En una revisión de documentos oficiales a los que Apro tuvo acceso, se muestra cómo las secretarías de Gobierno (SG), Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y Medio Ambiente (Sedema), así como la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la delegación Coyoacán permitieron que el Grupo Hermanos Vázquez –propiedad de los empresarios mencionados– construyera un edificio de cuatro pisos con un helipuerto e instalara una torre con antenas de transmisión, tres tanques de combustible y una subestación eléctrica en el predio número 2014 de la avenida Universidad, donde funcionó una mueblería desde 1982.
El historial irregular de la instalación de “Imagen Televisión” comenzó el 4 de agosto de 2015, cuando Jorge Jasso Ladrón de Guevara, apoderado de Grupo Hermanos Vázquez SA de CV, ingresó a la delegación Coyoacán, encabezada por el perredista Valentín Maldonado, el aviso de que en el predio se harían trabajos de “remodelación”. Ocho días después, la Dirección de Desarrollo Urbano delegacional emitió el oficio DDU/SMLCCUS/3098/2015 para informar que el trámite se apegaba al artículo 62 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.
Esa fue la respuesta que Mario Carrillo, entonces director de Desarrollo Urbano delegacional, envió a Emigdio Roa Márquez, subprocurador de Ordenamiento Territorial de la PAOT, el 20 de julio de 2016 en el oficio DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/3036/2016, emitido a raíz de una de las seis denuncias ciudadanas que representantes de los vecinos inconformes interpusieron en diversas dependencias del gobierno de Mancera Espinosa.
La delegación aclaró que “únicamente” tenía ese oficio de Grupo Hermanos Vázquez, aun cuando, un mes antes –el 14 de junio– el subprocurador pidió a Leticia Nolasco, directora general de Obras y Desarrollo Urbano delegacional, el envío de tres documentos: Registro de Manifestación de Construcción, planos arquitectónicos (plantas, cortes y fachadas); Memoria descriptiva del proyecto y Certificado de Uso de Suelo “en cualquiera de sus modalidades”, emitido por la Seduvi y necesarios para permitir el inicio de los trabajos.
El mismo 14 de junio, Roa Márquez informó al director general Jurídico y de Gobierno de Coyoacán, Salvador Frausto, que de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano Delegacional (PDDU), el predio en cuestión tiene uso de suelo tipo H/5/40, es decir, habitacional con cinco niveles máximos de altura y 40% mínimo de área libre.
Uso de suelo “no permitido”
Roa Márquez pidió a la delegación hacer una visita de verificación en materia de “construcción” con una instrucción clara: “imponiendo las medidas de seguridad y sanciones aplicables” en los 10 días hábiles siguientes.
El 15 de julio, en el oficio PAOT-05-300/300-6114-2016, el subprocurador ambiental informó a Luz Adriana López Galicia, coordinadora de Verificación Administrativa del Invea que en ese predio “el uso de suelo para estaciones repetidoras de comunicación celular y servicios satelitales, de télex y radiolocalización en general; así como para helipuerto no se encuentra permitido”. Y también le solicitó hacer una verificación en el lugar “imponiendo las medidas de seguridad y sanciones aplicables”.
Un mes después, el 18 de agosto, el director de Verificación de las materias del Ámbito Central del Invea, Omar Antonio López Parada, contestó a la PAOT que el 10 de agosto hizo la verificación INVEADF/OV/DUYUS/2131/2016, pero que los resultados los envió a la Dirección de Calificación “A” del instituto “para su legal calificación”. Según los vecinos, Roa Márquez les dijo que “todavía no llega ese reporte, a pesar de que ya se vencieron los plazos”.
Temerosos por los riesgos que la torre, los tanques y el helipuerto les pueden ocasionar, los vecinos también solicitaron a la Seduvi, vía transparencia de la información, el Estudio de Impacto Urbano de las obras. El 22 de agosto, en el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/JIP/7641/2016, ésta les contestó que “no se localizó antecedente alguno de la información requerida”.
Ante la presunta inexistencia de trámites, permisos y verificaciones, mientras la construcción seguía dentro del predio, el mediodía del 25 de agosto los vecinos bloquearon las avenidas Universidad y Copilco. Había mujeres, niños y adultos mayores que habitan los edificios en riesgo desde su construcción en 1968 y 1976.
Pese a la presencia de decenas de granaderos, los manifestantes permanecieron ahí horas hasta que personal de la Secretaría de Gobierno les ofreció reunirse con su titular, Patricia Mercado. Ésta los recibió alrededor de las 9 de la noche junto con personal de la PAOT.
Vecinos que asistieron al encuentro narran a Apro que la secretaria les aseguró que no estaba enterada de esa problemática. “Nos preguntó por qué no habíamos hecho nada antes”. Luego, se comprometió a revisar la situación y a gestionar un acercamiento con la empresa para que llegaran a acuerdos.
“¿Suspender qué? La obra ya está hecha”
En una segunda reunión –cuyo video se puede consultar en Youtube–, Mercado les dijo que habló con los representantes de la empresa, quienes se comprometieron a no operar el helipuerto hasta no tener el permiso de la SCT.
Además aclaró que debe dialogar con ambas partes del conflicto. Los vecinos insistieron en que mientras se revisaban los documentos, la obra fuera suspendida. Pero la funcionaria les respondió con firmeza:
“La construcción está hecha, todas las cosas ahí están, está el helipuerto, están los tanques, está la subestación y está la torre. ¿Suspender qué? Ya está. Entonces como ya está, es más bien cuándo y cómo se echa a andar eso” a partir de las demandas vecinales y los estudios del caso “para que todos queden tranquilos”.
