Las denuncias son analizadas en la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Procuraduría General de la República (PGR), así como en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.
Según la averiguación previa FED/SEIDO/VEIORPIFAM-DF/0000445/2016 –copia de la cual tiene Proceso– la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acusa a Yunes Linares de haber constituido en la Ciudad de México sociedades mercantiles –cuyos accionistas son familiares cercanos– para “transferir” de forma ilegal “retenciones”, “comisiones” y “recursos” de trabajadores de ese sindicato cuando era director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Yunes Linares fue demandado el pasado 8 de agosto –querella penal que sigue su curso en la PGR– por apropiarse de más de 230 millones de pesos de “comisiones” y “retenciones” indebidas de miles de afiliados al ISSSTE y maestros del SNTE.
Además, Duarte –exgobernador prófugo desde el 12 de octubre– utilizó información privilegiada del Registro Público de la Propiedad para obtener la lista de inmuebles de la familia Yunes y también demandarlo penalmente.
En dicha lista, consultada por Proceso, destacan 26 departamentos, residencias, oficinas de lujo, varios de ellos a nombre de Veracruzana de Bienes Inmuebles S. A., propiedad de Miguel Ángel Yunes, de su esposa, Leticia Márquez Mora, y de sus hijos.
Esta denuncia penal contra Yunes Linares –quien habrá de tomar protesta el próximo 1 de diciembre– fue puesta por el propio Javier Duarte y gran parte de su gabinete el pasado 1 de agosto, y fue ratificada días después en la Fiscalía General del Estado.
En esa ocasión Duarte aseguró que “el único negocio que Yunes Linares tuvo antes de ser servidor público era un local en el mercado de Soledad de Doblado, donde vendía escobas. Lo que aquí entrego a las autoridades son pruebas irrefutables, como lo son escrituras notariadas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, actas constitutivas y demás documentales públicas que demuestran la escandalosa corrupción y la impunidad con la que hasta ahora se ha conducido”.
Figuran en esa lista cuatro predios, con una extensión total de 29 mil 335 metros cuadrados, en “La Encrucijada”, Coatepec, Veracruz; 2 mil metros cuadrados del predio “Tepetates” en La Estanzuela, municipio de Emiliano Zapata; más de mil metros cuadrados de un terreno y una casa construida en la comunidad de Zoncuantla, también en Coatepec.
Además figura en la lista un terreno en Barranca Honda, en la capital estatal, con una extensión de 4 mil 339 metros cuadrados, así como tres condominios de 500 metros cuadrados cada uno en la zona residencial del Club de Golf Villa Rica, en Alvarado; tres locales comerciales en Playón del Sur, en Minatitlán, con una extensión de 225 metros cuadrados, y una casa de la colonia Petrolera, también en Minatitlán, de 500 metros cuadrados.
En el municipio de Boca del Río aparecen a su nombre los lotes 9 y 10 del fraccionamiento Costa Verde, con una extensión de 517 metros cuadrados.
En el caso de Omar Yunes Márquez –hijo de Yunes Linares–, la querella que puso Duarte en su contra lo señala como propietario de un inmueble en la Ciudad de México, en el número 433 de la calle Platón en Polanco; también de dos terrenos en el fraccionamiento Rincón
del Conchal, en Alvarado, Veracruz, con una extensión global de 3 mil 662 metros cuadrados.
A Omar Yunes –de quien anteriormente se filtraron audios de conversaciones en las que consultaba a su padre para hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y así obtener “rentitas”–, Duarte también le adjudica inmuebles en un boyante fraccionamiento de Polanco, en la calle Calderón de la Barca; uno más, de 591 metros cuadrados, en la avenida Horacio; otro, de 400 metros cuadrados, en Sierra Vertientes y uno de 437 metros cuadrados en la calle Cicerón, en las Lomas de Chapultepec, todo esto en la Ciudad de México.
También se hallan en la lista cuatro departamentos más en Horacio, cada uno con una superficie promedio de 220 metros cuadrados.
De los ataques a su hijo, Yunes Linares ha dicho que se trata de una “campaña de desprestigio” por haber evidenciado todas las irregularidades y desvíos de recursos de los gobiernos de Duarte y del también exmandatario veracruzano Fidel Herrera.
Al gobernador electo también se le atribuye la posesión de un departamento de 517 metros cuadrados en la Torre Vlu, en el fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río.
Proceso buscó en repetidas ocasiones una entrevista con Yunes Linares, pero hasta el cierre de la presente edición el mandatario electo y su jefe de prensa, Elías Assad, sólo dieron evasivas.
La acusación del SNTE
La averiguación previa no sólo menciona a Yunes Linares, sino también a su esposa, Leticia Isabel Márquez Mora, y a sus hijos, el senador veracruzano Fernando Yunes Márquez; el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez y a Omar Yunes Márquez.
A todos se les señala como accionistas o integrantes de los consejos de administración de Cobranza y Recuperación, S. A. de C. V.; Corporate Linkage, S. A. de C. V., e Intermediación Corporativa, S. A. de C. V., y quienes recibían “transferencias ilícitas” de la empresa Consupago, S. A. de C. V., representada por Sergio Chedraui Eguía, con la cual el ISSSTE –durante la administración de Yunes Linares– firmó varios convenios de colaboración.
Chedraui Eguía murió el 3 de junio de 2012 a causa de un infarto mientras corría una maratón en Chapultepec.
El expriista Yunes Linares enfrenta esta nueva querella a 20 días de tomar posesión del gobierno de Veracruz, entidad vapuleada por el desaseo financiero que dejó Duarte, estimado, según la Comisión de Hacienda del Congreso local, en 180 mil millones de pesos.
