El domingo pasado, cuando levantaron al párroco Luis Antonio Salazar de la Torre, quien logró escapar ileso, también ejecutaron e incineraron a cinco personas que viajaban en dos vehículos.
En uno viajaban Andrés Molina Quiñónez y Elmer Joel Loera Lerma y en otro vehículo iban otro hombre, una mujer y un niño.
Los restos fueron retirados apenas ayer y trasladados a la ciudad de Chihuahua, donde se practicarán los estudios de ADN, pero ello ocurrió hasta que los familiares exigieron a la Fiscalía General del Estado que se los entregaran para sepultarlos.
Las personas fueron calcinadas por el grupo Los Pintos, que mantiene el control del pueblo, pero que se ha enfrentado a un grupo de autodefensa apodado Los Azules.
En entrevista, familiares de las víctimas pidieron que las autoridades realicen su trabajo y ya no los dejen solos, como ha sucedido los últimos años, que han visto ejecuciones que no se registran o que las hacen parecer como accidentes o suicidios.
Durante meses han despojado y desplazado a la comunidad indígena, tepehuana, de sus tierras, les quitan sus pertenencias y también sus viviendas.
“Queremos que se haga justicia, los quemaron en el carro los maleantes. No sabemos más, sólo sabemos que por lo menos eran ellos dos y en otro vehículo otros tres. Fue el domingo, en ese mismo rato que pasó lo del padre. Los quemaron ahí, queremos que se haga justicia”, denunció uno de los padres de familia de las víctimas.
El hombre sostiene que no es la primera ocasión que algo así sucede, pues es cotidiano que maten gente, que quemen casas y vehículos, pero ya no aguantan más.
“Tienen secuestrado al pueblo, si se rebela, aquí tienen espías, donde descubran a uno lo van matando o lo van desapareciendo, por eso queremos que las autoridades cumplan con su obligación al pueblo. No nos hacen caso, no nos toman en cuenta.
“Lo que queremos es que nos entreguen ya los restos. Ahí están tirados en la calle, no hay autoridad que nos dé ayuda. Sólo están los huesos y cenizas que están volando, que no los dejen ahí desparramados, están llegando perros y vacas, por favor que nos los entreguen para sepultarlos, para llevarlos al panteón y también pedimos seguridad para nosotros”, pidió llorando una familiar de las víctimas, horas antes de que llegaran los agentes estatales a retirar los cuerpos.
Aquí, los adolescentes no ven oportunidades, se han convertido en presa de los narcotraficantes y de la cultura enquistada en el municipio, ya que la mayoría participa en actividades de cultivo de droga y varios de ellos se convierten en sicarios a su corta edad.
“Que la autoridad no nos deje solos, nosotros nomás estamos sufriendo, se hacen los sordos como que nadie les habla. No tenemos nada de ayuda”, expresó un niño de 12 años desde Baborigame, familiar de uno de los hombres calcinados.
El menor, de quien se reserva su identidad por seguridad, relató que hace unos años mataron a su papá, acompañó a su familia a denunciar en la cabecera de Guadalupe y Calvo, pero no pasó nada.
“Siento mucha tristeza, hace algunos años mataron a mi papá, fuimos a Guadalupe y nunca nos dijeron nada, como si no hubiéramos ido”, sostuvo.
“Al gobernador le quiero decir que hagan algo, que para eso son autoridades, para protegernos, no para dejarnos solos; que pongan protección en las calles para circular todo eso, que cuiden al pueblo, que den mejores apoyos de escuelas, en atención de doctores. Todos se están yendo, ya casi no hay nadie en el pueblo y yo quiero estar ahí, aquí crecí, pero me da miedo por la inseguridad, si hubiera modo, si me fuera de aquí”.
Y sus familiares cuentan que a partir del lunes las clases quedaron suspendidas, las personas se han ido a las rancherías y nadie quiere salir. El terror es generalizado.
Cuarteles en la Sierra Tarahumara
Los asesinatos del domingo son parte de los 254 homicidios dolosos que se han registrado en 10 diez días en la entidad, de acuerdo con el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, quien compareció ayer ante el Poder Legislativo por el incremento de violencia.
El funcionario informó que tienen carpetas de investigación integradas, contra policías de diferentes corporaciones, presuntamente infiltrados en el narcotráfico.
Peniche dijo que una desventaja, además de la falta de recursos en la dependencia estatal porque el gobierno de César Duarte Jáquez dejó en bancarrota al estado, es que la Secretaría de la Defensa Nacional retiró armamento a las policías municipales, porque fue entregado sin cumplir con el protocolo, situación que los coloca con otra desventaja contra la delincuencia.
Anteriormente, el fiscal informó que también investigan la desaparición de 75 armas del C4, que se llevó, presuntamente y de acuerdo con agentes de la dependencia, el exdirector de la Policía Estatal Única, Pablo Ernesto Rocha Acosta.
Respecto de la situación de Baborigame, César Augusto Peniche reconoció en entrevista que le avisaron sobre la situación y enviaron a agentes estatales al pueblo.
Destacó que rescataron al sacerdote con vida, y dijo sobre los cinco cuerpos calcinados que ya habían atendido el caso y será investigado.
Minutos antes, dio a conocer a los legisladores que enviará una iniciativa de ley para la creación de un cuerpo de seguridad pública en la región serrana que incluya la instalación de cuarteles de la Policía Estatal.
“Es una de las prioridades atender la seguridad en la Sierra, para lo cual se analizan los lugares específicos en donde instalarán por lo menos tres cuarteles que tienen la finalidad albergar de manera permanentemente a los agentes, quienes ya no tendrán que desplazarse como lo venían haciendo y que generaba un gasto excesivo para el gobierno”, detalló.
El objetivo fundamental es brindar seguridad a los habitantes de la Sierra Tarahumara y poner al servicio de la comunidad la presencia de elementos que puedan atender desde un reporte, una denuncia o un hecho delictivo, aseveró.
“Sabemos que es un proyecto ambicioso, pero es una estrategia de seguridad que nos va a dar resultado, porque se debe de contar con personal fijo; pues estamos convencidos de que mientras no se atienda de manera global la raíz del problema, no vamos a poder revertir la problemática en la Sierra”, agregó.
Peniche Espejel explicó que pretenden tener mayor cobertura en la Sierra, porque debido a las condiciones de lejanía es donde menos presencia policiaca hay y no es suficiente la presencia del Ejército Mexicano. Además, faltan policías municipales en la región.
La Unidad Especial dentro de la Policía Estatal Única podría ubicarse en puntos estratégicos de la zona, que permita mejorar las condiciones de seguridad y disuadir las prácticas de actividades delictivas que se están generando en aquellos lugares.
“La propuesta va en el sentido de instalar cuarteles (tres por lo pronto), dotarlos de seguridad e infraestructura y desde luego personal, incluso, se convocaría reclutar gente de aquellas mismas zonas, puesto que es la gente que conoce la Sierra, que conoce los caminos, las comunidades, el fenómeno delictivo que se presenta allá y sería lo más útil contar ellos”, agregó ante los legisladores.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462079/exigen-seguridad-en-poblado-la-sierra-tarahumara-ante-aumento-violencia
