La CNDH emitió una recomendación dirigida al Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por irregularidades en la inhumación de 119 cuerpos en las fosas de Tetelcingo, municipio de Cuautla. El organismo consideró que hubo violaciones a los derechos de seguridad, cereza jurídica y a la verdad. En agosto pasado, un informe independiente también encontró una serie de anomalías en el trabajo de las autoridades.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, al Fiscal estatal, Javier Pérez Durón y a los integrantes del Ayuntamiento de Cuautla por las irregularidades cometidas en la inhumación de las fosas en la comunidad de Tetelcingo, en Morelos.
De a cuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos, los cadáveres inhumanos fueron colocados en fosas con condiciones de clandestinidad, como lo hace el crimen organizado.
Indicó que la inhumación se llevó a cabo sin apego a protocolos y sin que en 20 casos se realizaran acciones para saber las causas de la muerte.
En 44 casos, dijo, se advirtieron indicios de muertes violentas y la autoridad fue omisa en dar continuidad a la investigación a fondo de las circunstancias en las que perdieron la vida y dar con el paradero de los probables responsables de la muerte, para ser juzgados por la autoridad competente.
“En 44 casos se advirtieron indicios de muertes violentas. La autoridad fue omisa en dar continuidad a la investigación”, puntualizó.
La CNDH señaló que en 15 de las carpetas de investigación iniciadas, no hay registro de necropsia a los cadáveres previo a su inhumación.“El Estado deberá de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Para dar cumplimiento al punto Recomendatorio Segundo dirigido a la FGE y como parte de las medidas de satisfacción de la reparación del daño y en concordancia a la Recomendación emitida por la Comisión Estatal”, explicó el organismo.
Mencionó que la disculpa pública deberá ajustarse a los estándares internacionales, es decir, “una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades”.
La CNDH solicitó al Gobierno de Graco Ramírez determinar las responsabilidades oficiales de los servidores públicos que intervinieron en los hechos acreditados en el caso, con el objetivo de que deslindar las responsabilidades administrativas y/o penales y que se sancione a los responsables de las irregularidades y/o los delitos cometidos en contra de los actores relacionados para que dichas conductas no queden impunes.
La Comisión señaló también violación al derecho de acceso a la justicia en la modalidad de “inadecuada procuración de justicia y violación al derecho a la verdad”.
En su recomendación, la CNDH pidió al Gobernador de Morelos brindar la reparación integral del daño, así como una compensación o indeminización a los familiares de cuatro víctimas.
Exhortó a que en un plazo de seis meses, en coordinación con las autoridades municipales se recabe toda la información de los terrenos en lo que se advierta que han sido autorizados como panteones de manera irregular.
En agosto pasado, un informe independiente realizado en las fosas ilegales de la Fiscalía de Morelos en Tetelcingo encontró una serie de anomalías en el trabajo de las autoridades para inhumar los 117 cuerpos que fueron extraídos el pasado mayo.
El activista Javier Sicilia apuntaló que existía la necesidad de que se esclarezca si hay una tercera fosa, después de que la misma Fiscalía de Morelos hablara de alrededor de 150 personas enterradas en el municipio de Cuautla.
“Cuando vemos las fosas de los Zetas, y a Graco Ramírez decir las fosas son comunes, pues no nos extrañaría saber de dónde aprendieron a hacerlas”, dijo en esa ocasión Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
El informe “Fosas clandestinas de Tetelcingo: Interpretaciones preliminares” encontró que del total de restos en el sitio, sólo ocho fueron debidamente identificadas por la Fiscalía. Además, a cinco de los cadáveres no se les práctico la necropsia de ley.
De los 119 restos, el 14 por ciento de los cuerpos fueron encontrados incompletos, y se estima que el 31 por ciento fue víctima de algún tipo de violencia.
De los hallados, el 37 por ciento eran hombres, el 7 mujeres, y el resto no pudo fue establecido. No se descarta que la Fiscalía haya participado en algunas de las muertes. La suspicacia vino a partir de que el 75 por ciento de las personas con herida de bala fueron enterradas sin que se abriera una carpeta de investigación.
La identificación de las personas tampoco fue una prioridad, sólo 68 de los 117 cuerpos contaban con una botella en la cual se debieron haber detallado sus datos personales. Muchas de éstas, estableció el informe, no eran de la calidad adecuada y se habían deteriorado.
AUTOR: REDACCIÓN.