“Se reconocen las circunstancias y dificultades que enfrenta el país en este tema, pero ante expresiones que han venido a señalar en nuestro país que hay un problema generalizado de derechos humanos, por supuesto que no estamos de acuerdo”, dijo durante su comparecencia ante Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
Pese a que reconoció que “hay quienes han abusado de su responsabilidad”, comentó: “la gran mayoría de nuestras instituciones federales de seguridad están apegadas a derecho y son héroes que trabajan por la seguridad y la vida de todas y todos los mexicanos”.
En diciembre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe en el que afirmó que la violencia en gran parte del país está estrechamente relacionada con la presencia de fuerzas militares en las áreas con mayor presencia de crimen organizado, narcotráfico y conflictividad.
Asimismo, la organización Humans Rights Watch aseguró en su informe de 2016 que durante el gobierno de Peña Nieto miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos en forma reiterada —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura— en el contexto de acciones contra el crimen organizado y que se han logrado muy pocos avances en castigar a los responsables de abusos recientes, menos aun en abusos cometidos por soldados y policías desde que Felipe Calderón inició la “guerra contra el narcotráfico”.
Por otra parte, Osorio Chong dijo que cuando inició la presente administración encontró un registro “muy desordenado y no actualizado”, que mezclaba a personas no localizadas con desapariciones forzadas y mencionó que en Estados Unidos se reportan al año 86 mil personas no localizadas, pero tienen protocolos para su búsqueda y encontrarlas. “Lo que tenemos que hacer en México es exactamente lo mismo”.
Al responder a las preguntas de los diputados de las ocho fracciones parlamentarias, dio a conocer que desde 2008 se han ejercido 21 mil millones de pesos para la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral.
De esos recursos, dijo, 89 por ciento se han gastado en los cuatro años que lleva la actual administración federal.
“¿Qué encontramos ya? De 185 días que duraba un proceso alternativo, en este nuevo modelo hoy dura 30 días; de 15 mil pesos que se gastaba o invertía una persona para hacer llegar la justicia, ahora sólo son mil 500 pesos”, comentó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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