Si el PRI realmente estuviera dispuesto a combatir la corrupción tendría que ir contra los hermanos Moreira [Humberto y Rubén], contra el hoy ex Gobernador César Duarte Jáquez, contra el ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, contra el ex Gobernador Roberto Borge Angulo, contra el Senador Emilio Gamboa Patrón, sólo por mencionar a algunos; es decir, se quedaría sin partido, perderían hasta el registro, expuso José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Con Crespo Mendoza coincide Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, quien afirma que el PRI usa a Duarte de Ochoa, un político ya de desecho, para calmar lo que el Presidente Enrique Peña Nieto llama “el mal humor social”. Pero si realmente se tratara de combatir la corrupción, el tráfico de influencias, el uso ilegal de los recursos públicos y el enriquecimiento ilícito de sus políticos, “se quedaría sin cuadros dentro del partido”.
También Salvador Mora Velázquez, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que aunque el PRI trate de limpiar su imagen, los escándalos en torno a sus principales exponentes continúan evidenciando situaciones viejas e irregulares que no ha podido desterrar.
Cita como ejemplo el caso de Emilio Gamboa Patrón, Senador de la República, quien se encuentra envuelto en una polémica tras aterrizar en una zona natural protegida –el Arrecife Alacranes– en la costa de Yucatán. El Senador priista viajó en un helicóptero propiedad de Emilio Díaz Castellanos, un contratista del Gobierno federal, para luego abordar un yate del propio Díaz Castellanos.
“Cuando el Presidente de la República dice que nadie está exento, que todos somos corruptos, está enviando un mensaje desproporcionado y en favor de la impunidad”, opinó Mora Velázquez.
El politólogo consideró que expulsar del partido a los gobernadores acusados por corrupción, no es un castigo: “Si el PRI quiere enviar un mensaje creíble de combate a los políticos corruptos, debe buscar sanciones a través de la Procuraduría General de la República (PGR) e incluir a todos”.
Incluso en el caso de Gamboa Patrón, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debe investigar al priista y debe hacerlo a fondo, añadió.
“Una disculpa pública no es suficiente. Hay que ver qué sanciones puede ejecutar la Profepa, porque no es un error: son cuestiones que deben ser sancionadas de manera rigurosa y dar ejemplos a la ciudadanía, si no se hace todo queda en una simulación”, dijo.
EL PRI CONTRA DUARTE: ¿Y LOS OTROS?
El pasado 26 de septiembre, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI presidida por Fernando Elías Calles, retiró los derechos que como militante tenía Duarte de Ochoa e hizo lo mismo con cuatro ex colaboradores del Gobernador de Veracruz y dos notarios vinculados con el polémico mandatario.
La decisión, que respondió a acusaciones de corrupción, los inhabilitó para buscar puestos de elección popular e incluso para participar en procesos electorales al interior del partido.
“El hecho de que el PRI esté utilizando a su ya casi ex Gobernador, no es más que demostrar, con un solo caso, que está haciendo algo y que está dispuesto a realizar un combate contra la corrupción. Pero si realmente la intención fuera profunda y seria, el PRI se quedaría sin cuadros. Ahí están Humberto Moreira [Valdés] en Coahuila; César Duarte en Chihuahua y Roberto Borge en Quintana Roo. Entonces, Javier Duarte es un chivo expiatorio. Es una tradición del PRI clásico hacer esto con los políticos que ya no le sirven para calmar lo que ahora el Presidente [Enrique Peña Nieto] llama ‘mal humor social’”, dijo Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.
La experta consideró que habrá que esperar y observar si el PRI va más allá con los casos de los ex gobernadores y gobernadores corruptos pues, para quedar satisfechos, los mexicanos y, en este caso, los veracruzanos requieren algo más que quitarle los derechos políticos a Duarte de Ochoa y unos cuantos allegados.
“Se deben dar un procedimiento e investigaciones legales para llegar a un castigo. Lo que le preocupa a la sociedad es que regrese lo que se llevó y pague por los supuestos delitos que cometió haciendo uso ilegal de las atribuciones que le dio el cargo público”, dijo la politóloga.
