grupo Los Ardillos, afincado en el municipio de Quechultenango y hermano del expresidente del Congreso local y actual dirigente perredista, Bernardo Ortega.
El informe de la SSP indica que en la región Norte sigue operando el exsoldado y exsecretario de Seguridad del municipio de iguala, Felipe Flores Velázquez, pieza clave en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; así como Walter Deloya La Medusa, quien es considerado como jefe de plaza en el municipio de Huitzuco de los Figueroa.
Mientras que en la región de Tierra Caliente, refiere que los objetivos del gobierno de Astudillo son: Raybel Jacobo Almonte El Tequilero y Jonhy El Mojarro Hurtado Olascoaga, jefe del grupo delictivo La Familia.
Ambos delincuentes tienen una larga historia documentada públicamente sobre sus nexos con políticos, policías y militares de la zona, así como también con empresarios de negro historial como Carlos Ahumada Kurtz, quien de acuerdo a fuentes oficiales es socio de Hurtado Olascoaga y propietario de la oscura minera Beneficiadora de Minerales Temixco, ubicada en el municipio Arcelia y que hasta la fecha sigue cerrada tras un secuestro masivo de trabajadores a finales de agosto.
El 20 de septiembre, Apro dio a conocer que desde la década de los ochenta, Ahumada Kurtz incursionó en el sector minero en Guerrero con el apoyo del exgobernador José Francisco Ruiz Massieu. En aquella época, Ahumada instaló una planta de beneficio llamada La Suriana en el poblado de Achotla, municipio de Arcelia, en la región de la Tierra Caliente de la entidad, indican reportes oficiales consultados por esta agencia.
Por su parte, la SSP afirma que en la región de Costa Grande opera Salvador El Chava Granados Vargas, afincado en el poblado de San Luis la loma de Tecpan de Galeana y vinculado con el actual alcalde priista de este municpio, Leopoldo Soberanis, quien desde 2013 ha sido acusado en reiteradas ocasiones por mandos de la Marina de presuntos nexos con el narcotráfico, quienes lo ubican como “lavador” de activos del grupo Los Granados.
No obstante, la jerarquía priista protege a Soberanis, quien incluso fue nombrado por el gobernador Héctor Astudillo como miembro del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Estos son los 16 jefes criminales que de acuerdo al gobierno de Astudillo, son los responsables de la ola delictiva que azota la entidad que ocupa los primeros lugares en incidencia delincuencial.
A pesar que desde la pasada administración estatal, autoridades federales civiles y militares, así como las de Guerrero, saben quiénes, cómo operan y cuál es su ámbito de influencia, nadie detiene a los integrantes de estas bandas delictivas y la impunidad sigue en el gobierno de Astudillo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458298/astudillo-atribuye-violencia-en-guerrero-a-16-jefes-criminales