La denuncia de hechos –que quedó asignada a la fiscal Jésica Salgado Ruiz– señala que de diciembre de 2006 al 22 de febrero de 2010, Yunes Linares autorizó “préstamos en efectivo”, “financiamientos” y todo tipo de créditos con descuentos vía quincenal a trabajadores, cuyas retenciones iniciales recaían en Consupago, pero que ésta transfería después, a “título de comisión”, a las empresas donde los accionistas eran integrantes de la familia Yunes Márquez.
“Se aprovechó de su puesto como director general del ISSSTE, acordó con Consupago transferir recursos retenidos a los trabajadores, para posteriormente, de manera ilícita, recibirlos a través de empresas propias y familiares como supuestas comisiones”, expresa la hoja 5 de la denuncia de hechos.
A decir del secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 32 del SNTE, Javier Martínez del Ángel, la querella penal interpuesta en agosto pasado no tiene “sesgos políticos”, sino que sólo pretende exigir castigo por los delitos en el ejercicio “abusivo” de funciones
y operaciones con “recursos de procedencia ilícita”.
Antes de concluir noviembre, el departamento jurídico del SNTE tendrá que concurrir a la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda para verificar el “avance” de las diligencias contra la familia Yunes Márquez.
En el legajo que aportó el área jurídica del SNTE a su denuncia de hechos se aprecian las constancias de folio 332818 y 330841 del Registro Público de la Propiedad y Comercio y de la Dirección de Proceso Registral Inmobiliario y de Comercio, del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde en 2005 y 2006 se constituyeron las sociedades anónimas de modalidad de capital variable Intermediación Corporativa y Corporate Linkage, en las cuales, con capitales iniciales de 50 mil pesos, aparecen como apoderados y accionistas Miguel Ángel Yunes Márquez (entonces diputado local) y Omar Yunes Márquez, con acciones suscritas representativas de 70% y 30%.
En los folios de inscripción de la asamblea general extraordinaria figuran también como accionistas e integrantes del consejo de administración Leticia Isabel Márquez Mora y Miguel Ángel Yunes Linares, en acta rubricada por Silvia Vidals Negrete, por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Gobierno del Distrito Federal.
Complicidades
En el polémico convenio de colaboración que celebraron el ISSSTE y Consupago no se especifica la transferencia de “retenciones” y “comisiones” a las empresas cuyos accionistas son los hijos de Yunes Linares, pese a que a dicho convenio se le hicieron varias adendas modificatorias.
El contrato –del que Proceso tiene copia–, firmado el 15 de mayo de 2008, está rubricado por el proveedor Sergio Chedraui Eguía y Jesús Villalobos López, subdirector general de Finanzas del ISSSTE y que a la postre relevaría a Yunes Linares al frente del instituto, en 2010.
Al cierre del sexenio de Felipe Calderón, Villalobos sería señalado como autor de un daño patrimonial al ISSSTE por 300 millones de pesos, pues erogó a discreción esa cantidad a la empresa Ingeniería Costos y Servicios, S. A. de C. V., por trabajos que no se realizaron. La investigación del Órgano Interno de Control del ISSSTE quedó radicada en el expediente PAR-729/2012.
A Villalobos lo inhabilitó la Secretaría de la Función Pública por comprobarse que asistió al partido del Supertazón 46 en Indianápolis, Estados Unidos, con un boleto de avión pagado con recursos de la Dirección de Pronósticos para la Asistencia Pública, de la que era director.
El convenio también iba rubricado por Pedro Vásquez Colmenares, subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, y por Luis Felipe Castro Sánchez, director del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE.
Castro Sánchez ha sido señalado por desviar fondos del ISSSTE, hacer “compras infladas” de medicamentos e insumos, así como traficar con la nómina y matrícula de los empleados, según acusaciones vertidas al diario La Jornada por la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos.
Ahora el área jurídica de la Sección 32 del SNTE asegura que a Yunes Linares se le pueden fincar responsabilidades por ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, por “obtener beneficios económicos” como servidor público y por enajenar recursos públicos para su beneficio personal.
En la denuncia penal FED/SEIDO/VEIORPIFAM-DF/0000445/2016 los agraviados exigen que se cite a declarar a la esposa e hijos de Yunes Linares y al propio gobernador electo. También demandan que se presente el actual representante legal del ISSSTE para que dé su versión de los hechos y aporte información que podría ser relevante al caso.
Le piden a la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda que “solicite” a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las cuentas bancarias de Consupago, Cobranza y Recuperación, Corporate Linkage, Intermediación Corporativa, así como de todos los integrantes de la familia Yunes Márquez.
Exigen también, y como parte de la investigación, las declaraciones fiscales de todas las personas arriba citadas.
Antes de huir de la justicia, Javier Duarte se expresó así de Yunes Linares en el noticiario Despierta con Loret, de Televisa: “Es un desvergonzado, no tan sólo se roba el dinero, sino que lo ostenta; las mansiones, las propiedades que tiene son insultantes, ni siquiera podemos pensar en prestanombres (sic), todo lo tiene a su nombre y al de sus hijos, en esta cadena (Televisa) se dio a conocer que tiene un edificio completo de Nueva York, ese es el dedo fustigador que me señala como corrupto”.
Este año, diputados locales del PRI –antes afines a Duarte– y legisladores federales acudieron ante la FGE y la PGR para denunciar a Yunes Linares y a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, por enriquecimiento ilícito.
Yunes Márquez, edil de Boca del Río, acudió a la FGE a “entregarse”; aseguró que se trataba de una “persecución política” contra él en plena campaña electoral. La investigación quedó radicada con el folio 45E/2015 en el oficio FGE/FIM/2867/2015.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462082/los-yunes-una-cola-larga-la-duarte