Las dos únicas empresas de telecomunicaciones mexicanas que participarán en el consorcio serán Megacable y Axtel, cada una con 4.01% de la inversión total, y el abogado mexicano Miguel Escobedo y Fulda, principal accionista de Hansam, S.A. (con 9.35% de las acciones).
El apoderado legal del grupo, el empresario español Eugenio Galdón, tiene sólo 3.34%, a través de la sociedad unipersonal denominada Isla Guadalupe Investments SLU, creada en un paraíso fiscal. Galdón, presidente de grupo Multitel, fue fundador de la empresa de telecomunicaciones ONO, que terminó vendiendo a Vodafone España.
Tras conocerse el fallo el jueves 17, Galdón declaró que “este concurso ha sido modelo, transparente y competitivo, con normas iguales para todos y no se fabricó a la medida de las necesidades de nadie”.
No opinó lo mismo el representante legal de Consorcio Rivada, Declan Ganley, quien escribió el mismo día en su cuenta de Twitter que no había sorpresa en el fallo. “El pueblo de México recibe un trato injusto, que es triste”, sentenció.
Consorcio Rivada fue descalificada desde el viernes 4 por no haber cubierto la garantía de mil millones de pesos. Ganley declaró que fueron “secuestradas” las cajas y posteriormente consideró que la licitación “apestaba” porque se trataba de favorecer a su competidor del consorcio Altán. Rivada interpuso dos litigios jurídicos que difícilmente prosperen, según destacan varios especialistas consultados por Proceso.
“Tenemos información sólida de dos fuentes (del gobierno mexicano) sobre beneficios a Altán. No hacemos estas denuncias sin conocimiento de causa”, reiteró Ganley en las redes sociales.
El apoderado legal de Consorcio Rivada, Julián Domínguez, protestó el mismo día del fallo sobre la oferta económica porque se le impidió el acceso a la ceremonia pública organizada en el auditorio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Domínguez declaró que sólo fueron notificados hasta el viernes 4 que fueron descalificados del concurso.
El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, ni se inmutó ante las críticas de Rivada y declaró que el fallo a favor de Altán “es un momento histórico para el gobierno de la República, la sociedad en su conjunto y la industria mexicana de las telecomunicaciones” y destacó la transparencia, el interés internacional y la posibilidad de que la Red Compartida cumpla con el objetivo de eliminar la brecha digital y darle acceso a 46% de la población que no está conectada.
Escepticismo internacional y nacional
No opinaron lo mismo los dos principales periódicos especializados en finanzas y negocios, el estadunidense The Wall Street Journal y el británico Financial Times. El primero cuestionó en su nota informativa la rentabilidad del proyecto, ya que creará duplicidad en redes manejadas por otras compañías como América Móvil, Telefónica y AT&T.
The Wall Street Journal reproduce en su nota cuestionamientos de especialistas como Francisco Gil Díaz, expresidente de Telefónica, y de Ernesto Piedras porque, dicen, la infraestructura de la Red Compartida podría no atraer la demanda esperada, ya que las zonas más rentables tienen los servicios de banda ancha.
A su vez, Financial Times resaltó los vínculos de Altán con el capital chino que tendrá 23% de las acciones del desarrollador de la Red Compartida, a través de China Mexico Found, administrada por Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial.
La especialista en telecomunicaciones Clara Luz Álvarez cuestiona el esquema de financiamiento público y privado que es poco transparente en ambos consorcios y destaca que “el error de origen de la Red Compartida estuvo en la redacción del décimo sexto transitorio de la reforma constitucional de telecomunicaciones”.
Entrevistada por Proceso, Álvarez se dice “escéptica” frente al futuro de la Red Compartida porque “es un proyecto bastante riesgoso” y “el peor escenario es que sólo acabe enfocándose en las zonas rentables económicamente y sigan sin servicio las zonas marginadas”.
–¿Puede suceder que una inversión tan elevada como la Red Compartida no ayude a eliminar la brecha digital? –se le pregunta.