El caso de persecución contra Javier Duarte se da también en medio del polémico finiquito millonario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Enrique Ochoa Reza, quien presidente nacional del tricolor, lo que para Ivonne Acuña resulta “escandaloso”.
“Ochoa Reza podrá decir que es un golpe político y sí, es posible, pero sustentado en un dinero que, aunque sea legal, no deja de ser escandaloso y nos habla de una política pública poco sensible, en un país con la mitad de sus habitantes en pobreza”, planteó.
SI VAN POR TODOS, EL PRI SE QUEDA SIN REGISTRO
“Se supone que podrían ser otros gobernadores los que estarían en la misma situación [de Javier Duarte de Ochoa] como el de Chihuahua, el de Quintana Roo, el de Nuevo León, de eso se habla. En realidad, la lista tendría que agrandarse muchísimo y se quedarían ya sin nada. No pueden irse contra todos los corruptos porque se quedan sin partido, perderían hasta el registro”, dijo Crespo Mendoza.
El politólogo explicó que para que la estrategia pudiera ser creíble, tendrían que ir por más gobernadores e incluso ex gobernadores, además de legisladores y funcionarios públicos de todos niveles. El primero de la lista, afirmó, de debe ser Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila y también ex presidente nacional de partido tricolor.
“El primero debe ser Moreira, pero lo han dejado de lado, lo han protegido y no creo que lo vayan a tocar. Algún acuerdo tiene que lo protegen; no creo que esté en la lista, ni siquiera lo han mencionado”, dijo.
El dejar fuera a Moreira, expuso, lleva la lucha contra la corrupción del PRI al terreno de la simulación, pues la medida debería ser sistemática e indiscriminada, agregó.
“Pero sabemos que en la política real eso no existe ni siquiera en otros países, no se aplica como se debería aplicar la Ley. La cosa es que se aplique más que antes: si vemos a un PRI que castiga a algunos de los gobernadores corruptos, aunque no sea todos, la gente dice: ‘bueno, ya se está haciendo algo al respecto’ y genera una presión para que el PAN [Partido Acción Nacional] haga lo mismo, para que el PRD [Partido de la Revolución Democrática] y Morena [Movimiento Regeneración Nacional] también lo hagan. Porque si el corrupto hace eso, si el PRI lo está haciendo –que es el partido corrupto por definición– surge el: ‘ustedes tendrían que hacer lo mismo’, se genera una presión para todos”, detalló Crespo.SIMULACIÓN DE ORIGEN
En el caso de Veracruz, el PRI dejó intacta y sin castigo a la principal red de operadores del Gobernador, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la denunció ante la PGR por varios delitos.
El diario Reforma publicó que la propia Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI decidió mantener como miembros del partido a cinco diputados federales y dos diputados locales que estarían involucrados en las irregularidades que se atribuyen a Duarte de Ochoa y a funcionarios y políticos de su entorno más cercano.
Todos estarían siendo investigados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en relación con el otorgamiento, por parte del Gobierno de Veracruz, de contratos millonarios a varias empresas fantasmas en la entidad.
Reforma menciona entre los funcionarios del Gobierno veracruzano en la mira del SAT a los siguientes:
–Édgar Spinoso, ex Oficial M,ayor y ex Subsecretario de Finanzas del Estado.
–Alberto Silva Ramos, ex Secretario de Desarrollo Social, vinculado con la contratación de empresas fantasmas.
–Antonio Tarek Abdala, Diputado federal y ex Tesorero de Duarte, quien habría sido acusado en otras ocasiones de desvío de recursos. Diputados opositores han pedido se le retire el fuero para que sea juzgado.
–Adolfo Mota, ex Secretario de Educación y actualmente Diputado federal, a quien la auditoría investigaría por desvío de recursos.
–Jorge Carvallo Delfín, quien fuera Secretario de Desarrollo Social del Estado, también investigado por contratos con compañías inexistentes.
Por otro lado, también quedaron sin sanción los priistas Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo, quienes se convertirán en diputados del Congreso de Veracruz a partir del 5 de noviembre.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-10-2016/3100170