Autoridades del Poder Judicial Federal indicaron a Animal Político que los procesos son en contra de representantes y/o administradores únicos de estas compañías quienes son los que dieron de alta a las empresas ante Hacienda. Los nombres de los implicados se mantienen bajo reserva para no violentar el principio de presunción de inocencia.
Los fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales acusaron a estas personas de haber cometido al menos el delito tipificado en el artículo 110 fracción II del Código Fiscal de la Federación que considera que viola la ley el que:
“Rinda con falsedad al Registro Federal de Causantes los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado”.
Esta situación fue corroborada por visitadores del SAT y luego por agentes ministeriales de la Subprocuraduría quienes visitaron los domicilios fiscales de estas empresas en las ciudades de Xalapa y Puerto de Veracruz y confirmaron que las referidas compañías no operan ni han operado nunca en esos sitios.
Los primeros siete juicios iniciados en esta investigación quedaron radicados en el Centro de Justicia Federal de Xalapa, bajo las causas penales número 20/2016, 27/2016, 30/2016, 31/2016, 32/2016, 33/2016 y 34/2016.
Las imputaciones iniciales comenzaron a ser presentadas por la PGR en septiembre y octubre y en todos los casos los jueces de control han determinado dictar los autos de vinculación de proceso.
Los juicios se encuentran ahora en la fase de investigación complementaria, que son periodos de uno a tres meses (con la posibilidad de duplicarse) que los jueces concedieron tanto a la defensa de los imputados como a la PGR para reunir pruebas que complementen su posición previo a la audiencia intermedia en donde se plantearán posibles salidas alternas o continuar con el juicio oral.
Las personas que ya se encuentran procesadas por estos primeros siete casos se presentaron de forma voluntaria a las audiencias donde les notificaron las imputaciones en su contra, luego de que recibieron las órdenes de comparecencia por parte del juez federal en donde se fija fecha y hora para audiencia. Ahí se les advierte que en caso de no presentarse se podrá utilizar la fuerza pública.
Debido a que los implicados en estos casos en específico acudieron por su propio pie a la audiencia los jueces no estimaron necesario imponer alguna medida cautelar. Por ello todos permanecerán en libertad mientras se desarrolle su proceso solo con el requerimiento de estar localizables.
Estos juicios penales y la investigación que dio origen a ellos se desataron luego de un reportaje publicado por Animal Político entre el 24 y 26 de mayo pasados titulado “Desaparece el gobierno de Veracruz 645 millones de pesos; entrega el dinero a empresas fantasma”.
En dicha investigación periodística se documentó como una red de compañías cuyos domicilios eran falsos, y cuyos accionistas en muchos casos no eran empresarios sino personas de bajos recursos, recibieron múltiples contratos de al menos cuatro dependencias del gobierno de Veracruz a cambio de productos y servicios delos que no hay prueba fehaciente que hayan sido entregados a los beneficiarios.
El gobierno de Javier Duarte otorgó los contratos a las empresas vía adjudicación directa o mediante licitaciones cerradas en donde invitó a “competir” a empresas de la misma red.
Las investigaciones que ha realizado tanto el SAT como el Órgano Fiscalizador del Estado de Veracruz han descubierto que estas facturaron casi mil millones de pesos solo de recursos estatales en las referidas dependencias, pero sus operaciones pueden superar más de tres mil millones de pesos en contratos con múltiples dependencias.
Los casos que ya fueron judicializados no son los únicos que están en manos de los jueces federales en Veracruz. Hay otros cinco expedientes que ya fueron consignados por la PGR ante los jueces y están en espera de la audiencia de vinculación a proceso, de acuerdo a lo confirmado por fuentes judiciales a este portal.
Entre estos casos se encuentran dos que ya dieron paso a órdenes de aprehensión giradas en contra de los probables responsables. Uno de ellos fue hecho público por la Procuraduría la semana pasada y se trata del de Victorino Benítez Márquez, administrador de la empresa Bienart la cual recibió al menos 30 millones de pesos en contratos.
Benítez Márquez fue detenido la semana pasada y esta semana se realizará la audiencia de vinculación a proceso lo que daría paso al octavo juicio relacionado con las empresas fantasma. Este caso está asentado en la causa penal 9/2016 en el juzgado Primero de Distrito con sede en Xalapa.
La segunda orden de aprehensión confirmada por Animal Político es contra Román Ulises Alvarado Hernández, administrador único de la compañía Importadora Denylk la cual ostenta contratos por al menos 18 millones de pesos según lo documentado por este medio.
Alvarado Hernández, según sus familiares, es un conductor de un taxi e hijo de una promotora del voto del PRI. La familia aceptó que ha proporcionado y firmado documentos a cambio de supuestos apoyos que no recibieron.
El caso de Denylk quedó asentado en la causa penal 6/2016 radicada en el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Xalapa.
Los otros tres casos consignados por la Procuraduría también son contra administradores o representantes legales de distintas empresas de esta red. Uno de ellos está asentado en el expediente 26/2016 cuya audiencia de vinculación a proceso está programada para el próximo jueves.
Dos casos más, que corresponden a las causas penales 25/2016 y 29/2016, no tienen fecha de audiencia debido a que las personas involucradas no han sido localizadas. De continuar así se podrían girar órdenes de comparecencia o aprehensión.
Además de los casos que ya fueron judicializados, la Procuraduría General de la República informó que busca a por lo menos una decena de personas más relacionadas con esta mista red de compañías fantasma.
Lo que viene
Los juicios abiertos hasta ahora y los que se iniciarán en las próximas semanas se desprenden de las 32 denuncias iniciales que interpuso el SAT ante el Ministerio Público Federal en contra de los contribuyentes, es decir, de las empresas que proporcionaron información falsa sobre su ubicación y actividades. Pero vienen más denuncias.
El SAT informó que finiquitado el tiempo que tenían las compañías para comprobar su existencia se anularán fiscalmente todas las operaciones reportadas, es decir, lo facturado en los contratos que dieron las dependencias de Veracruz involucradas.
En consecuencia se presentará una nueva denuncia penal en PGR en contra de los funcionarios que resulten responsables por su involucramiento en la firma de comprobantes fiscales (facturas) que amparan operaciones inexistentes.
En tanto, el Órgano Superior de Fiscalización de Veracruz ya presentó una denuncia penal pero a nivel estatal en la Fiscalía para Delitos Cometidos por Servidores Públicos tras encontrar que las empresas involucradas recibieron en realidad 131 contratos solo de tres dependencias estatales, y que el daño patrimonial es de casi mil millones de pesos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/juicios-empresas-fantasma-veracruz/