–Así es. Si el consorcio ganador no cumple con las condiciones establecidas en las bases de licitación el proceso de sanción es muy largo y tortuoso. Además, ¿cómo le quitas la concesión a un consorcio internacional por 20 años que utilizará el espectro de la banda 700 Mhz?
–¿Cuál es el error fundamental de la Red Compartida?
–El error básico estuvo en el diseño de la reforma constitucional. El artículo transitorio ató de manos a la SCT y al IFT. No podían tener un mejor modelo. Se pudieron hacer otros esquemas, que se enfocaran sólo en las zonas marginadas.
Excomisionada de la antigua Cofetel, Álvarez también expresa sus dudas sobre el litigio de Consorcio Rivada. “¿Por qué Rivada no presentó la garantía a tiempo? ¿Se habrán dado cuenta de que no era tan buen negocio? En realidad, están emprendiendo una graciosa retirada”, señala.
–Sin embargo, están demandando y han sido muy duros en sus críticas –le comenta el reportero.
–Ellos saben que no tiene futuro su litigio. Quizás es una forma de retirarse elegantemente.
A su vez, Sandra Rodríguez, del despacho Jurídica en Telecomunicaciones, cuestiona que sólo hubiera una propuesta. “Se perdió la posibilidad de valorar los proyectos que harían de este proceso un concurso más consistente y en beneficio de los mexicanos”.
Jorge Bravo, director del portal especializado Mediatelecom, escribió: “La Red Compartida es un proyecto de alto riesgo financiero y tecnológico, pero encontró inversionistas y un modelo de negocio. Lo más importante es que tiene un objetivo social: conectar a los desconectados allí donde los operadores no han invertido lo suficiente”.
Altán se comprometió a desplegar una infraestructura mayorista de servicios de telecomunicaciones en banda ancha con 10 mil radiobases en todo el territorio nacional, a partir de la concesión de 90 Mhz en la banda 700 Mhz, liberada tras el “apagón analógico”.
Según el fallo de la SCT, el consorcio triunfador cumplió con los parámetros técnicos de cobertura y económicos necesarios para desplegar esta red que incluirá también el par de hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.
Altán tiene como plazo hasta el 31 de marzo de 2018 para iniciar operaciones comerciales con una cobertura no menor a 30% de la población, a través de una APP, la primera red de telecomunicaciones de su tipo construida con una asociación público-privada.
El Organismo Promotor de Inversiones de Telecomunicaciones (Promtel), descentralizado de la SCT, será el responsable de vigilar el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones previstas por el consorcio ganador.
Según el cronograma del propio consorcio Altán, para marzo de 2018 tendrá cubierto 30% del territorio nacional y 25% de los Pueblos Mágicos; para el tercer año (2021) cubrirá 50% de todo el territorio y hasta el séptimo año (2025) alcanzará la cobertura de 92.2% de todo el territorio.
Marapendi y Morgan Stanley, de última hora
El jueves 3, apenas un día antes de que se emitiera el fallo sobre la viabilidad de las propuestas técnicas, los siete comisionados del IFT, entidad responsable de emitir su opinión en materia de competencia económica, recibieron una petición urgente de consulta de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la SCT para que analizaran y autorizaran la integración a Altán de una entidad llamada Marapendi Holdings.
Esta sociedad se constituyó a principios de septiembre pasado, apenas dos días antes de que el consorcio pidiera su opinión a la IFT en materia económica, según se desprende de la versión estenográfica de esa sesión en la página del organismo regulador.
Marapendi Holdings se convertiría en el “fondeador” de los dos principales accionistas fijos del consorcio: North Haven Infraestructure Partners II L.P. y North Haven Infraestructure Partners II-AIV L.P, ambas sociedades constituidas bajo la legislación de los Países Bajos, que es un paraíso fiscal.
