Pero si bien se entabló el diálogo “institucional”, fue mucho el cinismo que encararon los padres de los 43.
Pese a aseverar que la Cámara es la “casa del pueblo”, los diputados no les abrieron las puertas de la sesión plenaria: el encuentro se llevó a cabo en el llamado Salón Verde de San Lázaro, y apenas acudió una treintena de legisladores de los distintos partidos políticos.
Durante la sesión, que se extendió durante más de dos horas, los padres presentaron reclamos y peticiones claras a los diputados; denunciaron las trabas que puso el gobierno federal en la investigación, las complicidades de actores que pertenecen a todos los niveles del Estado mexicano y la necesidad de enterrar en definitiva la llamada “verdad histórica”.
Frente a ellos, los diputados de PRI, PVEM, Nueva Alianza (Panal) o de Encuentro Social (PES) hicieron caso omiso a los reclamos de los padres. Tras insistir en que son “aliados” de éstos, los legisladores alabaron la investigación que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) y abundaron en generalidades.
A nombre del grupo parlamentario del PRI tomó la palabra el michoacano Víctor Silva Tejeda, militante de ese partido desde 1976 y aliado de Enrique Peña Nieto –coordinó su campaña presidencial en Michoacán en 2012.
El diputado afirmó que la comisión invitó a los padres a acudir a la Cámara “desde el 25 de septiembre de 2015”, y añadió: “¡Qué bueno que después de un año estén con nosotros!”.
Enseguida alabó que la investigación de la PGR fue “la más exhaustiva en la historia de la procuración de justicia” y, como si fuera un asunto de matemáticas, aseveró que los 288 tomos del expediente “lo acreditan”; añadió que la PGR cumplió con 13 de las 26 peticiones del GIEI, y que se detuvo a 128 personas en el marco de la búsqueda de los desaparecidos.
También resaltó que el caso fue “el más observado a nivel nacional e internacional” y que el Estado mexicano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la intervención del GIEI.
Minutos más tarde unos de los padres, Melitón Ortega, desmintió al político, al aseverar que “Cristina Bautista y yo estuvimos en la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar el apoyo de la CIDH; no fue la decisión ni el papel del Estado mexicano; al contrario, las autoridades pusieron trabas”.
El diputado priista repitió por enésima vez la versión oficial, según la cual el crimen organizado se “inmiscuyó” en las policías municipales, para de inmediato omitir las responsabilidades de las demás dependencias, entre ellas federales, en la tragedia de Iguala.
Y, en el colmo del cinismo, el diputado aseveró: “También hay que decirlo, un tipo de corrupción es aprovecharse del dolor de las víctimas para capitalizarlo con una intención política”.
La joven diputada Sofía González Torres, electa en Chiapas bajo la bandera del PVEM –aunque no provenga de la entidad federativa ni vivió nunca en ese estado–, tomó la palabra y pronunció un discurso que molestó a los padres.
“Tienen un aliado en mí y en el Verde en este recinto”, declaró la diputada. Pero a medida que avanzaba su discurso, hizo caso omiso a los planteamientos de los padres. “Nos reconforta saber que los autores intelectuales estén en la cárcel”, aseveró, al añadir que “las autoridades hicieron un excelente trabajo”.
“Todas las pruebas indican que el crimen fue cometido por delincuentes que se dedican al tráfico de enervantes”, abundó, y urgió a que “el diálogo entre legisladores y los padres no debía dar pie a una pelea de carácter político”.
Al terminarse el acto, la joven legisladora se dirigió directamente hacia el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, extitular de la Sedatu y actual representante del PRI ante el INE.
Durante más de una hora, previo a que los diputados de PRI y PVEM tomaran la palabra, los padres de familia se sucedieron en la tribuna. Pidieron echar abajo la llamada “verdad histórica” a la que se aferró la PGR, pese a que la desecharon tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como la propia visitaduría de la PGR.
Los afectados recordaron que Enrique Peña Nieto ascendió a varios personajes involucrados de manera directa o indirecta en el caso de Ayotzinapa, entre ellos a Tomás Zerón de Lucio –señalado por adulterar pruebas– y Omar García Harfuch –Proceso reveló que ese hombre, ahora titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), apareció en una libreta de contactos de Sidronio Casarrubias, presunto líder de Guerreros Unidos–.
“¿Por qué nos mienten a cada rato? Estamos hartos que nos pisen como cucarachas”, deploró una madre, al recordar que en su momento el gobierno ofreció dinero a los padres a cambio de la pérdida de sus seres queridos.
Cristina Bautista Salvador arremató contra los legisladores: “Cuando ustedes estaban en campaña para decir a la gente que su vida sería mejor con ustedes en el poder, nosotros recorríamos los pueblos en búsqueda de nuestros hijos (…) Jamás, después, recibimos de ustedes una palabra de apoyo, nunca movieron un dedo”.
Mientras Emilio Navarrete hablaba, miraba con ojos de reclamo a los diputados sentados a su lado izquierdo. “Tienen toda la verdad en la mano pero no quieren ayudar. No queremos su lástima, queremos su apoyo”, dijo.
Melitón Ortega les extendió una serie de preguntas: “¿Por qué los diputados siguen pensando que fue la delincuencia cuando se los llevaron policías? ¿Por qué algunos siguen diciendo que los estudiantes dispararon? ¿Cuánta mentira han sembrado en el caso Ayotzinapa? Muchos diputados se negaron en otorgarnos el pleno. ¿Qué papel juegan los diputados que no han dicho nada sobre Ayotzinapa?”
Felipe de La Cruz, vocero de los padres, fue más vehemente. “Es una falta de respeto que sigan viéndonos como tontos, sobre todo los del PRI”, declaró. Y, señalando a los padres –de origen campesino, en su mayoría–, añadió: “Miren, miren como está el pueblo. El pueblo no viene de traje y en limusina. Esta ropa es de regalos. Ni tenemos para esto”.
Nicanora García González no acostumbra tomar la palabra en público. “Nunca he estado aquí en el micrófono, diciendo palabras”, explicó. Ante la presión chorrearon lágrimas en su rostro. “No andamos por dinero, no andamos por un puesto político ni por un trabajo. Andamos por la verdad”, clamó la señora.
Desde la creación de la Comisión Especial de Ayotzinapa, en septiembre de 2015, Proceso documentó en varias ocasiones que algunos grupos parlamentarios –sobre todo los de PRI y PVEM– operaron para limitar su alcance.
En febrero pasado, los grupos parlamentarios de PRI, PVEM, del Panal y del Partido Encuentro Social (PES) echaron abajo el plan de interrogar a militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala por parte de los integrantes de la Comisión Especial de Ayotzinapa, pese que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) había dado su visto bueno a una visita.
En septiembre, este semanario reveló que la comisión encubrió a Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cuando ocurrió la noche de Iguala, pese que éste ocultó información sobre sus diligencias irregulares en el río San Juan.
El mismo mes, proceso.com.mx publicó el acuerdo del PRI para limitar los alcances de la comisión a la “atención a víctimas”, pacto al que se sumó el PRD.
El diputado Manuel Clouthier Carrillo, expanista y ahora independiente e hijo de Manuel Clouthier, afirmó que “en nuestro país la verdad oficial no concuerda con la realidad”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463731/cinismo-recibe-a-padres-los-43-en-san-lazaro