No obstante, ante la insistencia de la representante legal de los vecinos, aceptó que si la empresa no demuestra que cumplió con la ley, “podemos llegar a la demolición”.
Documentos “aparecidos”
El pasado 9 de septiembre, los vecinos recibieron una noticia que encendió más su enojo contra los gobiernos capitalino y delegacional. En respuesta a una solicitud de información, Mario Carrillo, director de Desarrollo Urbano de Coyoacán, cambió su versión sobre lo que informó u omitió a la PAOT tres meses antes.
Aseguró que los trabajos en Universidad 2014 no requerían Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción Especial, según el artículo 62 del Reglamento de Construcción para el DF, y que la empresa sí tiene el registro de Constancia de Seguridad Estructura (sic) y su Renovación folio OB/2029/16, además del Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación y su Renovación folio OB/2115/2016, ambos fechados el 18 de agosto de 2016; es decir, prácticamente un año después de iniciada la instalación.
Pero eso no fue lo peor. La delegación contestó que ya tenía las licencias de Registro de “Obra Ejecutada” número 05/002/2016/04 y 05/001/2016/04 que se autorizaron a la empresa “una vez que fue analizado y revisado el Registro correspondiente para el predio en referencia”. Con este documento, la autoridad avaló la construcción para la que antes había dicho que no tenía permiso.
En la versión pública de los documentos adjuntos se lee un oficio fechado el 4 de agosto de 2015, en el que Jorge Jasso Ladrón de Guevara, apoderado legal de Grupo Hermanos Vázquez, informó que sólo harían trabajos de sustitución y colocación de acabados, cancelería, herrería y plafones en fachadas interiores y exteriores, acabados en pisos al interior y exterior del inmueble; reparación y sustitución de tubería hidráulica, sanitaria, gas eléctrica y comunicaciones; colocación de muros divisorios, muebles nuevos y la delimitación de los trabajos en la acera con tapiales.
En la respuesta vía transparencia también aparecieron las licencias de Registro de Obra Ejecutada “para torre del tipo autosoportada con antena de transmisión de microondas para estación de radio y TV con una altura de 60 metros” –la OB/2115/2016–, así como la OB/2116/2016 para una “plataforma en azotea para helipuerto de uso privado con una superficie de ocupación por uso de 660.52 metros cuadrados de construcción” para soportar un peso máximo de despegue de 7 mil 400 kilogramos.
Ambas licencias fueron emitidas a nombre de la empresa GIM Administradora de Inmuebles SA de CV, representada también por Ladrón de Guevara. Además, fueron fechadas el 2 de agosto de 2016; es decir, cuando la obra ya estaba terminada y las denuncias ciudadanas, en curso.
Por esa omisión administrativa –que según la representante legal de los vecinos, Liv Espinosa, significa “regularizar lo irregular”–, la Seduvi sancionó a la empresa con una multa equivalente a 5% del total del costo de la obra, aunque no reveló el monto en pesos. Tras el pago inmediato, el 23 de agosto las licencias fueron avaladas bajos los registros 05/001/2016/05 y 05/002/2016/04.
Luego de dos cancelaciones y la ausencia de la secretaria Patricia Mercado, los vecinos se reunieron el 20 de septiembre con personal de la Seduvi, quien les informó que después de hacer un análisis de la documentación, rectificaron que el uso de suelo del predio es “habitacional mixto” –cuando antes dijeron que sólo era habitacional– y, por ello, permite la existencia de las instalaciones en cuestión, de acuerdo con las modificaciones aprobadas en 2015 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde el exdelegado Mauricio Toledo es actualmente diputado por el PRD.
Con base en el oficio SEDUVI/DGAU/20700/2016, emitido el 14 de septiembre, el funcionario les dijo también que las instalaciones no requerían estudio de impacto urbano pues “no se está ampliando la edificación, sino que son modificaciones internas”. Con el mismo argumento, personal de la Sedema les informó que la obra tampoco necesitaba Evaluación de Impacto Ambiental.
A decir de los vecinos que acudieron a esa reunión, personal de la delegación Coyoacán justificó que la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), le dio el “visto bueno” para la instalación del helipuerto el 23 de junio, cuando éste ya estaba ahí.
Ante la incredulidad de los vecinos, aclaró que la delegación hizo una clausura de la obra y emitió una sanción “pero dijo que después del pago inmediato, el área legal no pudo realizar ninguna acción jurídica pues se cumplieron con los trámites de sanción”.
Proceso solicitó la posición de Patricia Mercado. En una tarjeta informativa la Secretaría de Gobierno explicó que “la empresa ya ha empezado a hacer las adecuaciones relativas al retiro de los tanques (de combustible). Una vez que éstas sean completadas, las autoridades delegacionales acudirán al lugar con el objetivo de que el Programa Interno de Protección Civil sea regularizado”. Ello, aun cuando la Ley Establecimientos Mercantiles local exige dicho programa antes de autorizar el funcionamiento.
La dependencia agregó que el gobierno de la Ciudad de México “ha mantenido un canal de diálogo con los vecinos, así como con la empresa, para que ésta (sic) cumpla con la normatividad vigente en lo que concierne a las autoridades locales”.
Así, con este antecedente de irregularidades, este lunes 17 de octubre, a las 20 horas, el Canal 3 “Imagen Televisión” iniciará sus transmisiones a escala nacional bajo el lema “Juntos somos libres”.
En tanto, los vecinos convocaron en redes sociales a una manifestación afuera de las instalaciones televisivas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/459052/historia-irregularidades-en-predio-imagen-television-avaladas-gobierno-mancera