Cortés Miranda encabeza la asociación que este lunes interpuso tres denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de 11 personas cercanas a Roberto Borge, entre ellas la mamá del ex Gobernador María Rosa Yolanda Angulo Castillo, quien, sin registrar actividad económica, compró un terreno de 111 mil metros cuadrados en una zona privilegiada de Cozumel, por el que pagó 15 millones de pesos.
Sin embargo, antes de estas denuncias ante la PGR, la organización presentó la denuncia FGE/QR/SOL/09/3943/2016 en contra de Roberto Borge el 25 de septiembre, el día que perdió el fuero, por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía General del Estado por la venta a un menor precio de 34 terrenos ubicados en Tulum, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Mahahual y Chetumal, propiedad del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE).
“Sería importante que desde el Gobierno del estado llevaran a cabo las investigaciones pertinentes, sobre todo porque ya llevan 60 días en el cargo y son ellos los que tienen acceso a todas las dependencias, las operaciones que se realizaron, los actos, las acciones, las omisiones. Sí esperaría una actuación más rápida y más contundente de las autoridades locales, definidamente sí”, dijo Fabiola Cortés en entrevista con SinEmbargo.La presidenta de Somos tus ojos precisó que desde el 25 de septiembre que se interpuso la denuncia por delitos del fuero común, la Fiscalía de Quintana Roo tenía elementos para configurar un delito federal, pues hay operaciones de las que Borge y sus prestanombres no dieron aviso al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Pero, dijo Fabiola Cortés, el Fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera, que fue nombrado por Borge como parte de su “paquete de impunidad”, y que ocupará ese puesto durante nueve años, mantiene el caso detenido.
La también abogada precisó que mientras Álvarez Escalera permanezca al frente de la Fiscalía, estará obstaculizando las investigaciones en contra de Borge y sus funcionarios, pues hay casos que no se pueden llevar a la Federación.
“Es un hombre fiel a Roberto Borge y no se ha avanzando en nada en las denuncias presentadas, aún cuando se le han dado los elementos de pruebas para que se proceda. El Gobierno debe de pedirle su renuncia, hay casos que no se pueden llevar a la Federación y con la Fiscalía seremos dependientes de que la Federación quiera o no quiera proceder”, afirmó.
Cortés Miranda agregó que hasta el momento no se han reunido con el nuevo Gobernador ni con algún funcionario de su gabinete.
Hace unos días Rafael Antonio del Pozo Dergal, Secretario de Gestión Pública de Quintana Roo, afirmó que la administración actual no hará pactos ni negociaciones “bajo la mesa” y que se denunciarán los hallazgos que surjan después de finalizar las auditorías.
“Desde que se inició el proceso de entrega-recepción nos hemos abocado a la revisión de los anexos que van con las actas de cada una de las dependencias y entidades de cada una de las áreas del estado, y que como parte del proceso se han ido detectando algunas inconsistencias sobre la información que contienen las actas y los anexos”, dijo en entrevista con este medio digital.
El Gobierno de la entidad denunció la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de la reserva de Quintana Roo por debajo de su precio real y a personas cercanas a él.
En todos los casos los avalúos carecen de rigor técnico y no se siguió el procedimiento legal. De las 9 mil 500 hectáreas, en 850 se “identificaron vínculos importante entre el ex Gobernador y familiares, trabajadores de la familia y algunas personas con vínculos con servidores públicos”, afirmó.
El funcionario dijo que se solicitó a la PGR que se analice y revise la situación patrimonial de los compradores, así como el origen del dinero con el que realizaron las transacciones.
Fabiola Cortés dijo que el caso que llevó ante la PGR el Gobierno del estado es el mismo que ellas denunciaron desde septiembre, aunque con algunas variantes como la cantidad de hectáreas y terrenos distintos.
LAS NUEVAS DENUNCIAS
El lunes pasado, la organización interpuso tres denuncias ante la PGR, entre ellas una por operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de 11 presuntos prestanombres de Borge, incluida su mamá.
Los principales señalados son María Rosa Yolanda Angulo Castillo, madre de Roberto Borge, Juan y Raúl González Angulo, tíos del también ex Gobernador Félix González Canto.
“La PGR apenas ingresó por Oficialía de Partes las denuncias; le corresponde ahora a la autoridad investigadora allegarse de todas las pruebas y verificar lo que dijimos, los datos de prueba que aportamos como son las referencias de que estas personas que realizaron operaciones no tenían recursos suficientes para llevarlos a cabo”, dijo Fabiola Cortés.
Las pruebas entregadas por la organización son sólidas, agregó, por lo que la PGR “no podrá dejar de investigar” la denuncias.
“No existe un plazo, se puede llevar lo que considere pertinente para corroborar estos datos”, consideró.
La organización entregó datos que sustentan que María Rosa Angulo compró un terreno de 111 mil metros cuadrados en una zona privilegiada de Cozumel por 15 millones de pesos. Después que adquirió el terreno, la madre de Roberto Borge cedió una parte a la empresa Siyenat del Caribe representada por César Celso González Hermosillo.
Además la organización acusó a Juan González de comprar, a través de Isla Cábalas, un terreno de 15 mil 772 metros cuadrados en la carretera costera sur de Cozumel por 8 millones de dólares, en el cual construyó el hotel The Westin Cozumel.
Otros de los acusados son César Celso González Hermosillo, abogado de la familia de Roberto Borge, y Franco González, otro pariente de González Canto, por ser los operadores de Barcos Caribe.
También se vincula a María Pinelo, secretaria de Roberto Borge y cuidadora de su madre, pues fundó junto con César Celso González Hermosillo la empresa Caracol 65, del sector inmobiliario.
En la denuncia figuran los nombres de Fernando Escamilla Carrilla, Fernando Villanueva Sauri, Rafael Manuel Ponce Pacheco, Raymundo Cámara, Pedro Pech Bolom, Noemí Rodríguez Ramos y Darío Flota Ocampo.
“A la PGR se le entregaron diversos documentos, como actas constitutivas de las empresas, contratos de compraventa notariados y datos de prueba relacionados con los ingresos reportados por las personas físicas ante el SAT donde se pone en evidencia su falta de capacidad económica para efectuar operaciones de la cuantía de las efectuadas; por lo que fundadamente se puede presumir que los recursos que utilizaron tienen procedencia ilícita”, informó la organización en un comunicado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-11-2016/3120604