Es el caso del actual diputado federal Marco Antonio Aguilar Yunes, compadre en primer grado del exgobernador, quien fungió como secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la entidad y luego amarró una curul en San Lázaro. La Procuraduría General de la República (PGR) lo exoneró de cualquier investigación.
Los legisladores federales Jorge Carvallo Delfín y Erick Lagos Hernández también se han librado de ser perseguidos por la dependencia federal, cuyo titular, Raúl Cervantes, ha asegurado que Duarte está muy cerca de ser capturado.
En días pasados el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, aseguró que ningún legislador federal de Veracruz estaba sujeto a investigación… “por el momento”. Incluso Carvallo Delfín y Erick Lagos Hernández fueron “propuestos” para la dirigencia estatal priista, con la venia del propio Duarte.
Jorge Carvallo fue secretario particular del exmandatario y también fungió como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y desempeñó como coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto en la elección presidencial del 2012.
Por su parte, Lagos Hernández fungió como subsecretario y secretario de Gobierno del exgobernador, actualmente prófugo de la justicia.
Al interior del PRI se sabe que Erick Lagos y el también diputado federal Alberto Silva eran “las cartas” de Duarte para sucederlo en 2016.
De acuerdo con la carpeta de investigación 1135/2016 de la Fiscalía General del estado –a la que Apro tuvo acceso–, al diputado federal Edgar Spinoso, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se le sigue la pista por la tenencia de varias propiedades en la capital del estado y la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, que contrastan con su salario promedio de 55 mil pesos mensuales.
Edgar Spinoso, político cercano a Duarte, aparece como propietario de las oficinas 1003 y 1005, en la Torre de la Palmera, en Boca del Río, con un valor de ocho millones de pesos, así como las oficinas 203 y 1212 en Torre Animas de Xalapa, con un valor de 7 millones de pesos, registradas en la notaría número 15. Y supuestamente también es dueño de dos departamentos en Houston Texas.
Otro caso es el de Gabriel Deantes, quien a decir de sus propios colegas en el gobierno, hace una década vendía muebles y celulares en pagos, en Reynosa Tamaulipas, y hoy es dueño de tres residencias, dos de ellas en las arterias principales del fraccionamiento Las Animas (calle Netzahualcóyotl) y otra más en Monte Magno.
Durante la pasada campaña electoral, la coalición que abanderó al gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares (PAN-PRD), exhibió un audio donde se escucha a Gabriel Deantes plantear un soborno con millones de pesos a los candidatos de Morena para “inflarlos un poco” y hacer perder a Yunes Linares.
“Morena es el fenómeno wey (sic), ahorita les voy a compartir la información que le voy a dar al gobernador (Javier Duarte), ahorita, ahorita, no para publicación. A ver, a ver, el gran ganador de esta contienda es Morena, es ahí el pedo, y el gran perdedor otra vez es Acción Nacional. Vamos a aliarnos un poquito a Morena y a darle posiciones a Morena, para ya de una vez abrir a los traidores del PRD (sic) que ya, ya traicionaron, los vamos a fiscalizar, los vamos a traer a puro vergazo”, se escucha a Deantes, quien luego sugiere a un interlocutor no identificado dar “recursos económicos” a candidatos de Morena.
Spinoso y Deantes fueron despedidos por el propio Duarte en marzo de 2014, por “desleales” y por “traicionar” la confianza del gobernador, según un boletín oficial enviado a medios afines. Un año después, ambos regresaron a la escena política: uno como candidato a diputado federal y otro como encargado de las relaciones obrero-patronales dentro del gobierno de Veracruz.
Muy sui generis resulta también la cercanía de Duarte con Vicente Benítez, su extesorero, cuyas propiedades en Costa Rica son investigadas por la PGR.
En 2009, reporteros de la fuente política lo conocían como el “mozo” del entonces diputado federal, Javier Duarte, que lo comisionó para “repartir dinero” y pagar comidas y borracheras de periodistas para “hablar bien” y que “lucieran las fotos” del ahora exgobernador.
“Los duartistas” con Peña Nieto
Las delegaciones del gobierno federal, cargos donde los titulares cobran 120 mil pesos mensuales en promedio, se han convertido en refugio para los hombres y mujeres cercanos a Javier Duarte.
Salvador Manzur Díaz es el actual delegado del Banco Nacional de Obras. El también exalcalde de Boca del Río y exlegislador federal saltó a la fama en mayo de 2013, cuando participó en una red de “mapaches electorales” para manipular programas sociales de los gobiernos federal y local a favor del PRI.
En su momento admitió que los programas “Oportunidades” y “65 y más” eran oro molido para los sufragios. Luego Manzur fue cesado de su cargo como secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
En esa jugarreta política también estuvieron involucrados el propio gobernador Javier Duarte, la secretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles Berlanga, y el delegado federa de Sedesol, Ranulfo Márquez Hernández, quien también fue cesado de la durante un año. Luego el PRI lo reactivó como delegado priista en Puebla y un año después el propio Duarte lo repatrió a Veracruz ofreciéndole la oficina de Desarrollo Social a nivel local, cargo que ocupó el año pasado.
