Duarte de Ochoa llegó a la gubernatura de Veracruz, tras una polémica y cuestionada elección, el 1 de diciembre de 2010 a la edad de 37 años. Es miembro de “la nueva generación del priismo que marcaría el rumbo de México”, según las palabras del propio Presidente Enrique Peña Nieto, quien todavía hace tres años lo respaldaba y lo ponía como ejemplo ante el resto de los gobernadores. La amistad se fracturó este año, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciara una investigación en su contra, misma que recientemente atrajo la Procuraduría General de la República (PGR), por irregularidades en la cuenta pública del estado.
Tras ser electo como Gobernador, Javier Duarte fue acusado de incurrir en actos anticipados de campaña. El caso llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que finalmente falló a su favor. Ese sólo fue el inicio de una serie de irregularidades que se cometerían durante la administración duartista, y a pesar de todos los señalamientos en su contra no fue sino hasta el pasado lunes que la Comisión de Justicia del PRI decidió suspender los derechos político-partidistas del mandatario veracruzano.
A dos meses de entregar el Gobierno estatal al Partido Acción Nacional (PAN) –por primera vez en 80 años a un partido opositor–, el legado que Duarte de Ochoa deja en Veracruz está marcado, como ya se alertaba desde los primeros meses de su administración, por la violencia, inseguridad, pobreza y represión.
VERACRUZ VIOLENTO
“Antes se hablaba de balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios: de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”, declaró en noviembre del año pasado Javier Duarte. Para entonces la entidad sumaba, desde que asumió la gubernatura, 3 mil 779 homicidios dolosos, siendo 2012 el año más violento con 968 ejecuciones, un repunte que se vaticinaba desde el primer mes de la administración duartista, que registró 66 asesinatos, la cifra más alta en ese año.
Hoy, Veracruz es el sexto estado más violento a nivel nacional. Hasta agosto de este año, la entidad sumaba 716 homicidios violentos y 78 secuestros, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Además, organizaciones civiles y familiares de las víctimas directas por la violencia en Veracruz hablan de al menos 30 mil desaparecidos y cientos de fosas clandestinas con decenas de restos humanos.
Los Zetas se instalaron en Veracruz desde 2005, sin embargo, la violencia se desató en 2010 tras su ruptura con el Cártel del Golfo y los enfrentamientos con los Caballeros Templarios y con el Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que, según un testimonio que un ex líder Zeta dio a VICE News, el Gobierno del estado le permite traficar y operar como mejor le convenga, aunque de eso dependa la seguridad y tranquilidad de los veracruzanos.
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) publicó un mapa con la nueva distribución de los cárteles en México, colocando al CJNG como los dueños del centro de Veracruz.
La presencia de los grupos criminales en el estado, los “levantones”, ejecuciones, violaciones, extorsiones y las fosas clandestinas eran un secreto a voces que resonó en enero de este año, cuando policías estatales de Tierra Blanca interceptaron a cinco jóvenes, entre ellos una menor de edad, y los entregaron a sicarios, quienes, según declaraciones de los implicados, ejecutaron a las víctimas, las incineraron y arrojaron sus cenizas a un riachuelo.
Este caso también destapó la opacidad en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, una de las dependencias duartistas en las que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló más irregularidades y desvío de recursos.
La administración de Javier Duarte “facturaba” chalecos antibalas en un restaurante, inflaba precios de esos insumos, confeccionaba miles de playeras y adquiría centenares de sillas, cuyo uso, al menos para el sistema de seguridad veracruzano, se desconocía.
De acuerdo con cifras oficiales, casi el 40 por ciento de los elementos de la SSP de Veracruz, que hasta agosto pasado era dirigida por Arturo Bermúdez Zurita, investigado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, reprobaron los exámenes de control y confianza y aún así seguían en activo.
POBREZA Y DEUDA
En 2014, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que Veracruz es el tercer estado con mayor índice de pobreza. Cuatro millones 634 mil 200 personas viven en situación de pobreza, es decir, el 58 por ciento de su población, colocándose por encima de la media nacional.
En el primer año de su gobierno, cuando el 62 por ciento de la población veracruzana percibía ingresos por debajo de la línea de bienestar, Javier Duarte prometió que reduciría el 50 por ciento de la pobreza. Actualmente, seis de cada 10 veracruzanos vive en condiciones de pobreza extrema.
La deuda que Javier Duarte dejará en su estado asciende a 45 mil 879 millones de pesos, y la acumulada con la Universidad Veracruzana (UV) superó los dos mil millones de pesos. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo acusa de haber desviado más de 77 mil millones de pesos durante su administración.
La administración de Duarte de Ochoa es investigada por el probable daño o perjuicio a la federación, luego que se hallaran irregularidades multimillonarias en la cuenta pública de Veracruz. Se habla de miles de millones de pesos que pudieron haber sido desviados, sin embargo, la investigación es reciente y pueden pasar años para que este caso sea resuelto y se sepa de cuánto fue el desfalco en el que estarían involucrados al menos 29 funcionarios y ex funcionarios veracruzanos que ya sin indagados por la PGR.
REPRESIÓN Y PERIODISTAS ASESINADOS
El Gobierno de Javier Duarte se ha caracterizado por la represión en contra de activistas y comunicadores, a quienes en repetidas ocasiones, con una sonrisa en el rostro, les pidió “portarse bien”, pues había quienes “andaban en malos pasos” y él ya “sabía quiénes eran”.
Los primeros actos de represión que ejecutó el Gobierno de Javier Duarte fueron para agradar y defender al Presidente, como en marzo de 2014, cuando seis activistas de la organización Greenpeace fueron detenidos por colocar frente al Palacio de Gobierno del estado una manta gigantesca con la imagen de Enrique Peña Nieto bañado de petróleo, emulando la portada “Saving México” de la revista Time, en protesta por la Reforma Energética.
El hombre que en los últimos meses perdió más de 34 kilos, según él por instrucciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es señalado también de ser quien posiblemente ordenó el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien salió huyendo de Veracruz tras ser amenazado de muerte, misma que encontró el 31 de julio de 2015 en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, donde otras cuatro mujeres, entre ellas la activista Nadia Vera, también fueron brutalmente asesinadas.
En lo que va de la administración de Javier Duarte, 19 periodistas han sido asesinados, tres de ellos salieron de Veracruz y fueron ejecutados en Oaxaca y la Ciudad de México, y sólo Pedro Tamayo, acribillado en julio pasado afuera de su domicilio en Poza Rica, tenía medidas cautelares de protección en el ámbito local.
El próximo 1 de diciembre Duarte de Ochoa dejará la gubernatura de un estado dominado por el narcotráfico, sumido en la pobreza y cubierto de impunidad, sin embargo, hasta el último momento, el aún priista defiende su gestión asegurando que todas las acusaciones en su contra son parte de la “grilla política”, a la que él responderá con “trabajos y resultados”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MELISSA GALVÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-10-2016/3098795