Tras la vieja reja, medio centenar de empleados administrativos, custodios y elementos de seguridad y mantenimiento de la Dirección General de Readaptación Social (DGRS) permanecieron atrincherados del martes 15 al viernes 18, reclamando sus pagos en la entrada a la cárcel.
Varios custodios de las áreas de presos del fuero común dejaron de asistir en esos días, debido a que carecían de dinero para el pasaje del traslado de Xalapa u otros municipios vecinos a esa congregación de Coatepec:
“Somos empleados que vivimos al día y no se vale que este gobierno no tenga para pagarnos, por culpa de sus malos manejos”, gritaron a coro los empleados ante reporteros el jueves 17.
Al igual que los trabajadores de 21 Ceresos que laboraron de “brazos caídos”, en las oficinas centrales de la Dirección de Tránsito y Vialidad, Secretaría de Turismo y Cultura y Cinematografía, vectores de la Jurisdicción Sanitaria, Contraloría General del Estado y empleados de diversas dependencias del Ejecutivo estatal salieron a las calles a cerrar vialidades, a “clausurar” simbólicamente los inmuebles en donde se desempeñaron durante todo el sexenio y a reclamar sus pagos.
En la calle de Felipe Carrillo Puerto, en pleno centro histórico de Xalapa, directivos de la Contraloría atravesaron sus lujosas camionetas y autos compactos, además de colocar un “tendedero de consignas” –apoyados con conos naranjas de señalética vehicular–, en reclamo de sus pagos al gobierno interino del priista Flavino Ríos.
“Nosotros también comemos”, “Mi bebé no come aire” y “Sefiplan ya paga”, fueron las frases con las que el pasado jueves los propios burócratas exigían a sus superiores el depósito de su quincena. La imagen de bloqueos y quejas por el caos vehicular, difundida en redes sociales, se repitió el lunes, martes, miércoles… toda la semana.
De forma más radical, miles de empleados de la Secretaría de Salud, maestros estatales y estudiantes salieron a las calles el martes y miércoles a protestar en los municipios de Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Poza Rica y Coatzacoalcos, en exigencia del depósito de la quincena, prestaciones atrasadas o, en el caso de los normalistas, el inmediato depósito de diez millones de pesos que el gobierno inconcluso de Duarte debe a la benemérita institución.
Tan sólo el miércoles 16 y jueves 17, diez arterias distintas de la capital del estado estuvieron colapsadas por la inconformidad burocrática: Lázaro Cárdenas, Rafael Murillo Vidal, Adolfo Ruiz Cortines, Juan de la Luz Enríquez, Xalapa, Manuel Ávila Camacho, Nicolás Bravo, Morelos, Zaragoza y Américas, parando los distintos sectores productivos y económicos de la sede de los tres poderes ejecutivos.
En el caso de los maestros estatales, éstos decidieron bloquear diversas casetas de peaje o liberar plumas, según la región del estado donde se realizaran los bloqueos.
En este multiparo, que ha venido aumentando gradualmente desde que empezó el mes, empleados de salud denunciaron que tienen meses sin gasas, vendas, instrumentos quirúrgicos, entre otros, y que se han cancelado infinidad de operaciones ambulatorias por la falta de material, o que hay módulos de salud en donde ya no admiten hospitalizaciones, “salvo que se trate de una urgencia”.
Trabajadores de la Secretaría de Turismo se quejaron acremente de que hubo “reducciones salariales” a los empleados de confianza sin justificación alguna, así como cancelación total de viáticos por insolvencia financiera.
Empleados de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) hablaron de una “inanición” operativa desde inicios de 2015, por la misma falta de presupuesto, y de que si no llegaba el pago antes del sábado 19, “cerrarían válvulas” para dejar sin agua a la mitad del estado.
El propio gobernador interino Flavino Ríos admitió el jueves 17 que, ante la insolvencia financiera, la Sefiplan tomaba recursos de la recaudación de impuestos y, a regañadientes, admitiría que no había garantía de pagar puntual la última quincena de noviembre, correspondiente al último día del sexenio de Duarte de Ochoa.
