miércoles, 9 de noviembre de 2016

Alcaldes de Veracruz también desviaron fondos; 20 de ellos ahora exigen recursos

El 80 por ciento de las localidades en la lista negra se ubican en zonas de alta marginación y su población no supera los 30 mil habitantes.

El millonario desfalco de Veracruz no sólo ha sido responsabilidad del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, a quien la Auditoría Superior de la Federación acusa de haber desviado unos 35 mil millones de pesos durante su mandato.

Aunado al histórico desvío de recursos públicos desde el gobierno estatal, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) también detectó un daño patrimonial en 40 de los 212 municipios del estado.

Incluso una veintena de los alcaldes veracruzanos que han exigido a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (Sefiplan) la entrega de participaciones federales, protestando en el Palacio de Gobierno y en el Senado de la República, también incurrieron en daño patrimonial y diversas irregularidades, según la Cuenta Pública 2015 del Orfis.

De acuerdo con el documento publicado en la Gaceta Oficial del Estado, hubo 40 ayuntamientos que presentaron deficiencias en el manejo del presupuesto por un total de 134 millones 126 mil 782 pesos.

Si bien el desvío a nivel municipal representa apenas una fracción de lo malversado por Duarte de Ochoa, el 80 por ciento de las localidades en la lista negra se ubican en zonas de alta marginación y rezago social, su población no supera los 30 mil habitantes y predomina el entorno rural.

Del total de ediles, al menos una veintena se han sumado a las movilizaciones para que la Sefiplan transfiera diversos fondos federales. En otros casos, se han visto obligados a cerrar las puertas de sus respectivos palacios municipales porque no hay dinero para brindar los servicios y pagar salarios a sus trabajadores.

Es decir, han hecho el legítimo reclamo de recursos para mantener la operación de sus municipios, pero no pudieron comprobar el uso adecuado del dinero en el ejercicio fiscal 2015.

Acultzingo, Agua Dulce, Camarón de Tejeda, Cosamaloapan, Chinameca, Tuxpan, Tlacotalpan, Río Blanco, Naranjos, Banderilla, Coatepec, Ixcatepec, Sochiapa, Emiliano Zapata, La Antigua, Tequila y Tlacolulan son algunos de los municipios que han reclamado sus participaciones federales, pero que a su vez enfrentan observaciones por el presunto desvío de recursos para obras de infraestructura, salud, educación y servicios públicos.

Inconsistencias y observaciones graves

El decreto 920 del Congreso del Estado, publicado el pasado viernes 4 de noviembre en la Gaceta Oficial del Estado, señala que de los 212 municipios, 171 no tuvieron observaciones que den muestras de presunto daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que deberán ser verificadas por los titulares de los Órganos de Control Interno.

Los 40 gobiernos municipales restantes sí tuvieron observaciones graves. Ante esto, el decreto de la Sexagésima Tercera Legislatura instruyó al Orfis iniciar la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de sanciones a los servidores o ex servidores públicos cuya conducta implicó un manejo ilícito de los recursos públicos.

Se trata de ayuntamientos gobernados por el PRI, PAN y PRD que acumulan observaciones que oscilan entre los 261 mil pesos, como el caso de Calcahualco y de hasta 19 millones 766 mil 122 pesos, como el caso de Coatepec, municipio gobernado por el alcalde Ricardo Pedro Palacios Torres, quien sustituyó a Roberto Pérez Moreno, acusado de haber ordenado el asesinato del ex tesorero Guillermo Pozos en 2014.

Al menos la mitad de los alcaldes acusados de daño patrimonial son parte de la movilización estatal que exige a la Sefiplan el pronto pago de unos 3 mil millones de pesos de fondos federales.

Alcaldes emanados del PAN y del PRD como Salomón Cid Villa, de Acultzingo; Eduardo Almas Balbuena, de Camarón de Tejeda; Héctor Pérez Castro, de Cotaxtla; Felipe de Jesús Fabian Medina, de La Antigua; Marciano Salazar Hernández, de Naranjos-Amatlán; María de los Ángeles Martínez, de Río Blanco; Francisco Javier Martínez, de Ixcatepec; Alfredo González, de Sochiapa; Homero Gamboa, de Tlacotalpan; y Raúl Velasco, de Tlacolulan, tienen tomados el Palacio de Gobierno y la Casa Veracruz, residencia oficial donde solía dormir Javier Duarte.

Por su parte, alcaldes priistas como Adriana Maass Michel, de Cosamaloapan; Raúl Ruiz Díaz, de Tuxpan; Maribel Díaz Toledo, de Jamapa; Sergio Heriberto Domínguez Cid, de Tequila; Daniel Martínez, de Agua Dulce; Esteban Acosta, de Banderilla, entre otros, han marchado al Senado de la República y a la Secretaría de Gobernación, así como enviado cartas al presidente Enrique Peña Nieto para que la Federación intervenga en la grave crisis financiera de la entidad veracruzana.

A manos llenas

Los números rojos destacan en Banderilla, donde Esteban Acosta no pudo comprobar el uso de 15 millones 902 mil 732 pesos; cabe recordar que dicho alcalde buscó la diputación local por el partido Alternativa Veracruzana en el distrito de Coatepec, pero fue derrotado.

Ozuluama, ubicado al norte del estado, es otro caso de alarma: el alcalde Salvador Calles Ramírez registró un daño patrimonial por 17 millones 555 mil 881 pesos.

La alcaldesa de Cosamaloapan, Adriana Maass, quien se ha quejado continuamente que heredó una deuda de hasta 60 millones de pesos, enfrenta observaciones por 7 millones 534 mil 972 pesos. Una situación similar ocurre en Tuxpan, cuyo munícipe, Raúl Ruiz, acumula irregularidades por 4 millones 167 mil 133 pesos.

Tamiahua, gobernado por el priista Martín Cristóbal Cruz, tiene observaciones del Orfis por 5 millones 869 mil 724 pesos, cifra cercana a la reportada en Agua Dulce, cuyo alcalde, Daniel Martínez, enfrenta acusaciones por desviar 5 millones 667 mil 916 pesos.

Cabe precisar que La Antigua fue el único municipio que no tuvo una revisión de sus finanzas, ya que el gobierno de Felipe de Jesús Medina dijo no tener acceso a la documentación debido a la toma del palacio municipal.

Apenas el 4 de octubre fueron liberadas las instalaciones, por lo que deberán rendir cuentas ante el Orfis antes de que concluya el año y los resultados se darán a conocer en la Cuenta Pública 2016.


Respecto a los municipios con irregularidades en la utilización del dinero público, el Orfis dio como plazo 20 días hábiles para que los presidentes municipales solventen las observaciones o, en su defecto, se rinda un informe sobre las sanciones a los funcionarios responsables de tales desvíos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN/ISRAEL HERNÁNDEZ.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0911/mexico/alcaldes-de-veracruz-tambien-desviaron-fondos-20-de-ellos-ahora-exigen-recursos/