En entrevista para Aristegui CNN, sostuvo que “Atenco es sólo una muestra de todo lo que está ocurriendo en el país”.
El caso de violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres durante los operativos policíacos en San Salvador Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006, durante la administración del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se prevé que emita una sentencia al respecto.
“Lo recuerdo con mucho dolor, es un camino difícil que tuvimos que recorrer durante 10 años para encontrar justicia”, comentó Hernández.
Recordó que primero acudieron a todas las instituciones del Estado mexicano, “donde en vez de obtener justicia muchas veces nos revictimizaron”.
En las revisiones, apuntó, le diijeron: “‘desnúdate, vamos a comprobar que fuiste víctima de tortura y violaciones”.
“El Estado nos quería hacer culpable de lo que había sucedido”, consideró.
Además, señaló que “el gobierno apostó a que nos quedáramos calladas pero teníamos el compromiso de alzar la voz y decir lo que había ocurrido en Atenco”.
“Su estrategia era darle una lección a la comunidad”, acotó.
Rememoró que en el traslado al penal, qued duró 6 horas, “fuimos violentadas la mayoría de las mujeres”; “nos obligaron a escuchar cómo las mujeres pedían que ya se detuvieran, o que ya no les hicieran tocamientos”.
Son 11 mujeres denunciantes en total, quienes “no sólo somos Atenco, somos Ayotzinapa, somos Tlatlaya, somos mujeres que vamos a acabar con su impunidad”, finalizó.
Por su parte, Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, aseguró que el operativo policiaco representó una represión, “con participación de fuerzas de los tres niveles que en vez de restablecer el orden, detuvieron arbitrariamente a más de 200 personas, incluyendo a las 11 mujeres denunciantes que no habían cometido ningún delito y fueron detenidas y torturadas”.
“Ese es uno de los aspectos que va a analizar la Corte Interamericana”, puntualizó, pues hay un “fuerte componente de discriminación contra la mujer”.
La denuncia en México “no fue escuchada, no fue investigada debidamente, de hecho hasta el día de hoy no ha existido una investigación seria de todas las formas de responsabilidad de la cadena de mando”.
Además, “no hay una sola condena penal por estos hechos de hace más de diez años”.
Por ello, indicó que es un caso paradigmático del uso de la fuerza, de la impunidad y “de las prácticas de impunidad que siguen vigentes hasta hoy, que fomentan y posibilitan la repetición crónica de este tipo de graves violaciones”.
Brewer sostuvo que el Estado mexicano no mostró avances claros o voluntad plena para cumplir con las recomendaciones que le hizo la CIDH y “es por eso que a solicitud de las mujeres, la Comisión envía el caso a la Corte el pasado 27 de septiembre”.
Lo que podría sentenciar la Corte son medidas de no repetición y otras acciones encaminadas a atacar las causas estructurales como la tortura sexual o el uso arbitrario de la fuerza, detalló.
En cuanto a lo que va a analizar -explicó- se encuentra la responsabilidad internacional del Estado en su conjunto, “no es un juicio penal, no constituye una condena penal”, precisó.
En un par de años se podría emitir una sentencia por este caso.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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