Otro dato interesante de ambas empresas North Haven: llevan el nombre de un suburbio al norte de New Haven, Connecticut, donde está la Universidad de Yale. En esa zona tiene su residencia el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, según confiaron a Proceso académicos originarios de North Haven.
Durante esa sesión, los comisionados del IFT determinaron que la elección de Marapendi Holdings “como vehículo previamente constituido por el NHIPI y NHIPII o como parte del desarrollador se apega plenamente a los términos establecidos en la resolución emitida por el pleno (del organismo)”.
Según la versión estenográfica del organismo, “dichas sociedades tenían la libertad de escoger cualquier vehículo para participar en el consorcio, siempre y cuando fuese en los parámetros evaluados y autorizados por el IFT en la Opinión en Materia de Competencia Económica”.
Finalmente, resultó que Marapendi Holdings se convirtió en el principal accionista de Altán, ya que posee 33.38% de las acciones y los fondos provienen de Morgan Stanley Infraestructure II.
El segundo fondo principal es de origen chino y se denomina CMF Investment Company II BV. Es un fondo de inversiones administrado por la Corporación Financiera Internacional que pertenece al Banco Mundial. Tendrá 23.36% de las acciones.
El tercer fondo con mayor participación acccionaria es el Fideicomiso de Coinversión 2431, que maneja los fondos de pensiones canadienses de Quebec a través de la Caisse Depot et Placement du Quebec (CDPQ), y tendrá 12.68% de las acciones del consorcio Altán.
El cuarto accionista en importancia es Hansma, S.A., del abogado Miguel Escobedo y Fulda, que tendrá 9.35%. Escobedo y Fulda apareció como socio, junto con su esposa e hijos, de la empresa Pro-S Seguridad Privada, Custodia de Valores y Gestión de Efectivo, cuyo nombre surgió en una investigación de 2012 en la Cámara de Diputados por la compra de la empresa transportista de valores Servicio Panamericano de Protección a la firma estadunidense Brink’s. Esta operación implicaba una presunta violación a la Ley de Inversiones Extranjeras que prohibe la participación mayoritaria de capital exterior en empresas transportistas.
El quinto accionista es el FFLATAM 15-2, fideicomisos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y tendrán 6.54% de las acciones.
Las empresas de telecomunicaciones Axtel, de capital regiomontano, y Megacable, la única de las grandes compañías operados de televisión por cable que no pertenece a Grupo Televisa, tendrán solamente 4.01%, respectivamente, de las acciones de Altán, sin derecho a voto.
Consorcio Rivada y la presencia de EchoStar
En el análisis de competencia económica de Consorcio Rivada, realizado por el IFT el 13 de octubre, el tema más polémico fue la presencia de EchoStar Technologies, socia de Dish México, competidora de la empresa Sky, filial de Televisa.
Los comisionados del IFT determinaron que la participación de EchoStar en Dish México “no es una condición suficiente” para concluir que tenía control e influencia sobre la empresa creada por Grupo MVS. Su participación accionaria es de 16%, según se desprende de la misma versión estenográfica.
Rivada se comprometió ante IFT a que EchoStar no tendría más de 49% de los votos, pero los comisionados acordaron que esta compañía estadunidense sólo podía tener “un porcentaje menor a 10% del capital social y de los derechos de voto” en el consorcio.
El IFT también analizó la presencia en el Consorcio Rivada de la empresa Ciena Communications, creada en Delaware. Los dos accionistas principales de Ciena son Black Rock y Vanguard, que participan directa o indirectamente con varios de los grandes consorcios de telecomunicaciones en México, como América Móvil y Telefónica, impedidos de participar en la licitación de la Red Compartida.
El organismo determinó que Marco Antonio Slim Domit, de América Móvil, era consejero independiente en Black Rock, pero que eso “no lleva a la coordinación de las sociedades identificadas porque no tienen influencia” determinante sobre Consorcio Rivada.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463578/aprueba-la-sct-una-red-comparte-multiples-riesgos-e-intereses-economicos