El desgobierno de Javier Duarte se resintió primero como una ola de inseguridad y violencia inauditas en Veracruz, que pronto se cebó en los encargados de informar de esa situación, entre ellos la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, y el fotógrafo Rubén Espinosa, colaborador del semanario. A ellos y a decenas de otros periodistas, las instancias de seguridad estatales les negaron acceso a la justicia y garantías para su trabajo. El resultado: al menos 15 comunicadores asesinados y 40 desplazados de su estado con amenazas de muerte. Sin embargo, aún no está claro que Duarte vaya a rendir cuentas de su criminal omisión en la procuración de justicia.
CIUDAD DE MéXICO (Proceso).- La mañana del 28 de abril de 2012, la reportera Regina Martínez fue encontrada sin vida en su casa de Xalapa, Veracruz. Su cuerpo había sido macerado y su garganta destrozada por la toalla que usaron para asfixiarla. Era la primera vez que Proceso recibía un impacto de tal magnitud.
Dos días después el gobernador Javier Duarte escuchó las palabras de desconfianza del fundador de Proceso, Julio Scherer: “No le creemos”. Y cuando el mandatario prometió una investigación seria para dar con los criminales, escuchó los reclamos directos del director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda.
En su libro Vivir, Scherer recuerda el desencuentro con Duarte en Xalapa, del que fueron testigos el subdirector Salvador Corro, el reportero Jorge Carrasco y el fotógrafo Germán Canseco:
Duarte de Ochoa los escuchó y tomó la palabra. Su discurso se disolvió en palabras rutinarias, abusivamente aburridas. Habló como los oradores, sin una idea original, igual que los de su clase. La investigación sería exhaustiva, las fuerzas del orden no se darían reposo hasta dar con los criminales. Agregó que Veracruz vivía en el cauce de un río que no alcanzaba la turbulencia. Prevalecía el Estado de Derecho.
No pude más y le dije al gobernador que no le creíamos, que su discurso estaba de más. Yo pretendía dejar claro en palabras inequívocas que no siguiera por ahí.
Rodríguez Castañeda intervino, ríspido, directo. Dio cuenta del hostigamiento del que Proceso era objeto. La revista era confiscada en los números ingratos para el gobernador estatal y a nuestra Regina no se le había tratado de la mejor manera. El gobernador se mantuvo en silencio y dio la palabra a cada uno de sus colaboradores.
Fuente: Proceso
Autor: José Gil Olmos
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