Elizabeth Morales García, alcaldesa de Xalapa y candidata perdedora a diputada federal por el PRI, siempre presumió su cercanía con el exmandatario veracruzano. Después de ser derrotada en 2015 por el aspirante de Morena, Cuitláhuac García, buscó el “padrinazgo” de Javier Duarte para ser nombrada delegada de Sedesol. De consuelo –relatan expriistas que trabajaron con ella en el Ayuntamiento–, el exmandatario la colocó en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde aún despacha.
A la Sedesol llegó otra “consentida” del gobierno de Duarte, Ana Guadalupe Ingram Vallines, quien en el sexenio de Fidel Herrera colaboró en la dirección general de Comunicación Social. Con Duarte en el Palacio de Gobierno, Ingram Vallines se convirtió en directora de radio y luego en candidata a diputada local del PRI. En el Congreso local fue presidenta de la Mesa Directiva y más tarde candidata a diputada federal en el puerto de Veracruz, donde perdió de forma caótica.
Desempleada todo el semestre de 2016, Ana Guadalupe Ingram fue “recomendada” de Javier Duarte para ocupar la delegación federal de Sedesol, que dejó vacante Marcelo Montiel Montiel.
De acuerdo con los priistas, Montiel Montiel, dos veces alcalde de Coatzacoalcos y dos veces diputado local, fue el “mapache electoral” que en 2010 permitió que Duarte ganara la elección, arrasando en la zona sur con 80 mil votos en los dos distritos que él operó.
En gratitud, Duarte le permitió a Montiel Montiel encabezar el programa “Adelante”, eje rector del gobierno en el combate a la pobreza, y posteriormente lo recomendó en la delegación federal de la Sedesol, de donde salió por “escriturar” apoyos y no entregarlos.
Este reportero tiene copia de 200 testimonios de jornaleros agrícolas de Veracruz, quienes ante notario público testificaron que fueron timados por funcionarios de la Sedesol, pues pese a firmar “documentos”, entregar copia de la credencial de elector y llenar los formatos de proyectos productivos, no recibieron ningún apoyo, pero sí aparecían registrados en el padrón de beneficiarios.
Esa misma situación –con Marcelo Montiel al frente de la Sedesol– se replicó en el programa Prospera y la Cruzada Nacional contra el Hambre. En este caso, empleados de la dependencia hacían firmar a los beneficiarios documentos donde se decía que habían recibido el “apoyo completo” (Proceso 2009), pero las casas estaban en obra negra, sin baños, ni ventanas, o techos firmes.
Por esos escándalos de corrupción, el senador independiente Alejandro Encinas denunció un presunto desvío de 500 millones de pesos de los programas sociales, distribuidos entre los operadores del PRI.
“Se trata de esquemas de fraude muy elaborados y especializados, donde se genera una gran cantidad de documentos para encubrir el desfalco”, señaló al respecto.
Mención aparte merece José Antonio “Chara” Mansur, exdelegado de la Secretaría de Economía, quien renunció al cargo el pasado 29 de agosto pasado, 15 días antes de que Duarte solicitara licencia al cargo.
Mansur resultó una pieza frágil ante el vendaval de señalamientos en la PGR y la prensa nacional, pero también entre políticos de oposición. En la carpeta de investigación 1135/2016 de la Fiscalía General del estado, Miguel Ángel Yunes asegura que el principal prestanombres de Javier Duarte es ‘Chara’ Mansur, uno de sus mejores amigos.
También fue exhibido en el periódico Reforma, en una nota donde se asegura que Mansur nombró a Javier Duarte como el heredero de sus propiedades, por encima de su familia.
Duarte salió en defensa de José Antonio Mansur, quien –dijo– tiene “mucho dinero” y 16 casas en el extranjero, específicamente en Texas, en zonas residenciales, y aseguró que vive de las rentas de esos inmuebles.
Junto con ‘Chara’ Mansur aparecen otros prestanombres de Duarte, entre ellos José Juan Janeiro Rodríguez, de Controladora Prado Norte S.R L de C.V, con domicilio en Lomas de Chapultepec, así como Moisés Mansur Cysneros y José Antonio Ruiz Bandin, de Inmobiliaria Cartujano S.A. de C.V.
En la lista también están Boydar S. de R.L., de José Juan Janeiro Rodríguez y José Antonio Bandín Ruiz, con oficinas en Polanco 189, en la Ciudad de México, además de Valkany S. de R.L., también propiedad de Janeiro Rodríguez y Bandín Ruiz.
Y los propios familiares de Duarte se les indaga por presuntas propiedades en Woodlands, Texas, entre ellos Mónica Guihan Macías Tubilla y Virginia Yazmín Tubilla Letayf, su cuñada y suegra, respectivamente.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/460876/duarte-profugo-y-sus-amigos-tan-campantes