“No hay dinero porque tenemos más egresos que ingresos, se toman recursos de la recaudación de impuestos para pagar lo que se tenga que pagar”, expuso Ríos Alvarado al concluir el sexto informe de labores del titular del Poder Judicial del estado, Alberto Sosa Hernández. Éste también recriminó al Ejecutivo un pasivo pendiente por 879.2 millones de pesos, correspondientes a ministraciones de ejercicios fiscales anteriores y que han venido acumulándose, entrampando proyectos judiciales del nuevo sistema acusatorio adversarial.
“No omito manifestar que dicha cantidad ha sido exigida oficial y puntualmente, mes a mes, a la Secretaría de Finanzas y Planeación”, expuso Sosa ante magistrados, diputados locales y el propio gobernador interino, quien mantuvo el gesto adusto.
Ahí mismo, por separado, la consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Eva Barrientos, admitiría que el gobierno de Veracruz les adeuda 200 millones de pesos, lo que complica la operatividad de este ente autónomo.
El próximo jueves 1 de diciembre, el expriista Miguel Ángel Yunes Linares tomará las riendas de Veracruz en una situación verdaderamente complicada en materia financiera, de salud, de obras paradas e inconclusas, de asfixia financiera con la Universidad Veracruzana (UV), el Poder Judicial del Estado (PJE) y otros organismos autónomos.
Según Yunes Linares, Veracruz vive una “situación de desastre” con la economía colapsada, las inversiones detenidas y nula infraestructura pública por el quebranto multimillonario de Javier Duarte y sus cercanos colaboradores, aunque admitió que el primer reto que tendrá que enfrentar es el pago de nómina y aguinaldo de diciembre, para lo cual se requieren 8 mil millones de pesos, dinero del que las arcas veracruzanas carecen.
Ayuntamientos también “bajan la cortina”
En ayuntamientos con densidad poblacional alta como Veracruz, Xalapa y Boca del Río, entre otros, ya se tomaron medidas apremiantes para economizar el gasto público: Sólo se trabaja medio turno para ahorrar energía eléctrica, controlar el uso de teléfono y otros insumos; además los viáticos son restringidos y quedaron cancelados “los apoyos” a sectores y organizaciones.
Los inmuebles de pequeños municipios como Apazapan, Teocelo, Ixhuatlán del Sureste, Moloacan, Xico, Coatepec, Jalcomulco, Soledad Atzompa y Perote, entre otros, lucen semidesiertos y los pocos burócratas que despachan suelen soltar la misma respuesta ante cualquier petición ciudadana: “No hay recursos”.
Apenas el pasado jueves elementos de las delegaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dispersas en las regiones de Veracruz, amagaron con dejar de patrullar y vigilar ayuntamientos inconformes con sus pagos pendientes. Poco después el mandatario estatal Flavino Ríos tuvo que hacer malabares financieros para depositarles un día después.
Los amigos de Duarte
Mientras tanto, el exgobernador Javier Duarte ya cumplió un mes prófugo de la justicia, aunque la PGR continúa realizando diligencias y ya embargó dos de sus ranchos (“La Mesa”, en Valle de Bravo, y “El Faunito”, en Fortín de las Flores) y congeló sus cuentas bancarias, aunque aún no tiene una pista concreta del expriista.
Incluso, el jueves 17 por la tarde agentes de la Policía Federal (PF) adscritos al Aeropuerto Internacional de Tapachula detuvieron a Mario Medina Garzón, quien portaba dos pasaportes a nombre de Alex Huerta del Valle y Gabriela Ponce Arriaga, pero con fotografías del exmandatario Duarte y su esposa, la otrora presidenta del DIF estatal Karime Macías de Duarte.
Por cierto, la fotografía del exgobernador aparecía con un tenue bigote, detalle que fue motivo de escarnio en las redes sociales.
Ese mismo día dos exservidores públicos del primer círculo de poder de Duarte de Ochoa fueron vinculados a proceso por juzgados del Poder Judicial del estado.
Se trata de Gabriel Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo y exsubsecretario de Finanzas y Planeación durante el sexenio de Duarte, a quien le fueron embargadas cuatro propiedades al ser imputado por el delito de enriquecimiento ilícito.
