Luis Fernando Sotelo Zambrano, fue detenido el 5 de noviembre de 2014, acusado de la quema de la terminal y de un autobus del Metrobús en Ciudad Universitaria. El pasado 20 de septiembre fue sentenciado por los delitos de ataques a las vías de comunicación, ataques a la paz pública y daño a propiedad privada.
Luego de la sentencia dictada por el Juez 32 Penal de la Ciudad de México, actualmente el caso del joven activista se encuentra en segunda instancia.
La familia y abogados interpusieron el recurso de apelación: “En estos momentos está en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmar, modificar o revocar la sentencia a todas luces desmedida, desproporcionada e injusta, contra el activista detenido cuando se encontraba repartiendo información sobre presos políticos de otros estados y en exigencia de justicia para los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos”, afirma Roberto López.
El Tribunal de la Ciudad de México “tiene la obligación de hacer su trabajo de manera objetiva e imparcial, reconsiderar y hacer un análisis apegado a lo que establece la ley”, asegura Roberto, quien junto con el abogado Héctor González, representan a Luis Fernando. “Si el Tribunal quiere demostrar que el Poder Judicial de la Ciudad es imparcial, tendrá que decretar la libertad absoluta de Luis Fernando porque no existen fundamentos que acrediten su responsabilidad en los hechos ocurridos. Y por el contrario si refrenda o modifica la sentencia, seguirá demostrando que no es autónomo y que depende de las decisiones del Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, en cuyo gobierno ha tenido como práctica encarcelar a estudiantes y jóvenes”.
En caso de tener una respuesta desfavorable por parte del Tribunal de la Ciudad de México, su defensa acudirá a los tribunales federales, a través del amparo directo, “no queremos que disminuya la pena, queremos su libertad absoluta pues Luis Fernando no cometió el delito, si bien los hechos se presentaron, Luis Fernando no es quien personal ni materialmente lo cometió”, asegura su defensa.
Roberto López afirma también que aunque se disminuyera la pena hasta un mínimo de cinco años, lo que haría imposible que Luis Fernando recupere su libertad es la desmedida reparación del daño, misma que fue apelada por el Ministerio Público y una de las empresas con la mira a que se incremente.
A decir de su abogado, existe un modus operandi que criminaliza y que ha declarado la guerra a los estudiantes, a la juventud, a todo aquel que se manifiesta y se organiza, a quienes salen a las calles, “hay leyes de movilidad, del uso de la fuerza pública, para contener las expresiones y el descontento social. Desafortunadamente el número de jóvenes, estudiantes y de gente de la ciudadanía que no tiene nada que ver y que es detenida en las manifestaciones ha incrementado en diversas partes del país. Los policías detienen de forma indiscriminada, fabrican delitos, procesan de manera injusta y de esa forma buscan mandar un ‘mensaje ejemplar’ a todo aquel que decida protestar y manifestarse”.
En el caso de Luis Fernando se ha procurado cuidar los intereses empresariales de la empresa Corredor F417M, dueña del Metrobús; de Promotora de Negocios, dueña de las cámaras; Promotora Inbursa, dueña de los torniquetes y las maquinas, y del Gobierno de la Ciudad de México a costa de la libertad de un joven activista, reitera Roberto López.
El chofer del Metrobús, quien en un primer momento acusó a Luis Fernando de manera muy directa; en la ampliación de su declaración, aclaró que jamás vio a las personas que subieron al Metrobús pues estaban cubiertos de la cara y que no sabía el nombre, como aseguró en un primer momento, sin embargo este testimonio fue ignorado por el juez y sólo tomó en cuenta su primer declaración.
Sergio Pérez, quien también fue acusado por los mismo hechos que Luis y quien fuera liberado, logró acreditar que se encontraba en el Instituto de Biología y no en el lugar en el que decían los policías y el chofer, “eso tampoco fue tomado en cuenta por el juez”.
“No se puede condenar a una persona así, si no hay imparcialidad, agotaremos las instancias federales pues estamos convencidos de que hubo una incorrecta valoración de las pruebas, se alteraron los hechos y se omitieron muchas pruebas”, sabemos que hay una política criminal del gobierno llegó para quedarse pero a pesar de que ellos tienen todo para fabricar los delitos y para dictar sentencias, con la verdad, arrancaremos la libertad de Luis Fernando y de otros presos políticos en México, concluye el abogado.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ATZIRI ÁVILA.
LINK: https://desinformemonos.org/no-hay-fundamentos-para-mantener-a-luis-fernando-en-prision-los-otroz-abogados/