Y a Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública, conocido como “Capitán Tormenta” al interior del gobierno, lo vincularon a proceso por abuso de autoridad y tráfico influencias; sin embargo, la jueza de control Estrella Iglesias Gutiérrez lo dejó en libertad, con la advertencia de que estará en investigación los próximos seis meses, al igual que otros de sus exsubordinados.
En el juicio, Bermúdez perdió la calidad de “presunción de inocencia”, junto con Alejandro Contreras Uscanga, exjefe de la Unidad Administrativa de la SSP, así como el empresario Roberto Esquivel Hernández, debido a la celebración ilegal de un contrato para el suministro de alimentos de la dependencia.
Este caso se identificó con el folio SSP/AU/016/2016, donde se benefició con pago a la empresa Guardias Empresariales de Seguridad Pública SA, firma de la que son socios familiares de Bermúdez junto con Esquivel Hernández.
En contraste, el pasivo de la SSP a más de 315 proveedores ronda los mil 615 millones de pesos.
Entre ellos destacan los pasivos de 196 millones 234 mil pesos a Abastecedora de Víveres SA; de 22 millones 225 mil pesos a la empresa Cassidian México SA; de 18 millones 417 mil pesos al Centro de Investigación en Seguridad SA, y de 27 millones 717 mil pesos a Comercializadora Palveg.
Aunque las audiencias se desarrollaron en inmuebles del Poder Judicial del Estado (PJE), organismo autónomo del gobierno de Veracruz, escoltas de seguridad privada de Bermúdez y de Deantes se apropiaron de las instalaciones, decidiendo quién entraba y quién salía del recinto; asimismo, seleccionaban qué reporteros podían tener acceso a la audiencia.
A ambos les impusieron una fianza de un millón de pesos, así como una prohibición de salir del país, aunque en el caso de Deantes tendrá que ir a firmar a la cárcel de Pacho Viejo cada quince días. Las resoluciones fueron dictadas en la Salas de Juicios Orales Dos y Tres.
Deantes presumió todo el sexenio ser “compadre de Javier Duarte”, aunque sus detractores en el PRI y otros partidos políticos lo ubican como un “mapache electoral”.
Pese a que no fueron dadas a conocer las propiedades embargadas a Deantes Ramos, la clase política del PRI le exhibió dos residencias en el fraccionamiento Las Animas: una ubicada frente al lago de ese lujoso fraccionamiento y otra a espaldas del viejo zoológico de Xalapa.
Esta última abarca una manzana completa y, entre sus equipamientos, destaca una cancha de futbol, más de 15 habitaciones y 11 baños.
Deantes también posee una plaza comercial y una residencia en Monte Magno, así como un condominio en la avenida Xalapa, ubicada al noreste de la capital del estado.
Gabriel Deantes Ramos había sido despedido en 2013 como subsecretario de Sefiplan por “traicionar la confianza del gobernador” –según consignó un comunicado oficial–, un año después fue rehabilitado como secretario de Trabajo y Previsión Social.
El comunicado, en aquel entonces, consignaba que Deantes estaba sujeto a una “investigación” sobre el origen de sus bienes muebles e inmuebles; de dicha querella la Fiscalía General del Estado ha mantenido una total secrecía.
Por si fuera poco, continúan sin ser citados a declarar, porque gozan de fuero constitucional, el exsubsecretario de Desarrollo Social, Vicente Benítez González; el exsecretario particular de Javier Duarte, Juan Manuel del Castillo; el extesorero de Veracruz, Tareck Abdalá Saad, y el exvocero del gobierno y exsecretario de Desarrollo Social, Alberto Silva.
Benítez y del Castillo son diputados locales que recién rindieron protesta en el Congreso local y que durante las campañas locales de 2016 fueron posiciones impulsadas por Javier Duarte.
En el caso de Abdalá y Silva actualmente se desempeñan como legisladores federales, aunque durante el sexenio del hoy prófugo de la justicia ocuparon cargos medulares en la administración estatal. Duarte catalogaba a los cuatro personajes en el rango de “colaboradores y amigos”.
FUENTE: PROCESO.
TITULO ORIGINAL: Y en Veracruz, la anarquía total…
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463506/en-veracruz-la-anarquia-total